Los procesados en la causa, durante la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia de Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante investigadas en el marco del denominado 'caso Brugal' quedan finalmente bajo el escrutinio del Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por la Fiscalía frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en julio de 2021, en la que se impuso sendas condenas menores al exalcalde de Alicante por el Partido Popular (PP), Luis Díaz Alperi, y al conocido promotor Enrique Ortiz, por dos delitos de cohecho, y se absolvió al resto de los encausados, entre los que también figuraba la exalcaldesa Sonia Castedo, quien sustituyó a Díaz Alperi en la Alcaldía en 2008.
En concreto, en esa sentencia se consideraba a Díaz Alperi y a Ortiz responsables de un delito de cohecho castigado con la pena de multa de 6.000 y 18.000 euros respectivamente. A Díaz Alperi, por el disfrute de un viaje en jet privado a Creta, pagado por un empresario. Y a Ortiz, por la entrega de una chaqueta de la marca Carolina Herrera a Castedo. Sin embargo, se absolvía a la exregidora respecto a la recepción de ese obsequio al concluir que, en su caso, el delito había quedado prescrito.
Además, la resolución consideraba que no se había producido ningún trato favorable a los intereses del empresario en la tramitación de la que iba a convertirse en la nueva planificación urbanística de la ciudad en sustitución del planeamiento actual, en vigor desde 1987. Al respecto, el tribunal concluía que no se proporcionó ninguna información reservada durante la fase de redacción de ese nuevo PGOU en la medida en que la documentación de la que dispuso el promotor era de acceso público.
Ahora, la sentencia dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia, queda pendiente de revisión para que pueda concretarse si debe repetirse el juicio para el conjunto de los procesados, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en su recurso, al mantener que sí existieron las irregularidades que dieron objeto al procedimiento por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Esa fue la posición mantenida por la Fiscalía del TS al estudiar el informe motivado aportado por los fiscales Anticorrupción destacados en Alicante, Felipe Briones y Pablo Romero.
Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que el TS ha fijado fecha para la deliberación y fallo para el próximo 20 de febrero. Con todo, las mismas fuentes han señalado que podría producirse un aplazamiento, en el caso de que la sala encargada de resolver sobre el asunto lo considerase necesario. En cualquier caso, tampoco existe ninguna certeza de que la decisión que se adopte vaya a ser comunicada en la misma fecha en la que se produzca la deliberación y fallo, ya que su resultado podría demorarse hasta el dictado de sentencia.
Se da la circunstancia de que ha sido designado como magistrado ponente el alicantino Vicente Magro, quien fuera presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. La sala la completan los magistrados Andrés Martínez Arrieta, que ejerce como presidente; Antonio del Moral, Carmen Lamela y Eduardo de Torres.
