Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. València En Comú quiere que los extranjeros no residentes paguen más impuestos por la compra de vivienda. Así lo sostienen en un comunicado remitido este miércoles en el que sumaban a la ciudad de València al posicionamiento común entre diferentes ayuntamientos del cambio, ante la aprobación este viernes del Plan de Vivienda 2018-2021 por parte del gobierno central.
En dicho comunicado, la formación próxima a Podemos anuncia que la portavoz del grupo municipal y concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de València, María Oliver, ha suscrito las reivindicaciones sobre el Plan Estatal de Vivienda que han promovido los ayuntamientos Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela, incorporando con ello a València a este movimiento.
Entre los puntos más destacados de dichas reivindicaciones destaca la petición de que se obligue a “la SAREB y entidades financieras rescatadas con fondos públicos” para que “incorporen inmuebles vacíos al fondo de viviendas para alquiler social”. En el actual redactado del Plan las aportaciones son voluntarias y esto ya se ha demostrado “ineficaz”, dicen. Igualmente solicitan “penalizar fiscalmente la compra de vivienda habitual por parte de personas o entidades extranjeras no residentes”.
En la nota, València En Comú recuerda que los Planes Estatales de Vivienda son instrumentos fundamentales de planificación “ya que definen las líneas de acción de los próximos cuatro años y establecen los recursos económicos de los que dispondrán los ayuntamientos para llevar a cabo el grueso de las políticas de vivienda”.
En este sentido, el texto señala que los gobiernos locales son las administraciones más próximas a la ciudadanía y, por tanto, las que sufren tanto “la falta de un parque público capaz de atender a las personas que no pueden acceder a la vivienda a precios de mercado”, como una legislación que “desprotege” a los vecinos que viven de alquiler.
Tras criticar que no se les ha tenido en cuenta en la elaboración del nuevo Plan Estatal, el comunicado detalla que los siete ayuntamientos antes citados consideran imprescindible que el Plan incorpore medidas como las anteriormente citadas: el incremento de impuestos para extranjeros no residentes y la imposición a la SAREB y a los bancos que han recibido ayudas públicas de que aporten viviendas vacías para el alquiler social.
Entre las peticiones, una decena, se incluye el incremento del presupuesto para las políticas públicas de vivienda desde los 467 millones actuales hasta los 2.000 millones de euros para el 2018. “Ese es el primer paso para pasar del 0’059% de inversión actual del PIB a un 1’5% en 10 años, en convergencia con el resto de países europeos referentes”, señalan.
En el texto se recuerda que actualmente España sólo tiene el 2’5 % de vivienda asequible (incluye VPO pero también rentas antiguas), un parque que consideran “insuficiente” mientras que en Austria tienen el 24% de parque público de protección y el Reino Unido o Francia alrededor del 17%.
Otras medidas de tipo financiero que se sugieren es que el Instituto de Crédito Oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida, o que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas. Igualmente reclaman que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública para conseguir la convergencia con Europa.
Demandan a su vez que se potencien “nuevos modelos de vivienda de protección oficial que garanticen la propiedad pública del suelo” como el derecho de superficie, o las cooperativas en cesión de uso, y también piden que se asegure que la propiedad del suelo sea siempre pública y no pase, al cabo de los años, a manos privadas.
A su vez, se apunta que las ayudas a la rehabilitación se deben canalizar a los pequeños propietarios, y se insta a que se prevean medidas para evitar que las mejoras de las viviendas que se realizan con fondos públicos no supongan un aumento del precio de alquiler.
Desde su conocimiento del día a día, se solicita también la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar la duración de los contratos e “impedir alquileres abusivos”, así como una fiscalidad que acabe con la especulación de la vivienda que tendría entre sus medidas principales “acabar” con los beneficios fiscales de las socimis, porque consideran que repercuten “negativamente a nivel social” en el mercado de alquiler, y eliminar la obtención del permiso de residencia a cambio de la compra de pisos de 500.000 euros por parte de personas extranjeras, una de las medidas estrella de Mariano Rajoy, cuyo resultado ha sido más bien cuestionable.
