Transparencia inspeccionará la contratación de la hija de la secretaria autonómica de Sanidad

VALENCIA. La Inspección General de Servicios de la Generalitat valenciana ha abierto una investigación sobre el proceso de contratación de la hija de Dolores Salas, secretaria autonómica de Sanidad, en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

La Conselleria de Transparencia, de la que depende la Inspección General, ha decidido iniciar esta investigación tras la polémica generada por la contratación de la hija de la número dos de Sanidad como "técnico de apoyo a la investigación", tras un proceso de selección en el que quedó por delante de otras candidatas con mejor currículum. 

Como publicó Valencia Plaza el pasado sábado, Fisabio lanzó la convocatoria de la plaza exclusivamente en su web -sólo se presentaron cuatro personas-, con unas condiciones que parecían hechas a la medida de la hija de Salas. De hecho, sólo se pedía como titulación el Bachillerato, a pesar de ser un puesto técnico especializado. A él optaron aspirantes con grados en ciencias de la salud, sin éxito, ya que los estudios que más se valoraban en el baremo eran los del grado de Sociología sin necesidad de haberlos acabado, circunstancia en la que al parecer se encuentra la hija de Salas.

Según fuente de la Conselleria de Transparencia, el departamento que dirige Manuel Alcaraz recibió una carta anónima días atrás que denunciaba el presunto enchufe de esta persona. Al ser un anónimo y no aportar ningún tipo de prueba, no se hizo caso hasta que el caso se publicó en los medios de comunicación, lo que provocó que se recuperara la carta y se decidiera iniciar la investigación.

Según aclaran estas fuentes, la Inspección General de servicios no inspecciona a personas, sino procedimientos, y así se hará también en este caso. Se trata, afirman, de "una investigación para evaluar si la selección de este personal se ha hecho bien o se ha hecho mal, y en función de eso el Consell o quien corresponda tomará sus decisiones".

La Inspección General de Servicios, integrada en la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios, es el máximo órgano interno de control e inspección, encargado de la vigilancia del estricto cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a que se debe la organización pública de la Administración de la Generalitat.

Se regula por el Decreto 68/2014, de 9 de mayo, del Consell, que en su artículo 4.2 dice que entre sus funciones está: "Investigar la posible existencia de irregularidades e infracciones de la legalidad vigente, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para la corrección de cuantas anomalías y deficiencias puedan detectarse, así como instar al órgano competente del departamento afectado la incoación de expedientes disciplinarios en aquellos supuestos en que pudiera concurrir responsabilidad por parte del personal empleado público al servicio de la Generalitat. Estas actuaciones se iniciarán de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o en virtud de denuncia".

Así pues, aunque la mayoría de las inspecciones suelen acabar en recomendaciones, según la Conselleria, la normativa contempla la incoación de expedientes disciplinarios.