La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Foto: EPVALÈNCIA (EP). La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha apuntado este jueves la conveniencia de recortar la financiación estatal a los ayuntamientos que no rindan cuentas ante el órgano fiscalizador, una fórmula que considera más efectiva que la imposición de multas coercitivas por el incumplimiento de esta obligación.
Así lo ha señalado Chicano durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha acudido a presentar varios informes y donde ha avanzado que "en breve" el organismo que preside remitirá a las Cortes sus propuestas para mejorar la rendición de cuentas en el sector público local.
Estas propuestas, contenidas en una moción aprobada por el fiscalizador el pasado mes de octubre, incluyen diversos procedimientos legales como "la retención de la participación en los tributos del Estado" a aquellas entidades locales que no se encuentren al corriente en la rendición de sus cuentas generales al Tribunal de Cuentas.
Esta posibilidad está prevista en el artículo 36.1 de la Ley de Economía Sostenible, pero, según ha destacado Chicano, nunca ha sido aplicado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
La moción del tribunal también contempla la "imposición de multas coercitivas" a las entidades que no rindan cuentas. Concretamente, el artículo 30.5 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece unos límites para estas sanciones de entre 60,10 a 901,52 euros. El fiscalizador destaca que esas cantidades se establecieron en 1988 y no son objeto de actualización automática anual.
En cualquier caso, Chicano ha admitido que la imposición de este tipo de multas coercitivas "seguramente no es el mejor sistema para conseguir la rendición de cuentas" y se ha mostrado partidaria activar mecanismos "ya previstos" como el relativo a la disminución quizá "porcentual" en la participación de los tributos.
Además, en su moción menciona también la prohibición de recibir subvenciones y ayudas públicas a las entidades locales que no se encuentren al corriente en la redición de cuentas.
El tribunal destaca que esta medida ya está establecida en cinco comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunitat Valenciana), que son precisamente aquellas que muestran mejores niveles de rendición de cuentas de las entidades locales en los ejercicios 2018 y 2019.
