El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre la EMT de València confirma todos los aspectos que recogió en su momento el documento de conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude de cuatro millones perpetrado contra la empresa municipal que preside Giuseppe Grezzi: la falta de protocolos claros, de una segregación correcta de funciones, deficiencias en los controles de pago y en las operaciones que realizaban los empleados. Un listado de vulnerabilidades que no hacen sino poner negro sobre blanco la EMT 'real' que había aquel septiembre de 2019.
1. La auténtica EMT de hace casi año y medio carecía de unos protocolos formalizados. La firma municipal siempre he defendido que había unos protocolos de pago que la jefa de Administración, Celia Zafra, se saltó al estar engañada por los estafadores, que se hicieron pasar por sus superiores para convencerla de hacer los pagos. Ciertamente, los diferentes empleados han corroborado cómo era el sistema de pagos. Pero lo cierto es que este protocolo no estaba formalizado, según la Sindicatura: "La EMT no disponía de procedimientos escritos y aprobados por los órganos de gobierno y administración de la sociedad sobre los procesos de gestión y control de las actividades de ingresos por transporte de viajeros y de tesorería que incluyeran las tareas y responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo relacionados con estos procesos". Asimismo, tampoco se contaba con estos procedimientos "para realizar periódicamente arqueos de las cajas de la entidad".
2. La EMT de 2019 no tenía ni relación de puestos de trabajo ni separaba correctamente las funciones. Este es uno de los puntos clave. La superior de Zafra, la jefa de Gestión, María Rayón, estaba de baja durante la estafa y no hizo una delegación formal de funciones, y empleados del departamento de Zafra estaban de vacaciones, por lo que muchas de las funciones recayeron en la jefa de Administración. La Sindicatura asegura que la empresa, en 2019, no presentaba "una adecuada segregación de funciones entre el personal de negociado de Administración en relación al acceso al registro de terceros y facturas, la elaboración, contabilización y conciliación de las órdenes de pago y de los arqueos de caja.
3. Falta de controles en el pago. El sistema con el que funcionaba la EMT dictaba que Zafra era quien recibía las facturas, debía elevarlas a Rayón para que diera el visto bueno, y ella y el entonces gerente, Josep Enric García ejecutaban los pagos mediante su firma digital en la banca online. El organismo de fiscalización destaca sobre esto que "las tareas de validación de las facturas y de revisión y aprobación de las órdenes de pago no se acreditaban adecuadamente". Aspecto que, en este caso, no tendría que ver directamente con la estafa, pues Zafra no elevó ninguna factura sino que envió las ordenes de pago en PDF al banco. No obstante, este punto sí revela falta de controles en las facturas que pagaba la empresa en términos generales.
4. Deficiente control de los movimientos bancarios. Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa tras el fraude era que si otra persona distinta a Zafra hubiera hecho la conciliación bancaria de manera diaria, habría detectado antes las transferencias que se estaban realizando a China. En este sentido, la EMT siempre ha sostenido que esta comprobación se hacía diaria. La Sindicatura de Comptes es concluyente al respecto: "El control de movimientos en cuentas bancarias con los datos contables no se realizaba con una periodicidad razonable, dado el volumen de transacciones de la entidad, ni se documentaba adecuadamente. Las conciliaciones bancarias se realizaban mensualmente".
5. Ineficiente control sobre los permisos. Además de todo lo mencionado, la Sindicatura incide también en que la empresa no controlaba demasiado bien quién tenía autorización para disponer fondos de las cuentas bancaria. "No se realizaba un control efectivo sobre las personas autorizadas para la disposición de fondos en cuentas con entidades bancarias", señala. Incluso va más allá al indicar que "había personas autorizadas sin los poderes aprobados por los órganos de la EMT". Una vulnerabilidad que también señala respecto a los archivos con datos sobre las facturas y las órdenes de pago que compartían diferentes empleados y directivos.
Según recoge el informe, la aplicación de contabilidad de la EMT genera unas hojas de datos con las órdenes de pago y las transferencias realizadas a terceros. Ficheros que eran depositados en una carpeta compartida por el área de Administración y Gestión. Pero "todo el personal del negociado de Administración tiene acceso a la mencionada carpeta, que además es un fichero de carácter editable y, por tanto modificable". Una situación, dice la Sindicatura, que "no garantiza la integridad y autenticidad del archivo" que finalmente "son inscritas en la banca online y autorizadas mancomunadamente" por Rayón y el gerente.
