València regulariza las operadoras de 'motosharing' antes de dar los nuevos permisos

VALÈNCIA. Las empresas de motos compartidas -motosharing- que buscan operar en la ciudad de València tendrán antes que cumplir con sus obligaciones fiscales por la tasa de ocupación del dominio público. Así, tanto las compañías que han estado hasta ahora funcionando sin autorización -no había regulación municipal- como las que buscan entrar en el mercado del Cap i Casal, tendrán antes que abonar la tasa al Ayuntamiento de València.

En ese sentido, la concejalía de Hacienda del consistorio, que dirige Borja Sanjuán, está en proceso de regularización fiscal de aquellas firmas que en los últimos años estaban prestando su servicio de sharing de motos en la capital del Túria. De esta manera, hasta que no liquiden la tasa municipal por el tiempo que han estado ocupando la vía pública con sus vehículos, no podrán obtener los nuevos permisos desde la concejalía de Espacio Público, que encabeza Lucía Beamud.

Así lo fija la norma de manera inapelable. "Las ocupaciones de dominio público sujetas a esta tasa que se efectúen sin la preceptiva licencia municipal previa", asegura la ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento a finales de 2019, tienen como repercusión que "la Inspección de Tributos y Rentas Municipales practicará las liquidaciones de la tasa que proceda".

Además, y esto es lo estrictamente aplicable en la actual coyuntura, "en el caso de ocupaciones que pudieran ser objeto de regularización", como se trata en estas empresas, "será requisito para la autorización la acreditación del previo pago de la autoliquidación practicada por la Inspección". O lo que es lo mismo: antes de obtener el permiso, tendrán que pagar lo que les requiera la Inspección municipal por esta tasa.

La inspección municipal tiene localizadas a diez empresas del ramo en el Cap i Casal que deben responder a las obligaciones fiscales por los años anteriores. Entre ellas se encuentran Acciona, Molo, Blinkee, Yeco, eCooltra, Sharing muving, Citengo y Noc renting. En total, el trámite de liquidación iniciado corresponde a 2.573 motos por 2020 y 2.738 por 2021. Respecto a la de 2020, se ha eximido del pago de tres mensualidades como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, que obligó a restringir la movilidad.

Regulación del sector

La falta de regulación municipal había permitido a las compañías funcionar en la ciudad sin pagar tasas y sin someterse a ningún régimen de autorizaciones. Hace aproximadamente un año, el consistorio y concretamente la concejalía de Movilidad Sostenible, que encabeza Giuseppe Grezzi, emitió el primer informe relativo a las limitaciones que ha de haber en cuanto al alquiler de vehículos compartidos sin base fija en València -el conocido como sharing de vehículos-. 

En cuanto al sector de las motos, aquel informe limitaba a 2.000 los vehículos que la ciudad puede absorber, cuantía notablemente menor a la que existía en la ciudad, cercana a los 3.000. A partir de ahí, y en virtud de aquel informe, es la concejalía de Espacio Público la encargada de dar las autorizaciones a aquellas empresas que aspiren a continuar funcionando o que quieran empezar a operar en el Cap i Casal.

Fue a finales de septiembre cuando, como publicó Valencia Plaza, el departamento de Beamud abrió el proceso de solicitud de estos permisos para "ciclomotores y/o motocicletas compartidas". Proceso que ya ha finalizado y al que han acudieron 15 empresas.

Algunas de ellas ya operaban -Cooltra, Yego o Acciona- y otras, buscan entrar en el mercado municipal del sharing: Lam, Bolt, Cargreen -que gestiona el único proyecto piloto de carsharing en la ciudad-, Spin Mobility, Cityscoot, Avant Fullstep, Tucycle Bike, Reby Rides, Working4ueverywhere, OIZ Ridesharing y Mobilitas Futurus.

Así pues, el consistorio comunicó a todas ellas que podrán operar sólo con 133 vehículos cada una, cifra que resulta de dividir el límite máximo de 2.000 motos fijado por Movilidad entre la quincena de compañías interesadas. Se trata, pues, de una reducción sustancial de vehículos para aquellas empresas que ya operaban ante la inexistencia de regulación en la ciudad.

Precisamente por ello, la asociación de empresas de movilidad sostenible y compartida Smart Mobility reaccionó con cierto enfado al considerar que la restricción "solo limitará la oferta de motosharing disponible, situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad". En ese sentido, la plataforma aseguró que la decisión municipal "provocará graves perjuicios para los ciudadanos, que verán limitadas sus opciones de movilidad, y supondrá un freno a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad".

El sector y el Ayuntamiento de València han mantenido, al menos, un encuentro con la voluntad desde las compañías privadas de relajar la limitación municipal. Sin embargo, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, la posición del Ayuntamiento permanece inalterada y continúa con el proceso para entregar las autorización en las mencionadas condiciones.

Ahora, la concejalía de Hacienda busca regularizar aquellas empresas que ya operaban antes de poder darles los nuevos permisos, si bien espera a que el departamento de Espacio Público determine finalmente cuántos vehículos le corresponden a cada operadora para empezar a cobrar la tasa al conjunto de empresas. La tasa anual asciende a 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica.