Ángel de Cabo, en su último juicio. Foto: CHEMA MOYA/EFE VALÈNCIA. (EP) El empresario Ángel de Cabo, que se enfrenta a otros tres años y 11 meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil en un nuevo procedimiento, se ha defendido este martes en la Audiencia de Valencia y ha afirmado que "todas facturas --de empresas-- responden a trabajos reales", al tiempo que ha señalado: "Le tenía pánico a las facturas falsas".
La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha iniciado este martes un nuevo juicio contra este empresario --condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans, cuyo propietario era Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, en perjuicio de acreedores-- junto a otras tres personas más para los que la Fiscalía solicita provisionalmente las mismas penas. El empresario ya fue absuelto por la Audencia de Valencia de una estafa de la que estaba acusado relacionada con la compra de sociedades para vaciar su patrimonio.
En este caso, el ministerio público les acusa de usar una empresa con domicilio social en la localidad de Ribarroja del Turia como una sociedad instrumental para "canalizar el vaciamiento patrimonial" de otras mercantiles, "simulando operaciones de compraventa de inmuebles", a fin de obtener devoluciones indebidas de IVA entre los ejercicios fiscales de 2009 y 2012.
Al respecto, el acusado ha señalado que en 2008 compró un conglomerado de más de cien empresas, con 500 trabajadores, pero que cada una llevaba su caja. En concreto, sobre esta supuesta sociedad, el empresario ha explicado que si, por ejemplo, "una constructora entraba en crisis, gestionábamos con los proveedores y los clientes para llegar a un acuerdo, hacían reformas y gestionaban inmuebles". "De todo", ha señalado.
Así, ha explicado que trabajaban en toda España donde se les requería sus servicios pero que el domicilio social de esta empresa estaba en un edificio en el que tenía otras empresas instaladas y por el que pagaba un alquiler.
En la mayoría de los casos "subcontrataba todos los servicios" a "cinco o seis empresas de su grupo" porque "cuando una empresa no tiene crédito no puede terminar los trabajos". Preguntado por qué no coincidían los importes y conceptos de las obras subcontratadas, ha apuntado que no lo sabe pero que cuando "se entra en una obra no se sabe cómo se termina, hay modificaciones".
Al respecto, ha asegurado: "yo puedo gestionar una empresa, llevar las facturas no". Así, ha afirmado que las declaraciones de IVA las llevaba un despacho que se encargaba de toda la contabilidad y que "debía llevarlas al día" porque trabajaban entre 20 y 30 personas. "Hasta que entre en prisión estaba al día con la Agencia Tributaria, era ley para mí", ha asegurado.
Ha afirmado que todas las facturas estaban anotadas "seguro" en los libros de registro --afirma haber llegado a tener hasta 45 libros-- y preguntado por si esas facturas estaban incluidas en la declaración del IVA ha señalado que no recuerda el procedimiento. "Yo le tenía pánico a las facturas falsas, las grapaba hasta en 17 hojas, pero en el registro se llevaron todo", ha señalado.
Asimismo, ha negado haber pactado con nadie repercutir cuotas del IVA para luego cobrarlas y tampoco tener conocimiento de una solicitud de una devolución de 141.197 euros en 2013 --que no fue atendida por la Agencia Tributaria por considerar que el IVA soportado era ficticio y generado de forma indebida con operaciones simuladas-- ya que ha recordado que en diciembre de 2012 entró en prisión.
