VALENCIA. El concierto de resonancias magnéticas de la Sanidad valenciana continúa sangrando las arcas públicas, en provecho de las empresas privadas, casi tres años después de que la Sindicatura de Comptes desvelase el descontrol en el gasto, a pesar de las medidas anunciadas y puestas en marcha por al actual consellera, Carmen Montón, algunas de ellas no recogidas en los datos del informe por ser muy recientes.
Así se desprende del Informe de seguimiento elaborado por la Sindicatura de Comptes sobre el grado de seguimiento de las recomendaciones que hicieron en las auditorías operativas de los conciertos de hemodiálisis (2012) y resonancias magnéticas (2013). El informe, que ha sido entregado este jueves en Les Corts, no puede ser más desalentador.
En lo que respecta a las resonancias, el informe de 2013 afirmaba que la Conselleria se podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros anuales si prestase el servicio con medios propios en lugar de tenerlo concertado con la UTE Erescanner Salud, controlada por el grupo Eresa, el imperio empresarial de Vicente Saus. (ver "Nadie controlaba a Eresa", reportaje de la revista Plaza)
Aquel informe, entregado a finales de julio de 2013, contenía una serie de recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Sanidad, tendentes a reducir en lo posible el gasto.
Pues bien, en el informe de seguimiento entregado este miércoles la Sindicatura afirma que "en relación con el concierto de resonancias magnéticas, el grado de implantación de las recomendaciones ha sido bajo, ya que la mayoría de ellas no han sido implementadas por la Conselleria de Sanidad".
Es más, según el organismo que dirige Rafael Vicente Queralt, "el volumen de actividad en la realización de exploraciones en los dos hospitales públicos que disponen de equipos propios de resonancias magnéticas (Sant Joan de Alicante y Dr. Peset de Valencia), siguen manteniendo plenamente válidas las conclusiones que en relación con los costes del concierto y con los ahorros potenciales se indicaron en el informe emitido en julio de 2013".
Añade el informe que "desde la puesta en marcha de la comisión paritaria de expertos en julio de 2013, no se ha adoptado ningún acuerdo relevante que haya permitido disponer de criterios de facturación consensuados y más adecuados a la práctica habitual de la actividad en resonancias magnéticas".
Además, la implantación del Modelo C contemplado en el contrato sigue estando muy limitada. El Modelo C, al que se resiste Erescanner Salud, permite formar a los radiólogos de la sanidad pública con vistas a la recuperación del servicio cuando acabe el contrato en 2018 y, además, permite ahorros considerables respecto al Modelo A, que es el que mayoritariamente se está aplicando.
Respecto al Modelo C, la actual responsable de la Conselleria, Carmen Montón, sí ha tomado medidas para implementarlo en más hospitales, aunque ha advertido de que el proceso será lento.
Por el contrario, en el concierto de hemodiálisis "el grado de implantación de las recomendaciones ha sido alto, ya que excepto dos, todas las demás han sido implementadas por la Conselleria de Sanidad". No obstante, una de las recomendaciones no seguidas es la más costosa en términos de gasto, la de no hacer una nueva licitación cuando tocaba. Si se hubiese hecho así, el ahorro habría sido de 37,2 millones.
El trabajo en este informe de seguimiento ha consistido en revisar la situación contractual de los conciertos de hemodiálisis y resonancias magnéticas, el control de las prestaciones, tanto el ejercido por la inspección de la Conselleria de Sanidad, como por los propios departamentos de salud. Así mismo, se ha analizado el coste de las prestaciones relativas a octubre de 2015, y se han revisado otros aspectos relacionados con las recomendaciones que se efectuaron en los informes de 2012 y 2013.
Este informe es el tercero que se realiza sobre conciertos sanitarios y se enmarca dentro del plan estratégico de la Sindicatura de Comptes, que contempla no solo impulsar las fiscalizaciones operativas orientadas a aportar aspectos de mejora en la gestión de los recursos públicos, sino también el de efectuar un seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones que se efectúan en los informes que se emiten como consecuencia de estas fiscalizaciones.