VALÈNCIA. El pasado 21 de enero el Consejo de Ministros aprobó una subida salarial del 2% a los funcionarios para 2020 con efectos desde el 1 de enero. Una medida adoptada vía real decreto ley tras semanas de incertidumbre por la falta de Presupuestos Generales del Estado a la que se podría sumar un 0,3% adicional en función del cierre del PIB del pasado ejercicio que estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy de 2018 con los sindicatos mayoritarios. La iniciativa tiene un coste de 3.264 millones de euros y podría aumentar hasta los 4.500 si finalmente se sumara el extra condicionado al PIB.
En total, 2,5 millones de empleados públicos se beneficiarán de este incremento, tanto estatales como autonómicos y locales. Sin embargo, desde entonces sólo los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado perciben ya esta retribución en sus nóminas sin que ocurra lo mismo dos meses después con los de la Generalitat Valenciana, tal y como critican los sindicatos mayoritarios de Función Pública CSIF, CCOO y UGT.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica a Valencia Plaza que el Gobierno valenciano aún no ha iniciado los trámites para convocar la Mesa General de Función Pública Valenciana, fase previa a la validación por parte del Ejecutivo de Ximo Puig de esta subida salarial. En ella, la Conselleria responsable de los empleados públicos que dirige Gabriela Bravo debe trasladar a los sindicatos su intención de llevar al pleno del Consell este incremento aprobado por el Ejecutivo central. Sin embargo, según explican, esta todavía no está convocada.
Con este escenario, CCOO registró el pasado miércoles un escrito en la Conselleria de Justicia y Administración Pública con la firma de los otros dos sindicatos mayoritarios para solicitar a Bravo la convocatoria "urgente" de la Mesa. Una petición que, según explican fuentes sindicales, ya se había requerido de manera informal en varias ocasiones en el mes de febrero.
Desde la Conselleria explican que la intención es que ésta se reúna en marzo. En ese caso, el acuerdo se podría trasladar al pleno del Consell que se celebrase posteriormente al encuentro. Unos plazos que los sindicatos reciben con escepticismo, dado que, razonan, el departamento de Función Pública todavía no les ha convocado. Para ello, Función Pública debe hacerlo al menos con 48 horas de antelación. Un trámite que CSIF considera que no podrá hacerse la semana de Fallas por los festivos intermedios y, deja tan solo el margen para que se realice esta misma semana o la última del mes. Sino, el acuerdo podría retrasarse al mes de abril.
