VALENCIA. El "Tots a una veu" promovido por el Gobierno valenciano para reivindicar una financiación justa para la Comunitat Valenciana tiene una voz discrepante cada vez que el discurso se convierte en un ataque directo al Gobierno de Mariano Rajoy o a su ministro Cristóbal Montoro. O cada vez que se publican cifras, siempre interpretables, siempre matizables, siempre manipulables.
Esa voz discrepante es la del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que mantiene como puede el equilibrio entre la defensa del Gobierno central y el discurso de la infrafinanciación, que comparte porque, de hecho, fue él quien lo construyó en buena medida cuando era conseller de Hacienda.
Este semana, Moragues y el actual conseller, Vicent Soler, se enzarzaron en otra discusión a través de notas de prensa y declaraciones públicas sobre el aumento de aportación que el Estado ha comunicado que hará a la Generalitat para los presupuestos de 2017. Soler se queja de que es poco mientras Moragues lo compara con lo que él recibió hace dos años, en un intento de dejar en evidencia a su sucesor.
Pero, más allá de las declaraciones, ¿quién dice la verdad? Pues aunque parezca mentira, los dos. Cada uno tiene sus razones, los dos se apoyan en datos oficiales y ambos inciden en lo que les beneficia mientras minusvaloran las evidencias del otro. Veamos.
El Ministerio de Hacienda en funciones ya ha comunicado a las comunidades autónomas los recursos del Estado con los que pondrán contar en 2017, una información necesaria para elaborar sus respectivos presupuestos. La Comunitat Valenciana recibirá un total de 9.568,73 millones de euros, lo que supone un 5,16% más que este ejercicio. Es decir, 470 millones más.
La Comunitat Valenciana recibirá 8.029,79 millones en concepto de anticipos a cuenta, un 3% más respecto a la cifra recibida en 2016. En total, recibirá 9.568,73 millones, un 5,16% más que este año, principalmente por el efecto de la subida en la liquidación de 2015, que el Gobierno abona de golpe en julio.
Los 470 millones de aumento es una cantidad muy importante que permitirá al Consell de Ximo Puig un margen de maniobra adicional, pero es obvio que esta cantidad no es suficiente para cubrir la brecha entre ingresos del Estado y gasto en políticas sociales -que es para lo que se destina la aportación- del presupuesto de la Generalitat. La cifra confirma que la Comunitat continuará estando infrafinanciada en 2017 y necesitará nuevas aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, que el estado continuará dando en forma de préstamo lo que debería aportar como transferencia.
Esta insuficiencia la puso este martes de manifiesto Vicent Soler, al recordar a través de un comunicado que la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica señaló en su informe que la Comunitat habría necesitado 2.464 millones más en 2016 para llegar al nivel de gasto promedio por habitante del conjunto de comunidades autónomas y cumplir con el déficit, situado entonces en el 0,3%.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico recalcó que, según las cifras del propio Ministerio, la Comunitat continuará estando "a la cola" de las autonomías en financiación per capita.
Soler utiliza otro argumento para minusvalorar el relevante aumento de la financiación para 2017, y es que 1.538 millones de los que llegarán serán por la liquidación del ejercicio de 2015, que el Estado hace dos años después. Para Soler, que critica al Ministerio por tan alta desviación en el cálculo de los ingresos fiscales, esto "significa que durante dos años el Ministerio ha tenido en sus arcas 1.538 millones que eran nuestros".
"Al delegado debería darle vergüenza decir que el Gobierno está apoyando y auxiliando a la Comunitat Valenciana, ya que el dinero que nos están transfiriendo es nuestro. Es un dinero que corresponde a todos los valencianos y que nos han retenido durante dos años", dijo Soler en el comunicado.
Es paradójico que el actual conseller utilice este argumento contra el delegado del Gobierno, porque el primer perjudicado por esta liquidación tardía fue el propio Moragues, que era conseller de Hacienda en el primer semestre de 2015. Si el Ministerio hubiese hecho bien los cálculos y hubiese transferido los 1.538 millones ese año, el entonces conseller del Gobierno de Alberto Fabra habría contado con la mitad de ese dinero para gastar hasta junio.
Ya ocurrió en 2016, cuando la Conselleria de Soler recibió más de 1.000 millones de liquidación de 2014, año en el que Moragues tuvo que continuar con los fuertes recortes. De hecho, Moragues pidió a Montoro que le anticipase esos 1.000 millones para recibirlos en 2015, pero el ministro se negó.
En su visión del escenario, el delegado del Gobierno añade al aumento de la financiación la cifra de ahorro que supone la reducción a cero de los tipos de interés que cobra el Estado a la Generalitat por la deuda. Se trata de un ahorro de más de 600 millones de euros, que se suma al que ya se produjo en 2016 y también en 2015. Es decir, que no es un aumento de fondos respecto al año anterior.
Sumando los aumentos de transferencias y el ahorro de intereses y juntando este año y el que viene, la conclusión, Según Moragues, "es que la situación financiera de la Generalitat ha mejorado en más de 2.000 millones de euros en apenas dos años y gracias al Gobierno de España, que además de mayores ingresos y menos gastos, está pagando los intereses de la Generalitat, los vencimientos bancarios y a los proveedores".
Al igual que Soler, Moragues es preciso con los datos, pero muy parcial con las interpretaciones. Si el conseller pasa por alto el importante ahorro en intereses de la deuda y que no lo va a pasar tan mal, ni mucho menos, como este año -también aumentará la recaudación por tributos propios-, el delegado del Gobierno parece disculpar al Ejecutivo de Rajoy por no abordar -ni tenerlo entre sus prioridades, pese a lo que diga- la reforma de un modelo de financiación autonómica que, eso nadie lo discute, castiga desde hace tres lustros a los valencianos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral