VALÈNCIA. La promoción de vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como vivienda de protección oficial (VPO), despierta poco a poco en la Comunitat Valenciana tras una larga parálisis. La reciente aprobación del decreto del Consell, que actualizaba el precio de los módulos, ha animado a muchas compañías a reactivar proyectos que tenían parados, recuperando una tipología de inmuebles cada vez más necesaria ante la emergencia habitacional en España y que, sin embargo, llevaba ejercicios siendo residual.
Solo en los dos últimos ejercicios -2021 y 2022- no se había concedido esta calificación de forma definitiva a ningún inmueble. Un periodo 'en blanco', principalmente por la desactualización del módulo que fija el precio, que llevó a la Administración a diseñar un nuevo texto que reflejara el contexto actual y revisara los precios, ya que la última revisión fue hace más de diez años. También, se recogió en la nueva norma la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios, de forma que se homogeneiza toda la autonomía.
Y estos cambios están propiciando que la fotografía cambia. Así, los promotores han ido tomando posiciones desde que a mediados de mayor se aprobó una norma que era muy esperada en el sector y que llegó tras dos años de negociaciones y cierto atasco administrativo. Ahora, tras darle luz verde, ya se han pedido las primeras calificaciones provisionales de VPO para nuevas promociones en la Comunitat Valenciana. Se trata del paso previo hasta que, una vez revisada la información, la Administración concede la calificación definitiva de protección a los inmuebles.
Hasta el momento, se han presentado cerca de una decena de solicitudes en la región valenciana: tres en la provincia de Alicante y seis en la de Valencia. En Castellón no han entrado peticiones, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Vivienda a este diario.
No obstante, desde el departamento que aún sigue dirigiendo Héctor Illueca creen que las solicitudes irán aumentando. Y más teniendo en cuenta que fue el pasado viernes cuando entró en vigor. El objetivo del Consell es acabar con el estancamiento en la promoción de este tipo de inmuebles, a la baja en las últimas décadas. De hecho, según datos de esta Conselleria, mientras en los años noventa fueron 110.860 las viviendas que recibieron la calificación de VPO en la Comunitat, entre 2010 y 2020 únicamente fueron 3.453 unidades.
Una de las empresas que ha movido ficha en el último mes ha sido Grupo Lobe, que ya ha pedido la calificación provisional para un proyecto de 69 viviendas de VPO en Quart de Poblet, que se situará al sureste del casco urbano del municipio, según explican a este diario. También, para otra torre de 87 inmuebles en Turianova, en un suelo que compró a AQ Acentor, promotora del fondo alemán Aquila Capital y encargada del desarrollo de este nuevo barrio en València junto al nuevo Hospital La Fe.
Pero, además, la actualización de precios también ha llevado a grandes compañías a tantear oportunidades en el mercado valenciano. Así lo señaló hace una semana Patricia García, directora territorial en la zona de Levante de Habitat, durante su participación en una mesa redonda, organizada en el marco de la VII edición del International Academic Real Estate Congress, AIRE 2023. La compañía, admitió, no ha explorado la vivienda protegida, pero tras la actualización del módulo en la Comunitat, aseguró que van a "analizar y estudiar" opciones. "Si salen los números lo haremos", señaló García.
En cambio, otras grandes como Neinor siguen sin ver atractivo el negocio por los altos costes y el límite de precios que fija la VPO. De hecho, a lo largo de estos años han sido las promotoras locales las que han tirado del desarrollo de vivienda protegida en tierras valencianas. En la ciudad de València existe suelo para construir 2.312 viviendas de protección, según un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).
En concreto, el nuevo decreto, además de recoger la revisión de los precios, también crea una única zona para toda la Comunitat, tras la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. De esta forma, el precio máximo se estableció en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil en caso de promociones privadas y de 1.530 euros por metro cuadrado, las públicas.
Asimismo, el texto busca impulsar el alquiler bajo este régimen tanto de promociones públicas como privadas. Y más en este momento en el que para ciertos colectivos como lo jóvenes es difícil acceder a la compra de un piso. Por ello, también fija precios máximos. Además, la norma establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación".
También incluye como una de las grandes novedades la reserva preferente del 40% de las promociones públicas para alquiler asequible a jóvenes menores de 35 años. Una medida con la que la Administración Valenciana busca resolver el problema que este colectivo tiene para emanciparse ante el auge que los precios han experimentado en los últimos tiempos. Por otro lado, la Administración también podrá comprar hasta el 100% de una promoción privada con esta calificación con el fin de destinar esos inmuebles al mercado del alquiler.