El alcalde de València, Joan Ribó. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Ramón Vilar, podrá firmar la decisión final sobre la entrega o no de información a la oposición acerca de los datos tributarios del PSPV en la venta de su antigua sede de Blanqueries. En dicha operación, el partido del que Vilar es un destacado dirigente local quedó exento de pagar el conocido como impuesto de Plusvalía, gracias a una resolución firmada por el propio Vilar en respuesta a la petición de los socialistas.
El Partido Popular, que lleva casi dos meses pidiendo los expedientes municipales de este movimiento, exigió que el edil de Hacienda se abstuviese de dictar cualquier resolución administrativa "por tener un interés personal en el asunto" dado que "los expedientes solicitados contienen información que le afectan personalmente y a su partido".
En respuesta a esta solicitud, el secretario municipal y el alcalde, Joan Ribó, dieron salida a una resolución que rechazaba la pretensión de los populares y concretamente de Eusebio Monzó, que firma las notas interiores. La resolución aprobada se acoge a las consideraciones realizadas por el edil de Hacienda, según el cual no se cumple ningún requisito normativo que le obligue a abstenerse.
Estos podrían ser, entre otros supuestos: tener interés personal en el asunto, ser administrador de la entidad (el PSPV) o tener "amistad íntima" o "enemistad manifiesta" con asesores, representantes o mandatarios del PSPV, entre otros supuestos.
La disyuntiva que se plantea en esta solicitud de información es si el consistorio puede ofrecer los datos tributarios de una empresa o entidad, es decir de una persona jurídica. El Partido Popular entiende que sí, y se basa en una notificación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que resuelve que no es aplicable la normativa de protección de datos personales, dado que se trata de una persona jurídica, y no física. Asimismo, aportan otro caso similar acaecido en Albiol, una localidad de Tarragona, donde primó el derecho a la información del concejal demandante.
Esta duda motivó que el servicio de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia elevara la cuestión al Consell de Transparència de la Generalitat para que dé su criterio. Sin embargo hubo un servicio, el de Actividades, encabezado por Carlos Galiana, que sí desveló datos tributarios, entre los cuales se encontraban los de la sociedad que había comprado la antigua sede socialista, Euroinversiones 2000 SL.
Respecto a esto, en la resolución aprobada por el alcalde afirma que se trató de una "actuación errónea". "Probablemente no se percataron de que aparecían unos documentos tributarios" o "quizás desconocían los criterios legales, muy especializados, por no ser una materia de su competencia".
Aunque en el último Pleno municipal el portavoz del PP Eusebio Monzó preguntó acerca de esta cuestión y el alcalde respondió que a lo largo de esta semana daría traslado de la información al grupo municipal, lo cierto es que esto no ha ocurrido. Tampoco ocurrirá, al menos por ahora. Este viernes el edil de Hacienda aprobó otra resolución en la que se rechazaba la solicitud de acceso a los expedientes realizada por los populares hasta que no se reciba el criterio del Consell de Transparència autonómico.
Así pues, la resolución establece que si el Consell lo dictamina, acabará remitiéndose la información solicitada, pero en caso contrario, se denegará de forma definitiva. También rechaza lo manifestado por la AEPD porque no hace "ninguna mención a la información tributaria" de las personas jurídicas.
El portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Fernando Giner, subrayó este viernes que tener un interés personal en ese procedimiento obligaba a Ramón Vilar a abstenerse de intervenir en el mismo. "La misma normativa concedía a Ribó la potestad de ordenarle esa abstención, pero no lo hizo" dijo, para añadir: "No se molestan ni en dar una apariencia de respeto por las formas y por la regulación".
Giner anunció, además, que su grupo ha puesto en marcha un proceso administrativo para anular la resolución de Vilar que otorgaba la exención para que el PSPV pague los 104.000 euros de la plusvalía. "El PSOE no puede valerse de una contradicción en el criterio empleado hasta ahora para ahorrarse lo que ningún valenciano de a pie podría", explicó el portavoz de Ciudadanos, quien recordó que su partido ha presentado en la Fiscalía un escrito para poner en su conocimiento los hechos, además de toda la documentación disponible, por si se pudieran derivar responsabilidades penales.
