Olivas, Zaplana, Aznar y Camps, en el Congreso del PPCV celebrado en 2002. Foto: EFE/J.C. CÁRDENASVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València reclamará al PPCV el pago de los 45.000 euros del alquiler del Palacio de Congresos de València que los populares dejaron sin pagar en septiembre de 2002 para la celebración de su X Congreso autonómico. Una deuda destapada por el Tribunal de Cuentas y que el Cap i Casal quiere ahora recuperar.
Fuentes de Alcaldía explican a este diario que el propio alcalde, Joan Ribó, ha dado traslado al presidente del organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de València, el concejal Emiliano García, para que inicie el procedimiento para reclamar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana el dinero que adeuda la formación con el consistorio.
El informe del pasado mes de febrero del órgano fiscalizador hace referencia exactamente al año 2017. En el análisis de las cuentas del PP recoge que "con relación al saldo acreedor que la sede regional de Valencia mantenía al cierre de 2016 como pendiente de pago por un importe de 45.041,56 euros procedente de un alquiler para la celebración de un Congreso Regional en el año 2002", la formación dio "de baja la deuda como ingresos excepcionales en el ejercicio 2017, no habiéndose pagado su importe al Ayuntamiento de Valencia".
En sus alegaciones, recogidas en la nota a pie de página del propio informe, los populares defienden que no mantenían "deuda alguna con el proveedor Palacio de Congresos de Valencia" y que, por tanto, habían regularizado dicho saldo en 2017. Fuentes del PPCV, de hecho, explicaron a Valencia Plaza que desde el Palacio se les respondió en 2018 que el partido no tenía "deudas pendientes" con el ente municipal. Pero el Tribunal de Cuentas le recuerda en el informe que no podía tenerlas porque el Palacio de Congresos no existía como entidad propia cuando se celebró el evento y por tanto, es una deuda con el consistorio, al que 'empuja' a que reclame esa cantidad.
Concretamente, dice el documento, "la factura impagada desde el año 2002 fue emitida por el Ayuntamiento de Valencia, no por la citada entidad pública empresarial que no existía como tal a dicha fecha, por lo que debería ser dicho Ayuntamiento el que deba pronunciarse sobre la existencia de dicho saldo por importe de 45.041,56 euros", explica el mencionado organismo.
En este punto, cabe apuntar que la deuda que señala el informe del órgano fiscalizador ahora ya aparecía en el anterior informe del Tribunal de Cuentas del año 2020, en el que se especificaba ya el importe de la deuda y se detallaba que los populares sólo había abonado, según había informado el propio consistorio, un adelanto de 2.636,04 euros de una factura total de 47.677,60.
"La sede regional de Valencia mantenía al cierre de 2016 como pendiente de pago un saldo acreedor por importe de 45.041,56 euros, que proviene de un Congreso regional celebrado en el año 2002, sin que hasta la fecha se haya procedido al pago del mismo excepto un ingreso a cuenta de por el alquiler del Palacio de Congresos, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia", recogía es informe anterior.
Por su parte, fuentes de la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento confirmaron a este diario la factura que no se reclamó en su momento y se continúa sin pagar. Por el momento, la delegación de Hacienda ha preguntado al Palacio de Congresos para actualizar la información relativa a este impago.
Aquel congreso de 2002 lo cerró el, desde dos meses antes, ministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y al mismo asistieron el entonces presidente del Consell, José Luis Olivas, y Francisco Camps, cuya candidatura al frente de los populares en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 estaba ya decidida.
Según un informe de la UCO, aquel congreso costó 240.582 euros y el PP abonó una factura de 90.151 a Special Events, la empresa de Francisco Correa que organizó el acto. El resto del dinero se habría pagado en efectivo con dinero negro que el PPCV hizo llegar a la trama en los siguientes meses.
Además, el informe hecho público recientemente por el Tribunal de Cuentas referente a 2017 explica que el PP regularizó también ese año el más famoso de sus 'simpas', el de la factura de más de medio millón de euros que no había abonado a Feria Valencia y que tuvo que pagar obligado por los tribunales.
El partido, refleja el informe, "en ejecución de una sentencia judicial" abonó 568.511,94 euros "junto con los intereses de demora correspondientes" por el alquiler de las instalaciones que acogieron el Congreso Nacional del partido en 2008.
