Foto: MARGA FERRERVALENCIA. Las empresas del grupo Transvia Fernanbus, Edetania y Herca, que explotan en UTE el servicio de Metrorbital de Valencia con el contrato prorrogado desde 2012 por la exconsellera Isabel Bonig, reclama al Consell una compensación económica al no cumplirse el umbral mínimo de pasajeros previsto en el contrato, adjudicado sin concurso.
La reclamación corresponde a los años 2014 y 2015, pero la Generalitat ya tuvo que compensar a la compañía por los años 2011, 2012 y 2013, en los tampoco se alcanzaron los 2.045.442 viajeros que en el contrato se estimó que debía transportar cada año la empresa para alcanzar el equilibrio de explotación.
Tanto la UTE que forman las tres compañías de la familia Catalán como los actuales responsables de la Conselleria de Infraestructuras reconocen a Valencia Plaza que la cifra real de pasajeros siempre ha estado muy por debajo de ese umbral. En 2011, primer año completo de funcionamiento, utilizaron el servicio algo más de 965.000 personas, mientras que en 2015 apenas se superó el millón de clientes.
El contrato por el que se adjudicó el servicio, para el que no se convocó concurso público debido a la urgencia que exigía la entrada en vigor de la línea por la apertura del nuevo hospital de La Fe, fijaba una tarifa media de 0,6465 euros (sin IVA) que la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) se comprometió a asegurar al operador por cada viajero.
Si sobre los dos millones de pasajeros que aspiraba a transportar la UTE se producían variaciones significativas, como así ha sido, la administración se comprometía a asumir parte de los costes. En concreto, para variaciones entre el 5 y el 15%, el operador y la aVM se repartían el coste al 50%. Las variaciones inferiores al 5% las asumía la empresa y para variaciones superiores al 15% se establecía que la Generalitat tomaría las medidas necesarias para adaptar la tarifa y que no se produjese un desfase tan alto.
La compañía no precisó la cantidad que reclama al Consell, pero aseguró que el juzgado ha establecido como medida cautelar el pago de las desviaciones de viajeros de hasta el 15%. Por su parte, los actuales responsables de la Conselleria de Infraestructuras están analizando la reclamación de la empresa para comprobar si sus cálculos so correctos y, en su caso, "estimar o ajustar la reclamación".
La UTE formada por las tres empresas de la familia Catalán presentó un contencioso contra la administración valenciana, pero la deuda aún no se ha saldado en su totalidad.
Por su parte, la empresa alega que ninguno de los años que lleva prestando el servicio se ha acercado si quiera a los dos millones de viajeros. Un portavoz de la compañía apuntó a este periódico que el servicio es "deficitario" desde el primer día pero que, pese a ello, no se ha querido dejar de prestar servicio sin que existiera una alternativa.
Foto: MARGA FERRERLa aVM habilitó el servicio de Metrorbital a finales de 2010 para dar servicio a los usuarios y trabajadores de la nueva Fe. El contrato se adjudicó de forma directa tras un proceso negociado urgente, con el compromiso de convocar un concurso para el que, según la aVM, no hubo tiempo. El plazo inicial del contrato era de un año, pero desde entonces el concurso sigue sin convocarse.
La aVM inició un procedimiento negociado al que se invitó a "las principales empresas" que operaban en el área metropolitana. De las dos ofertas presentadas, se consideró que la de Fernanbus, Edetania -que entonces aún no formaba parte del grupo Transvia- y Autobuses Buñol era la mejor, por lo que resultó elegida.
Ese contrato adjudicado de forma directa y extendido sucesivamente de forma extraordinaria no contemplaba ningún tipo de canon a abonar por parte de la empresa. Sin embargo, en el expediente de licitación que la aVM preparó a principios de 2012 pero que no salió adelante por la desaparición de este ente, sí se fijaba un canon para el adjudicatario superior a los 72.000 euros.
Transvia también explota el servicio de bus turístic en la Valencia capital sin abonar ninguna cantidad al Ayuntamiento. En este caso, se le autorizó para la explotación en 1999 -también sin concurso- y desde entonces ha ido renovando el permiso, que estará en vigor hasta 2019 tras la última extensión, concretada a cuatro días de las elecciones municipales.
Uno de los directivos de Transvia, el director general de Viajes Transvia Tours, Urbano Catalán, está siendo investigado por un delito de cohecho en una causa en la que también está imputado el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
