Imagen de la última junta general de Divalterra. Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIAVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha pedido que Divalterra o la Diputación de Valencia, de la cual depende la empresa pública ya liquidada, valoren la exigencia de responsabilidades a tres directivos que cobraron de forma indebida 45.105 euros de kilometraje. La entidad inició una investigación a raíz de una comunicación recibida en febrero de 2021 sobre posibles irregularidades en la percepción de dietas de José Luis Vera, quien ocupaba el puesto de jefe jurídico, transparencia y prevención de riesgos penales.
Como publicó Valencia Plaza, eludió la devolución de más de 10.000 euros en desplazamientos que cobró mientras estuvo de baja durante dos periodos entre 2016 y 2019. Las auditorías públicas señalaban que se acreditara la percepción de esas cantidades y la intención inicial por su parte fue devolver este dinero. Así lo trasladó por escrito al departamento de Recursos Humanos de Divalterra en 2018, pero en 2019 desde la empresa pública se informó de que desistió de ello. Fuentes de la corporación provincial argumentaron en su momento que se le comentó que podría generar un problema para los casi 700 trabajadores de la firma, que también pueden tener el plus de kilometraje cuando están de baja de acuerdo a una interpretación del convenio colectivo de 2008 que realiza Recursos Humanos.
Tras todo ello, Antifraude inició las indagaciones, algo de lo que se hizo eco este periódico y a raíz de lo cual la denuncia fue ampliada para que la investigación se extendiera al resto de directivos de Divalterra. La resolución final afecta, además de a Vera, a la excogerente de la empresa pública Agustina Brines y a la exresponsable de Medio Ambiente, Soledad Torija. La mayor parte de las cantidades, sin embargo, se refieren al primero. En total, Antifraude considera que cobró indebidamente 36.426 euros. Brines 4.786 euros y Torija 3.892 euros.
La Agencia recomienda, junto a la exigencia de responsabilidades, iniciar los expedientes de reintegro del dinero, algo que ya gestiona la Diputación. Aunque concluye que no se dispone de prueba o indicio que fundamente la posible existencia de fraude o corrupción, sostiene que se han producido conductas y actividades "reprochables por ser contrarias a la objetividad, a la imparcialidad, a la eficacia, a la probidad, a la integridad, a la ética pública y al buen gobierno".
También cuestiona la realización de gastos "superfluos e innecesarios de fondos de procedencia pública, impliquen o no una infracción directa del ordenamiento jurídico positivo", según consta en la resolución.
El informe expone que entre las retribuciones básicas y complementarias de los altos cargos de Divalterra no se contemplaba, en principio, la posibilidad de establecer complementos adicionales para los gastos de desplazamiento desde su domicilio al puesto de trabajo. Tampoco que se complementaran los ingresos producidos en periodos de baja laboral hasta asimilar el 100% de retribución para el caso de alta laboral. No obstante, en el contrato que afecta en particular a Vera sí constaban ambos aspectos hasta que se regularizaron las retribuciones en los contratos en enero de 2021.
El denominado "complemento de desplazamiento" se introdujo ex novo para los contratos firmados desde julio de 2015. Antifraude hace hincapié en que únicamente algunos de los contratados como altos directivos se beneficiaron de él. Y, aunque la dirección de Divalterra aseguró que se cumplía con la legalidad, las auditorías externas ponían en entredicho su percepción y que se pudieran cobrar en los periodos de baja laboral.
En el caso específico de Vera, la resolución menciona las dudas de que residiera en el municipio de Dos Aguas, desde el cual –teóricamente– se desplazaba. Según la declaración del propio Consejo de Administración de Divalterra y del certificado oficial del padrón municipal, vivía en València. Por lo que, de acuerdo con el baremo de la Diputación, no procedía fijar indemnización por kilometraje a los directivos con residencia en la ciudad. Nunca tendría que haber cobrado, pues, los 560 euros mensuales que percibió todo ese tiempo.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
