VALÈNCIA (EP). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que las conversaciones sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre los sindicatos y la CEOE se están "alargando innecesariamente" por la actitud de la patronal.
"Cada día soy menos optimista", ha admitido Álvarez, en declaraciones a los medios en una concentración frente a la Embajada de Francia en España, en protesta por la reforma de pensiones en ese país.
Álvarez ha informado de que todavía no han recibido ninguna propuesta por parte de los empresarios, a pesar de que los agentes sociales acordaron retomar las conversaciones en la primera quincena de abril.
El líder de UGT ha recordado que, en la próxima reunión, la CEOE debería dar "una respuesta" a las propuestas sindicales, aunque, en su opinión, los empresarios "no están entrando en el fondo de la materia".
Además, ha advertido de que las organizaciones sindicales van a tener que "tomar alguna decisión", ya que "si no hay propuestas, tiene poco sentido mantener esta mesa".
CCOO, UGT y la CEOE se reunieron el pasado 22 de marzo, en un encuentro que concluyó con "voluntad de hablar", como dijeron entonces los agentes sociales.
CCOO y UGT piden a CEOE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.
Así, CCOO y UGT proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-2024 se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.
Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de la cláusula de revisión, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienc) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de "un dato fidedigno".
Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo).
Los sindicatos defienden que la negociación con CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no logran acuerdo, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado nada a CEOE.
El último AENC finalizó su vigencia en 2020 y desde entonces empresarios y sindicatos no han sido capaces de llegar a un nuevo pacto. Las posibilidades de hacerlo se truncaron con la llegada de la pandemia y después con la subida de la inflación a cifras de dos dígitos, lo que llevó a las empresas a negarse a una cláusula de revisión salarial ligada al IPC que los sindicatos consideraban imprescindible.
En sus propuestas, los sindicatos plantearon a la CEOE vincular la cláusula de revisión salarial al IPC y a los márgenes empresariales, con la creación de un índice que midiera la evolución de los sectores.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anunció este martes la creación del observatorio de márgenes empresariales, con el objetivo de mantener la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios y una distribución adecuada de las rentas.
Este observatorio institucionalizará y dará seguimiento a los trabajos de análisis que ya viene realizando el Banco de España y que aprovechará y utilizará los datos y las estadísticas tanto de la entidad como del Ministerio de Hacienda o del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Álvarez ha señalado que esto "hace tiempo que debería estar en marcha". "El Gobierno tiene la obligación de avanzar en un proceso no solo de control de los precios, sino de control de los beneficios de usura que están teniendo muchas empresas en nuestro país", ha agregado el líder de UGT.
La plantilla de UGT se movilizó este miércoles en Andalucía, Baleares, Madrid, País Vasco, la Comunitat Valenciana, Extremadura y La Rioja para exigir al sindicato el desbloqueo de la negociación de su convenio colectivo marco, cuya vigencia finalizó en 2020 y que lleva en 'ultraactividad' desde entonces.
Los trabajadores de UGT denuncian que la propuesta del sindicato para el convenio supone un "recorte" de los derechos laborales de la plantilla que "avergonzaría a cualquier sindicalista", con una oferta salarial "irrisoria", inferior al IPC.
En concreto, el sindicato ha propuesto a sus trabajadores una subida salarial para 2022 del 2,8%, exclusivamente sobre salario base, y un incremento del 2,5% para 2023, porcentajes en ambos casos inferiores a los que UGT está reclamando a CEOE en la negociación del acuerdo interconfederal de negociación colectiva (AENC).
No obstante, las fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la propuesta salarial del sindicato a sus trabajadores ha mejorado respecto a la inicial, que iba desde el 0% al 2%.
El secretario general de UGT ha indicado que el convenio colectivo del sindicato está "en un proceso de negociación normal" y espera ver en los próximos días "de qué manera concluyen las negociaciones".
Álvarez ha explicado que cada organización del sindicato "tiene sus propias responsabilidades con el personal y la Hacienda Pública", y eso "no se puede obviar en la negociación".
"Es más razonable plantearlo así a que firmemos un acuerdo que genere tensiones desde el punto de vista financiero que no puedan asumir las organizaciones", ha defendido el secretario general del sindicato.