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tras el decreto de la abogacía de la generalitat

Sanidad estima que Erescanner prestará el servicio de resonancias seis meses más

30/11/2018 - 

VALÈNCIA. La UTE Erescanner Salud continuará prestando el servicio de resonancias al menos seis meses más a pesar de que su contrato terminó el pasado 31 de octubre. Así lo apuntaron responsables de la Conselleria de Sanidad Universal tanto a la UTE como a los jefes del servicio de Radiología de los hospitales públicos en sendas reuniones esta misma semana, según ha podido saber este periódico.

Estos son los nuevos tiempos que se marca el departamento de Ana Barceló tras conocer el  informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el decreto que regulaba la subrogación del personal de Eresa e Inscanner -las dos empresas que prestan realmente el servicio-, informe que impide a la conselleria tomar la decisión de incorporar a los trabajadores, dejándolo en manos de un juez.

Aunque los seis meses son la estimación, fuentes de la Conselleria aseguran que la intención es continuar con los servicios de Erescanner Salud durante el plazo "que sea necesario" para abordar la internalización en el nuevo marco jurídico. 

Seis meses más de servicio supondrá para la UTE y sus socios -Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud- una facturación de unos 22 millones de euros y más de ocho millones de beneficio, teniendo en cuenta los resultados de 2017. El contrato fue prorrogado por al menos tres meses a partir del 1 de noviembre al no poder garantizar la Conselleria el servicio con medios propios debido al retraso en el decreto de personal y en la adjudicación del servicio complementario a través de empresas privadas.

Cabe destacar que Eresa también se ha adjudicado parte de ese concurso, que Sanidad licitó para realizar transición hacia la gestión pública del servicio. Por un lado el lote de la provincia de Valencia –12,97 millones–, que incluye las áreas de Sagunto, Hospital Clínico Universitario, Hospital Arnau de Vilanova, La Fe, Peset, Gandia y Xàtiva-Ontinyent, al que sumó el lote de Vinarós y el de la Marina Baixa, que actualmente está recurrido y suspendido.

219 plazas públicas que saldrán por bloques

No obstante, la intención de la Generalitat, a falta de concretar la fórmula definitiva, es ir creando plazas que cubrirá mediante las bolsas de trabajo durante este periodo, por lo que iría recortando paulatinamente los servicios prestados por la UTE.

Sanidad ya consensuó con Hacienda la creación de 219 plazas públicas, de las que unas 150 iban a ser cubiertas con la subrogación de personal. Como adelantó Valencia Plaza, estas plazas públicas iban a financiarse con el ahorro que suponía dejar atrás la gestión privada, pero ahora el planteamiento es sacarlas en varios bloques. 

Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal.

La nueva fórmula supondría crear una parte de las plazas en una primera instancia, asignar en ellas a personas que estén en la bolsa, que estos profesionales tengan un periodo de formación en convivencia de personal de la UTE y que, cuando finalmente estén preparados para rodar en solitario, finalice esa parte del servicio con la empresa privada. 

El nuevo planteamiento, si finalmente se lleva a cabo, revertirá el servicio por partes, un proceso que a priori es factible, ya que el contrato con la UTE finalizó el 31 de octubre y se abona a través de pagos por enriquecimiento injusto. Con este sistema, Sanidad debe consensuar con Hacienda cuántas plazas creará en cada bloque para poder ir incorporando a personal dependiente de la administración.

'Indefinidos no fijos' por sentencia

Los trabajadores de la UTE que consideren que deben ser subrogados deberán acudir al juzgado de lo Social, quien sentenciará si existe o no sucesión de empresas. En caso afirmativo, la Generalitat tendría que readmitir a los trabajadores de las contratas o pagarles una indemnización. 

En tal caso, la incorporación sería como 'indefinidos no fijos' y no como 'personal a extiguir', tal como ha dispuesto la Abogacía. Esto les permitiría ocupar una de las plazas ya creadas para las que en cualquier momento podrían convocarse oposiciones -en principio, antes de tres años- que permitieran la entrada de personal respetándose los principios de igualdad, mérito y capacidad, algo que no ocurre con la figura del 'personal a extinguir'.

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