Cuando cambie la legislación el consistorio confía en ganar hasta tres millones de euros más y recuerda que no pagarán el impuesto ni edificios de culto ni los asistenciales como Cáritas
VALENCIA. Paso a paso, el día en el que la Iglesia pague el IBI por sus edificios no de culto está más cerca. Alcanzar lo que en el Ayuntamiento de València llaman como laicismo fiscal es un reto y como tal tiene sus máximos, su escenario más optimista. Este tiene como referente 2018, que sería el primer año en el que buena parte de los edificios propiedad del Arzobispado de Valencia pasarían por caja y abonarían sus tributos.
Para ello primero se tendría que cambiar la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, también conocida como la ley del mecenazgo y de las oenegés. En concreto en dicha norma, en el artículo 15, se incluye un apartado por el cual se determina que estarán “exentos” del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los edificios de los que sean titulares las entidades sin fines lucrativos, y eso incluye a la Iglesia.
Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa, y desde la Iglesia católica se ha aprovechado este resquicio del sistema para incluir entre sus inmuebles exentos algunos que tienen utilidades administrativas o residenciales, con casos tan llamativos como el Palacio Arzobispal, o los números 16 y 18 de la calle Jorge Juan, donde está ubicada la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en una de las zonas de valor catastral más alto de Valencia.
Según explicó este lunes el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, en su hoja de ruta para poder aplicarle el IBI a estos edificios primero habría que realizar la modificación de la norma legal, algo que según él “se podría hacer este mismo año”. Tras ello, recordó que se tendría también que modificar el Concordato con la Santa Sede, lo que, admitió, “llevaría más tiempo y es a medio plazo”, si bien no afectaría tan directamente al abono del impuesto.
Una vez realizado el cambio legislativo, desde el Govern de la Nau aplicarían el nuevo régimen de tasas a los edificios del Arzobispado de Valencia, atendiendo así a lo aprobado este viernes en el pleno del Ayuntamiento, con la moción por una ciudad laica que impulsó Valencia en Comú y que apoyaron el PSPV y Compromís.
Tal y como se viene diciendo desde que se planteó la idea, Vilar recordó que seguirían exentos de pagar los edificios dedicados al culto y los asistenciales, como por ejemplo las sedes de Cáritas. En este sentido, el concejal de Hacienda insistió en que su propuesta lo que aspira es a afianzar un principio de “equidad fiscal” porque, comentó a Valencia Plaza, “nadie debe tener un trato diferenciado”.
Así, citó el caso antes mentado de la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y comentó que el hecho de que no pague IBI abarata la costes de esta institución al tiempo que constituye un agravio comparativo para otras universidades privadas valencianas.
En total se estima que hay más de 400 inmuebles de propiedad de la Iglesia que no pagan IBI. Algunos son edificios que se usan como residencia de sacerdotes. Hay despachos y también aparcamientos, guarderías… Algunos de estos edificios son donaciones, herencias, que la Iglesia después se queda en propiedad y las usa para alquilar.
No existe un cálculo exacto sobre cuánto supondrá para las arcas municipales la recaudación de todos estos IBI’s, pero sí una primera estimación que habla de tres millones de euros, en la que Vilar se mantiene.
¿Y qué se podría hacer con ese dinero? Bastantes cosas. Por ejemplo, adquirir diez autobuses para la EMT de la marca Scania modelo N 280, cuyo precio ronda los 295.000 euros. Algo que se deviene perentorio porque uno de los problemas que tiene la EMT es la falta de vehículos. Este lunes mismo, el Comité de Empresa de la EMT criticó que doce conductores de distintas líneas de la empresa no pudieron iniciar su jornada a primera hora por falta de autobuses.
Así lo indicó a Europa Press el presidente del Comité de Empresa de la EMT, Iván Alcalá, quien lamentó que esta situación se haya repetido este lunes como en otras ocasiones, y quien aseguró que es consecuencia de tener “una flota de vehículos de edad avanzada y falta de medios para arreglarlos”.
Teniendo en cuenta que por decimocuarto año consecutivo el Gobierno de España no ha aportado ni un euro al sostenimiento de la EMT, una buena solución para paliar esa carencia de ingresos podría venir por hacer que el Arzobispado de Valencia cumpliera con Mateo 22:21 y diera “al César lo que es del César”, y a Valencia lo que es de Valencia.
Con todo Vilar recordó en que el fin último no es tanto incrementar la bolsa pública, sino hacer “laicismo fiscal”. Una propuesta en la que, comentó, no han tomado como referencia ningún país europeo. “No es una cosa de compararnos”, dijo; “se trata sólo de que todos tengamos el mismo trato ante la ley”, algo que a día de hoy sigue sonando a entelequia. Como diría el alcalde Joan Ribó, es “un acto de justicia”.
La vieja disputa por el IBI está más cerca de dilucidarse. Pese a ello desde el Arzobispado de Valencia no realizaron este lunes ningún comentario a los requerimientos de Valencia Plaza. En anteriores ocasiones han justificado este privilegio asegurando que todos los edificios de la Iglesia son de carácter social. Quizás el silencio es porque los gestores económicos del Arzobispado comienzan a ser conscientes de que, como escribió San Girolamo, “los privilegios de unos pocos no constituyen la ley”.