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València empezará a rehabilitar las viviendas municipales del Cabanyal en 2019

10/01/2019 - 

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València prevé poner en marcha la rehabilitación de 40 viviendas de propiedad municipal en el barrio del Cabanyal. Según ha avanzado la edil de Vivienda, Maria Oliver, el consistorio licitará algunas de estas obras a principios de este año y el resto, a lo largo de 2019.

Estas viviendas se quieren dedicar a alquiler social en uno de los barrios que presenta un elevado grado de degradación en la capital del Túria. Hasta el momento, el consistorio ya había otorgado ayudas para la rehabilitación de viviendas de propiedad privada en el distrito marítimo. Pero esta actuación no es otra cosa que el inicio efectivo de las obras de rehabilitación en el patrimonio público, una de las principales demandas del vecindario.

Esta, según ha dicho la edil, es una de las herramientas con las que cuenta la administración local para controlar el precio del alquiler del mercado, en el que se ha registrado un aumento considerable en los últimos años. Esto ha convertido la vivienda en uno de los principales retos a acometer por el gobierno local.

Estas 40 viviendas de El Cabanyal se enmarcan en un plan de 343 viviendas públicas de alquiler asequible que el Ayuntamiento quiere sacar al mercado en los próximos tres o cuatro años. 100 de ellas se encontrarán en Quatre Carreres, junto al futuro pabellón del València Basket, y otras 26 en las calles Carniceros y Balmes.

Por otro lado, la empresa municipal Aumsa, adscrita al servicio de Ubranismo, pondrá en marcha otras 177 viviendas de nueva construcción en los barrios de Ciutat Vella y Morera, que también se dedicarán al mismo propósito. En total, las estimaciones que hace el consistorio rondan una inversión de en torno a 40 millones de euros.

"A València en Comú y a Unidos Podemos nos ha costado mucho poner el asunto de la vivienda encima de la mesa", ha destacado Oliver, que también ha insistido en que el Gobierno Central debería tomar "medidas valientes" para controlar los precios y ceder algunas competencias de vivienda a los Ayuntamientos para "evitar la expulsión de vecinos a las periferias y al exterior de la ciudad".

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