Un directivo de BM3 declara que los sobrecostes de un 37% del IES Cabanyal "estaban justificados"

VALÈNCIA. Las nuevas rondas de declaraciones de la pieza de la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa, dentro del conocido como caso Taula, en la que está imputado el que fuera responsable de la empresa Máximo Caturla por el cobro de presuntas mordidas a cambio de contratos, comenzaron este lunes. La ronda de declaraciones empezó con la comparecencia del legal representante de la constructora BM3, encargada de la construcción del IES del Cabanyal, instituto que costó un 37% más de lo presupuestado.

Según pudo saber Valencia Plaza de fuentes presenciales en dicha declaración, el representante de BM3 aseguró a la Fiscalía Anticorrupción y al juez del caso, Víctor Gómez Saval, que "los modificados estaban todos justificados" y que los cambios que incrementaron el precio total se hicieron a petición de la propia Ciegsa y del Ayuntamiento de València.

Esta declaración contrasta con lo que dice el informe pericial encargado por el juzgado que evidencia que los modificados de obra fueron no solo "injustificables", más de un 37% con respecto al precio original, sino que alguien en Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación en aquella época bajo el mandato de Alejandro Font de Mora, autorizó ese desvío pese a saber que a partir de un 20% se "podía haber rescindido el contrato".  

El informe

Según cuenta el informe, el presupuesto inicial era de 11.081.000 euros dividido en dos fases, una primera consistente en un derribo por 239.732 euros, y una segunda fase de 10.886.907 euros para la construcción del edificio. Ambas fases fueron adjudicadas a la empresa BM3 obras y servicios a través de un contrato negociado sin publicidad.

La fase I ya sufrió un primer modificado de más de 218.000 euros que incrementaba el total en 1,97%, mientras que la fase II se modificó dos veces. La primera con una subida de 2.368.443 euros, un 23,34 por ciento más del precio inicial, y una segunda de 1.555.516 euros que dejó un 37,38% de acumulado sobre el contrato inicial. Así, se pasó de los poco más de 11 millones de euros previstos inicialmente a los 16.351.490 totales.

Modificados

En cuanto a los modificados de la Fase I, explican los peritos que las sobre excavaciones y demoliciones podrían haberse evitado haciendo catas y una inspección más exhaustiva antes del proyecto, lo que habría supuesto 76.000 euros menos de lo que finalmente se abonó. Sin embargo, el responsable de BM3 aseguró que "la constructora actuó correctamente e hizo lo que debía".

Sobre la Fase II, el informe dice que se realizaron modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de València derivadas de un informe de Bomberos, otras por ausencia de urbanización de los viales para desaguar la totalidad de aguas residuales, modificaciones de tipo estructural como por ejemplo completar un incremento de hormigón en cimentación y, por último, otro capítulo llamado otras modificaciones.

En cuanto a los cambios, entre los presuntos 'chanchullos' del proyecto, explican los peritos que "no se entienden los motivos técnicos de la presente modificación puesto que, en la redacción del proyecto de ejecución, objeto del contrato, ya se conocen los condicionantes para el diseño de la estructura (...) por lo que el cálculo de la estructura del proyecto inicial debería ser el válido y definitivo".

Ante estas afirmaciones del informe pericial, el representante de la constructora descargó la responsabilidad en la administración, ya que dijo que todos los cambios que se hicieron fueron a petición de Ciegsa y del Ayuntamiento de València. Este martes continúan las declaraciones de los representantes de otras constructoras imputadas en la pieza.