Sánchez deja a los municipios usar sus ahorros en vehículos eléctricos, pero aún veta hacerlo para la crisis

VALÈNCIA. El Gobierno avanza en permitir a los ayuntamientos el uso de sus propios ahorros en la época post-Covid. Ahora bien, no para lo que los responsables municipales reclaman. Por ahora, el Ejecutivo central dejará a los consistorios hacer uso de hasta el 7% de sus remanentes del pasado ejercicio para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos, así como en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos que se adquieran.

Así lo recoge el útlimo decreto ley aprobado por el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez para la reactivación económica, en cuyo artículo sexto explicita tal permiso, y concreta que deberá ser o para vehículos eléctricos "puros" o para los que ostenten la etiqueta ambiental CERO y ECO. El propósito es promover en las administraciones locales una movilidad más sostenible en la prestación de los servicios públicos como recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de transporte de viajeros.

De este modo, el Gobierno central abre un poco la mano en cuanto al uso de los remanentes de los ayuntamientos. Es decir, a los ahorros amasados por las administraciones locales forzadas por las leyes de estabilidad presupuestaria, que además les impiden gastar este dinero en caja para otra finalidad que no sea pagar deuda, realizar inversiones financieramente sostenibles o pagar las llamadas 'facturas en los cajones', de ejercicios anteriores.

Los ayuntamientos de toda España y de todos los signos políticos habían exigido al Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, el permiso para hacer uso de estas cuantías en lo que precisase cada municipio como consecuencia de la crisis tras la pandemia de coronavirus. Pero lejos de desbloquearlos por completo como piden los entes locales, la ministra de Hacienda incluso ha planteado que el gobierno 'confisque' todos estos ahorros para crear un fondo común compensatorio, para repartirlo "sin asimetrías". Una posibilidad que, si bien parece haberse congelado, ha soliviantado a alcaldes, concejales y dirigentes autonómicos de partidos diferentes.

La inacción del Gobierno tensiona a los alcaldes... también los socialistas

La única medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez en este sentido es permitir a las localidades gastar el 20% de esos ahorros en gasto social, para atender las primeras urgencias de la crisis. Ahora, a ello se le suma este 7% adicional para vehículos eléctricos y cargadores. Pero las reivindicaciones municipales continúan sin estar satisfechas. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones al respecto; también la homóloga de la Comunitat Valenciana  (FVMP).

Pero este lunes, Sánchez tuvo que oir las quejas de los alcaldes de su propio partido. Así, en el plenario de la ejecutiva del PSOE a nivel estatal, compuesta por medio centenar de miembros, intervinieron dos responsables municipales socialistas: Abel Caballero, presidente de la FEMP y munícipe de Vigo, y Óscar Puente, alcalde de Valladolid, quienes trasladaron el malestar existente en los entes locales por esta situación de asfixia financiera, a la espera de la autorización gubernamental para poder echar mano de los superavits.

Así, según publicó El País, el presidente de la FEMP manifestó ante el presidente del Gobierno que estaba frenando a duras penas a los alcaldes del PP, pero que se trata de una reivindicación de todos los ayuntamientos en su conjunto, y no una mera estratagema política de los populares para atacar al Gobierno central. En la Comunitat Valenciana, el sumatorio de todos estos ahorros alcanza los 4.750 millones de euros. En el Ayuntamiento de València, dirigido por Joan Ribó (Compromís), por ejemplo, los remanentes del pasado ejercicio son de 57 millones de euros. El primer edil ya ha solicitado varias veces este permiso al Ejecutivo de Sánchez.

El uso del remanente para el transporte urbano

Más allá de la propia gestión municipal, los ayuntamientos y administraciones autonómicas han notado esta crisis en otra de sus patas: el transporte público. El estado de alarma, la caída en picado de los usuarios y las restricciones en cuanto a distancia social marcadas por el Gobierno han provocado un auténtico agujero en las cuentas de las empresas gestoras. Sólo hay que ver la situación de la EMT de València.

La empresa municipal espera reducir sus ingresos hasta 27 millones de euros -de un total de 80-, en función de cómo se desenvuelva el contexto económico y social. Su reto, ahora, es pensar cómo reducir esta cifra para que el agravio sea el menor posible. ¿Qué soluciones hay? Una de ellas es esperar a que el Ministerio de Transporte, dirigido por el valenciano José Luis Ábalos, habilite la ya anunciada línea de ayudas para el transporte urbano. La otra, mirar a quien financia mayoritariamente este servicio, el Ayuntamiento, que a su vez espera como agua de mayo la posibilidad de utilizar sus ahorros, como se ha explicado, para tapar el desajuste millonario. Por el momento, eso sí, podrá comprar vehículos