VALÈNCIA (EP). El Consell de Transparencia ha requerido a la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) que entregue al PP más de 21 bloques de información que suponen más de un centenar de documentos en el plazo de 30 días, según ha informado el grupo municipal 'popular' en un comunicado.
De esta forma, el Consell de Transparencia ha resuelto a favor de los concejales del PP Carlos Mundina y Marta Torrado, por su reclamación al no facilitar información a su grupo. La resolución estima parcialmente la reclamación del PP ya que deja fuera cinco bloques de un total de 26 de documentación que se pidió una vez presentada la reclamación ante el Consell de Transparencia. Estos cinco bloques deberán tramitarse en una nueva reclamación.
No obstante, según fuentes de la EMT, la resolución no ha tenido en cuenta las alegaciones realizadas por la empresa, por lo que sostienen que existe un "defecto de forma muy grave" ya que el texto lleva fecha del 19 de junio pero tres días después fue cuando el propio Consejo envió a la EMT una notificación de trámite de requerimiento de información "que, evidentemente, no se ha tenido en cuenta".
"Si se hubiese tenido en cuenta nuestras alegaciones, el Consejo de Transparencia habría constatado que la mayor parte de esa información ya se ha trasladado al PP en el seno del Consejo de Administración", apuntan desde la empresa.
Sin embargo, para los 'populares', esta resolución "viene a confirmar la recomendación del Sindic de Greuges que en el mes de junio ya instó a la EMT a entregar la documentación, a lo que la empresa pública de transportes se negó a aceptarla". La resolución del Consell de Transparencia da a la EMT un plazo de un mes para entregar la documentación.
El PP recalca que, ahora, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, "no tendrá más remedio que entregar la documentación requerida por imperativo legal tras el fallo del Consell de Transparencia que es de obligado cumplimiento". Entre los documentos que deberán entregar a los 'populares' se encuentran los correos que Grezzi enviaba a los diferentes departamentos hasta como fueron los expedientes de contratación de los cargos directivos de la empresa.
Asimismo, figura la documentación para "identificar los equipos informáticos y/o soportes tales como teléfonos, móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo desde los cuales se han realizado órdenes de pago, transferencia o cualquier otra operación bancaria en el período comprendido entre 2016 hasta 2019, y qué responsables tienen firmas autorizadas para ordenar dichos pagos en las distintas cuentas bancarias de titularidad de la EMT de dichos dispositivos".
También se pide copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por la Jefa de área de la EMT, María Rayón desde el pasado 1 de septiembre el 30 de septiembre de 2019, momento en el que sucede la presunta estafa a la compañía que se investiga en un juzgado de València.
De igual modo, pedían los ediles del PP "copia de cualquier comunicación" recibida en la EMT en relación con este presunto fraude, por parte del Centro Criptológico Nacional, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas, del Banco de España, y del Fondo Europeo de Inversiones.
Sin embargo, desde la EMT afirman que el PP tiene "copias de todos los informes de seguridad, de todas las notificaciones de todos los organismos de control, los informes de auditoría (que están publicados en el Portal de Transparencia), etc" y explica que únicamente manifiestan "algunas dudas sobre el derecho a las comunicaciones al pedir el contenido de mails". Estas alegaciones son las que "no han sido tenidas en cuenta ya que la resolución se dictó antes".
Al respecto, el edil Giuseppe Grezzi, ha sostenido que desde la EMT "respetamos de manera escrupulosa la ley, pero en esta resolución ha habido un error administrativo que ha impedido que se tuvieran en cuenta las alegaciones de EMT". "Por eso vamos a estudiar nuestras posibilidades y utilizaremos todas las vías legales para recurrirla", ha anunciado.
A su juicio, "al final, lo que intenta hacer el PP es embarrar pidiendo documentación que ya tiene o que directamente saben que no existe. La transparencia que estamos demostrando, atendiendo a peticiones masivas de información por parte de la oposición, no tiene precedentes en EMT y hubiera sido impensable en la época del PP. Tienen toda la información, pero su objetivo no es fiscalizar, sino hacer ruido e intentar desinformar".
Por parte del PP, el concejal Mundina ha criticado, por contra, que la "falta de transparencia" del gobierno municipal de Compromís y PSPV "queda patente en las continuas resoluciones del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, la Agencia Antifraude, la Agencia de Protección de Datos y el Consell de Transparencia, en las que constantemente está afeando su oscurantismo y apremiado al Ayuntamiento para que deponga su cerrojazo informativo a los Grupos de la oposición".
"A estas alturas, los valencianos ya sabemos que el gobierno de Ribó y el PSPV se caracteriza por decir una cosa y hacer todo lo contrario" y ha resaltado que "presumen de ser transparentes pero sus actos evidencian que realmente no lo son".