VALÈNCIA. El exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera se ha mantenido en su testimonio durante el juicio del conocido como caso Alquería, centrado en siete contrataciones presuntamente irregulares en Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia– entre 2015 y 2018. El instructor y la Fiscalía creen que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. "Los gerentes de la empresa pública Josep Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís) estaban preocupados porque todas las personas les venían dadas desde arriba por obligado cumplimiento. Brines, que no quería sacar las plazas a concurso, en un momento de sinceridad me dijo que el problema era que los contratados tenían que venir sí o sí. Y que si algún día le tenía que explicar a un juez esto prefería explicarle la alta dirección, pero no un amaño de un concurso", ha asegurado.
Con arriba se ha referido, por parte del PSPV, al presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y por parte de Compromís no sabe si dependía de "la vicepresidenta (Maria Josep Amigó) o la secretaria general".
El testimonio de Vera resulta de importancia puesto que ha sido uno de los colaboradores fundamentales de la Fiscalía a lo largo de la investigación de este asunto. Sin embargo, actualmente figura entre los principales imputados en el caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas en varias administraciones en la que se le sitúa como supuesto conseguidor a cambio de comisiones entre el empresario considerado cabecilla, Jaime Febrer, y algunos alcaldes. Su interrogatorio, de hecho, ha comenzado con una advertencia de la presidenta del tribunal: las defensas no podían preguntar sobre ninguna causa ajena a Alquería.
El nombramiento como jefe de los Servicios Jurídicos y de Transparencia, ha detallado, fue en junio de 2015 por orden del exgerente de Imelsa Josep Ramón Tíller y aprobado por el Consejo de Administración. Según ha indicado, no participó en las contrataciones que ahora se consideran irregulares y tuvo conocimiento de ellas aproximadamente un mes antes de que se realizaran. "Había un rumor de que había que meter a gente de confianza de la Diputación", ha explicado.
En aquel momento, ha relatado, no se le pidió ningún informe ni en su departamento llevaban directamente el asunto. El informe que solicitaron entonces fue sobre el convenio colectivo, pero en ese documento el autor incluyó una valoración de las contrataciones, que en este caso fue favorable.
"La señora Brines sólo me hizo una pregunta en una ocasión que no fue formal: '¿Tú opinas que estos cargos tienen que entrar por concurso o pueden entrar libremente?'. Yo le dije que parecía obvio que tenían que entrar por concurso", ha comentado.
A continuación, ha detallado un episodio concreto de una persona que querían contratar: "Me dijeron que Compromís quería incorporar a una persona más y que querían colocarlo en un área que yo dirigía. Me sorprendí y me enfadé. La propia señora Brines estaba un poco abochornada porque en todo caso esto le venía impuesto. Hice un sondeo sobre las aptitudes jurídicas de este señor y tampoco me generó una gran tranquilidad, además de que no tenía necesidad de un jurista más en ese momento. Un día, casi entiendo que por casualidad, Brines me presentó a Xavier Rius (actual diputado provincial) y me dijeron que al que querían contratar llevó la acusación de Terra Mítica. Yo les dije que la llevé yo y ahí terminó la conversación. Pero lo nombraron".
Vera ha mencionado otro sonado incidente. Una reunión del Consejo de Administración de Divalterra en la que el auditor interno Alejandro Muñoz expuso las irregularidades de las contrataciones. Entonces, el jefe de Gabinete de Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, le dijo al auditor: "Tú eres un hijo de puta, cállate y cierra la boca". Vera ha añadido que Gallego, en otra conversación posterior con él, le dijo: "Tienes que tirar a esos hijos de puta de José Luis Pellicer (responsable en aquel momento del departamento jurídico y denunciante del caso Alquería) y de Alejandro Muñoz inmediatamente". "Tuvimos un rifirrafe muy serio y cogió el teléfono Jorge Rodríguez y me dijo: 'Oye, ¿tú sabes que yo te puedo cesar?'. Y le contesté: 'Ya estás tardando'", ha comentado.
Las defensas de los acusados han tratado de poner en evidencia a Vera con los informes que realizó y que, según él, eran contrarios a las contrataciones. Pero en el primero de ellos, de junio de 2016, no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. Opinaba que existían "dos formas" de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados "se mantuvieran como tales hasta que se determinara su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra"; dos, y como alternativa, "rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado".
Este documento, ha admitido, se lo envió a los gerentes de la empresa porque fueron éstos los que se lo habían pedido. Preguntado sobre su valoración sobre las contrataciones, ha remarcado que era "soez, improcedente y kamikaze" realizarlas. Cuestionado por las defensas sobre por qué, entonces, no lo dijo así de claro en su informe, ha respondido: "No lo sé, estaría loco ese día". En este punto le han insistido en que en el citado documento llegó a justificar las contrataciones y ha afirmado que "eran las consideraciones de los gerentes, el informe da igual".