A la postre, la Sindicatura hace diversas recomendaciones, entre las cuales está elaborar un documento de control para la adecuada validación de facturas que incluya diferentes datos sobre la verificación de las mismas. Además, pide "asegurar la integridad y autenticidad" de las hojas de datos compartidas "restringiendo el acceso exclusivamente a las personas encargadas de su elaboración, supervisión y autorización".
Asimismo, insta a la EMT a "comunicar fehacientemente a las entidades bancarias que el único procedimiento de pago a utilizar será la transferencia vía banca online con la firma mancomunada de dos apoderados de la EMT". Y junto a todo ello, la firma municipal deberá "cotejar diariamente" los movimientos bancarios con los datos contables que tiene la empresa y "dejar constancia documental" de esta revisión mediante firmas electrónicas de los responsables.
Ante ello, la portavoz del PP, María José Català, ha advertido que el informe, “además de volver dejar en evidencia el desastre de gestión, señala que Grezzi y su equipo de altos cargos no incluyó en la memoria de la empresa del ejercicio 2019 información adecuada sobre el fraude de los cuatro millones, pese al quebranto que supuso para la tesorería de la empresa”.
Sobre esta irregularidades, Català ha señalado que "confirman que hay responsabilidades políticas en el fraude de los 4 millones de euros porque a todas luces y según todas las instituciones la EMT en el ejercicio 2019 y ahora tampoco no cuenta con una gestión correcta del dinero público. Esto más allá de las responsabilidades legales y jurídicas tiene responsables políticos y el PP va a exigir esa responsabilidad política en el próximo Pleno municipal".
Por su parte, el edil de Ciudadanos, Narciso Estellés, ha aseverado que la nueva información conocida "vuelve a justificar la necesidad de intervención de la EMT y la necesidad de un cambio de presidencia del Consejo de Administración". "El hecho de que no se incluyese en la memoria de la empresa el fraude de los cuatro millones es un lamentable episodio más de oscurantismo por parte de Compromís y Grezzi", ha señalado el concejal.
Además, ha insistido en que"ya son demasiados episodios oscuros en la EMT y demasiadas llamadas al orden". "El Consell de Transparencia, con el portal; Antifraude, con la gestión; el Sindic de Comptes, con la información contable; las auditorías municipales, el Tribunal de Cuentas, etcetera. Nos preguntamos cuántos órganos más van a tener que señalar la mala gestión en la EMT". Ha señalado en este sentido que el alcalde Joan Ribó es "cómplice de todo lo que pasa en la EMT y en el pleno del jueves volveremos a exigir que se asuman responsabilidades políticas".
Por otro lado, el PP ha expuesto que el Síndic de Greuges advierte en una resolución reciente que la comisión de investigación sobre el fraude "se cerró en falso al no contemplarse en la conclusiones finales el voto particular de los consejeros" de esta formación Carlos Mundina y Marta Torrado.
"Según se desprende del Acta de Constitución de la Comisión de Trabajo, dicha comisión acordó por unanimidad que al no existir normativa de régimen mercantil que regule este tipo de comisiones de investigación, por analogía se aplicaría la regulación que para las comisiones no permanentes prevé el Reglamento Orgánico del Pleno, que fue el que se aplicó en su momento con la comisión del llamado caso Taula". No obstante, según Mundina, PSPV y Compromís "se saltaron este acuerdo e impusieron que las conclusiones se votaran en el seno del consejo de administración de la EMT y en el pleno sin que se votara previamente el voto particular de los consejeros 'populares'".
"Ahora, el Síndic de Greuges afea la decisión de la presidenta de saltarse el acuerdo de creación de la comisión de investigación y denuncia que el consejo de administración de la EMT en el que se aprobaron las conclusiones debió incluir un punto para que se diera cuenta sobre el voto particular del PP", han resaltado. Carlos Mundina ha considerado que "la aprobación de las conclusiones por el consejo de administración de la EMT sería improcedente de acuerdo con la resolución del Síndic de Greuges" y ha pedido "la reapertura de la comisión" y que "se tenga en consideración el voto particular del PP".
