Sanidad previene a los hospitales para que Eresa no les 'cuele' trabajadores

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha solicitado a los hospitales en los que la UTE Erescanner Salud -controlada por Eresa (Grupo Ascires)- presta el servicio de resonancias que comprueben la lista de personal susceptible de ser subrogado para que no les 'cuelen' trabajadores que no tienen ese derecho por tener menos de un año de antigüedad en el centro sanitario. Así lo pidió el departamento dirigido por Ana Barceló en una reunión con los jefes de servicio de radiología y gerentes de los departamentos de la provincia de València esta misma semana -y que se ha repetido en Alicante y Castellón-, en la que abordaron las dudas sobre el proceso de la reversión, que se hará efectiva el 1 de noviembre. 

La Generalitat asumirá el próximo 1 de noviembre, cuando venza el concierto de resonancias magnéticas y la actividad pase a ser prestada por los propios hospitales, a todos aquellos trabajadores de la UTE que lleven al menos un año trabajando en el servicio de resonancias magnéticas de los hospitales públicos. Se incorporarán como personal a extinguir, lo que significa que pueden ser despedidos en caso de que su plaza salga a concurso-oposición.

En la citada reunión, desde la Conselleria solicitaron a los gerentes de los hospitales que comprobaran los nombres de personal médico y administrativo que han estado firmando pruebas y dando citas, con el fin de comprobar que son los que se encuentran en las listas. Lo hacían después de que algunos jefes de servicio manifestaran su inquietud por estar recibiendo en las últimas semanas personal nuevo de Eresa en los hospitales. Además, según los responsables del servicio de varios hospitales, algunos profesionales que han ido acumulando experiencia en la sanidad pública han recibido una oferta de Eresa para quedarse en la empresa, por lo que han sido trasladados a instalaciones privadas de la empresa, como el centro de Campanar. 

Sanidad ya ha recibido una lista de personal para subrogar de la compañía, pero todavía no ha dado el visto bueno al entender que necesitaban más datos para comprobar que estaba todo correcto. "Estamos en el nivel de análisis", aseguran fuentes de la conselleria. Actualmente se encuentran supervisando, uno por uno, si los trabajadores cumplen con los criterios que se contemplan en el borrador del decreto. Esta lista será la que harán llegar a los departamentos para que realicen las tareas de comprobación. 

En todo caso, son los propios trabajadores quienes deben decidir si son subrogados por la administración pública o no, una dificultad añadida para el departamento de Barceló. Y es que son los empleados que estén trabajando en los hospitales públicos quienes deben decidir si quieren quedarse en Eresa o Inscanner -los dos socios de la UTE que prestan el servicio- o pasar a la administración pública. Sin embargo, las empresas privadas tienen margen para poder realizar ofertas más atractivas a los trabajadores para mantenerlos, una baza mucho más limitada para la administración.

El no tener de momento clara la lista del personal que es subrogable, a menos de un mes del fin del concierto, tampoco permite que se apruebe el decreto para hacerla efectiva, ya que en él deben especificarse los nombres del personal que será traspasado de la UTE a la Generalitat, como ya ocurrió con el hospital de La Ribera.

Unos 150 trabajadores

La cifras contempladas por Sanidad se mueven alrededor de los 150 puestos de trabajo que pasarán a ser públicos, pero en algunos centros se crearán nuevas plazas que, al igual que las no subrogadas, se cubrirán con las bolsas de trabajo de Sanidad hasta que salgan a concurso-oposición. De momento, el departamento que dirige Ana Barceló está en conversaciones con la Conselleria de Hacienda para determinar cuántas serán las plazas que se podrán crear para los servicios de radiología de los diferentes hospitales públicos. 

"Estamos en un escenario que en nada se parece a Alzira", reconocen desde Sanidad. Y es que la administración se encuentra en una situación sin precedentes, ya que no se ha dado ninguna reversión de estas características en la Generalitat. Los hospitales públicos van a pasar a subrogar en un espacio suyo a un personal que, pese a estar en sus instalaciones, no estaba bajo su gestión y en muchos casos no conocen sus procedimientos, por lo que tendrán que adaptarse a las formas de trabajo de los departamentos públicos. Además, los trabajadores con derecho a la subrogación tienen libertad para decidir si se quedan en la empresa o pasan a la administración, lo que impide, de momento, conocer la cifra definitiva de trabajadores asumidos.

Actualmente, la Conselleria de Sanidad se encuentra con cuatro procesos en marcha alrededor de la reversión de las resonancias. Por un lado la subrogación del personal; por otro, la llegada de las máquinas que se compraron con el dinero aportado por la fundación de Amancio Ortega -dueño de Inditex-; el final del contrato de concierto firmado en 2008, y, por último, el servicio complementario para el periodo de transición, que se adjudicó a Eresa, IMED y Alliance Diagnostics. 

Si algo tienen claro en Sanidad es que el aterrizaje debe ser "suave" pero reconocen que "será un proceso complejo por inédito". En el caso del Hospital General de València, la dirección ha mantenido a Eresa prestando el servicio tras la finalización del contrato en el mes de julio, con pagos a través de enriquecimiento injusto, y este jueves estaba prevista una reunión del consejo de Gobierno del Consorcio para abordar la subrogación de personal.