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El Consell da luz verde a la norma que permitirá a la Generalitat frenar la venta de edificios

Dalmau afirma que el decreto de tanteo persigue "la especulación" y el sector ve intervencionismo

6/06/2020 - 

VALÈNCIA. "Este decreto ley que amplía los derechos de tanteo y retracto es una medida contra el intento de fondos de inversión de hacerse con centenares de viviendas valencianas. Es una herramienta contra la especulación inmobiliaria". Con estas palabras resumía el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, el espíritu de la norma que aprobaba el pleno del Consell este viernes. Un texto con importantes novedades como la posibilidad de que la Generalitat Valenciana pueda intervenir en la venta de edificios con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda. No obstante, el texto ha generado cierto recelo en el seno del sector inmobiliario que advierte de intervencionismo en el mercado y freno en la inversión.

En concreto, el tanteo y retracto son dos derechos de adquisición preferente que posibilitan a la Administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta -tanteo- o después de que se haya vendido -retracto-. Aunque regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, el texto incorpora importantes novedades como avanzara hace unas semanas Valencia Plaza.

Y es que entre sus novedades destacan la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. "Si no actuamos, son miles de viviendas las que pueden pasar a manos de fondos de inversión en detrimento de los valencianos. Lo que tenemos que conseguir es que las viviendas estén en manos de personas", explica a este diario el conseller.

Dalmau incide en que el objetivo no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria, de hecho la solvencia financiera de la administración valenciana tampoco le permite comprar de forma masiva, sino frenar "el intento de fondos buitre de hacerse con centenares de viviendas valencianas". De hecho, serán susceptibles de estos derechos de adquisición preferente "las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio", así como "en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos". En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria

El objetivo en todo momento es aumentar el parque público y que esas viviendas que puedan ser 'recompradas' se destinen a vivienda pública. "Va a suponer un antes y un después en las políticas públicas no solo de la Comunitat Valenciana, sino del Estado español", subrayó Dalmau en su comparecencia en el pleno del Consell.

Foto: EDUARDO MANZANA

Aunque no tiene una estimación exacta de cuántas viviendas se podrán sumar al parque público, recordó que su compromiso de legislatura es aumentarlo un 30% durante estos cuatro años. "No tenemos un cálculo exacto, pero sabemos que serán posiblemente miles de viviendas que estaban destinadas a ir a fondos", apunta el conseller en declaraciones a Valencia Plaza. Además, incide en que ahora al sumar a los ayuntamientos, ellos también tendrán potestad para ir adquiriendo inmuebles que pongan al servicio de sus vecinos.

"Queremos involucrar a los consistorios en las políticas de vivienda para que vayan aumentando o, en su caso, creando parque público municipal", explica. Y esta es otra de las novedades del decreto ley: la colaboración entre administraciones que se prevé o bien cediendo esos derechos a los ayuntamientos o ejerciéndolos la administración en su favor

Recelos y miedo en el sector

Sin embargo, en el sector inmobiliario existe cierto miedo a que esta medida pueda espantar a los inversores de la plaza valenciana. Y es que la posible intervención en el mercado no ha gustado a todos al entender que puede provocar un freno en la inversión y, en consecuencia, lastrar la recuperación económica en el actual contexto de crisis provocada por la pandemia del coronovirus. Ya advertía hace unas semanas la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, del "miedo" que se puede instaurar entre los inversores el que la administración pública interponerse en una operación. "Me parece peligroso porque puede frenar la riqueza", asegura en declaraciones a este periódico. 

Preguntado al respecto este pasado viernes, Dalmau negaba que se vaya a "perjudicar las compraventas". "Al contrario lo que hacemos es fortalecer a las familias", defendía. Asimismo, negaba las críticas del sector señalando que "están encantados". "Todos los agentes, Colegios, notarios, registradores y promotores nos han dicho que este decreto nos situará a la vanguardia. Este decreto va contra las grandes ventas a fondos buitre y contra la especulación inmobiliaria. Todos están encantados", subrayó.

Pero no todos piensan así. Los promotores valencianos consideran que cualquier atisbo de intervención en el libre mercado nunca es positivo. "Entendemos la medida que plantea la Generalitat, y es bueno que el Consell disponga de un parque de VPO, pero siempre que su intervención sea a priori, es decir, antes de que el inmueble salga al mercado. El simple anuncio de que pueden parar una operación mientras se está negociando, con lo complicadas que son estas negociaciones, va a desincentivar a los inversores, con lo cual la norma será contraproducente incluso para la propia Generalitat", afirma Jesualdo Ros, secretario general de la asociación de promotores alicantinos Provia y a su vez de la autonómica Feprova.

Asimismo, fuentes del sector, por su parte, explican a este diario que los promotores no se han opuesto a la norma por escrito porque se limitaron a enviar una notas a la Conselleria de Dalmau tras recibir, el jueves por la noche, apenas a unas horas de que se aprobase en el Consell, el borrador. Sí se hicieron algunas objeciones a la medida. "El conseller y su jefe de gabinete conocen el rechazo del sector a la medida, ya que se lo han trasladado verbalmente en varias ocasiones", señalan.  

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