Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAVALÈNCIA. El juzgado de instrucción número 3 de Gandia ha archivado provisionalmente la querella presentada por el Ayuntamiento de Gandia contra el exalcalde, Arturo Torró, y el gerente de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Gonzalo Morant, por las transferencias de dinero que en la legislatura anterior realizó desde el Consistorio a la empresa pública de la ciudad.
Se trata de la transferencia por valor de unos quince millones de euros que Arturo Torró
realizó a la empresa pública cuando aún gobernaba sin que la mercantil los devolviera posteriormente al consistorio. Según denunciaron desde el Partido Socialista de la ciudad, con esa cantidad se realizaron actuaciones desde IPG que eludían la acción fiscalizadora de las cuentas municipales por parte de la Intervención, los grupos municipales y el Ministerio de Hacienda. En concreto, se investigaba un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros formalizado por Arturo Torró, y Gonzalo Morant con informes negativos y con reparos de legalidad del interventor municipal y el tesorero.
Por todo ello, en 2015, el Partido Socialista interpuso una denuncia que ahora ha sido archivada por la jueza porque no observa indicios de criminalidad, aunque cabe todavía recurso de apelación. En concreto, el auto reza: “Examinadas las presentes actuaciones —documentación aportada por el Ayuntamiento de Gandia, el informe de la Secretaría Autonómica de Hacienda de la Generalitat Valenciana y las declaraciones efectuadas— no resulta que existan indicios racionales de criminalidad que permita apreciar que los hechos investigados puedan ser constitutivos de infracción penal”
Sobre la resolución judicial, el Partido Popular de Gandia ha resaltado que este sobreseimiento de la causa muestra “una vez más una persecución personal y política a los miembros del PP” y resaltaron que en este tiempo se ha archivado el caso de los créditos bancarios, el caso de T7 —el gobierno recurrió y sigue en los juzgados—, la denuncia de transferencias a la empresa pública en el Tribunal de Cuentas.
Desde el gobierno y por medio del coordinador general de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, han mostrado su respeto hacia la decisión de la juez y han resaltado que esas transferencias “dejaron al Ayuntamiento sin fondos y provocaron las miles de facturas impagadas que dejó el Partido Popular en los cajones, lo que provocó un drama económico para centenares de empresas y autónomos de la ciudad que prestaban sus servicios al consistorio”.
