MADRID (EFECOM).Los cargos (pagos en la factura de la luz para cubrir aspectos regulados del sistema) tendrán una parte fija y una variable, que se determinará en función de la energía consumida por el usuario de la vivienda, empresa o industria, según el real decreto del Gobierno que establece su metodología y que da un mayor peso al componente variable.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado este martes el periodo de información pública del proyecto de real decreto por el que establece la metodología de cargos del sistema eléctrico, que, junto a los peajes del sistema, fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), componen la parte regulada de la factura de electricidad que se suma al coste de la energía consumida.
La norma no establece los cargos concretos, sino el método para su cálculo, y aunque, por regla general, los cargos son fijos e independientes del consumo, al derivar de decisiones políticas adoptadas en el pasado, el gobierno ha decidido que haya una parte fija y otra variables, y que esta última tenga un mayor peso.
Según el proyecto de real decreto, para los consumidores con menos de 15 kilovatios (Kw) de potencia contratada (la mayoría de los usuarios domésticos y pymes), el 75 % de los cargos se calculará basándose en su consumo energético y el 25 % restante será de término fijo en función de la potencia contratada.
Para el resto de los consumidores, el 40 % de los cargos se calculará a través del término fijo y el 60 % a través del variable.
Con ello, el Ministerio pretende que las medidas que promuevan el ahorro y eficiencia energética tengan un mayor efecto sobre la cantidad que se abona en concepto de cargos y que éstos se reduzcan en una mayor proporción.
También persigue promover el autoconsumo, que reduce la energía consumida al incluir los excedentes de producción, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos, al favorecer la gestión de la demanda.
No obstante, el Ministerio conserva una parte fija de los cargos para mantener el equilibrio con otras prioridades de política energética, con lo que permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, como es el caso de las bombas de calor.
Para simplificar el sistema y tener coherencia con la metodología del cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad aprobados por la CNMC, el proyecto de real decreto asume la misma estructura tarifaria por niveles de tensión.
También utiliza los mismos componentes de facturación y opta por una estructura de cargos con discriminación horaria, utilizando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por la CNMC para los peajes.
El Ministerio ha explicado que la metodología de cargos del real decreto determina los criterios para el reparto de los cargos pero no fija su importe total, ni siquiera el precio final de los cargos en la factura, sino que será la evolución de la demanda del resto de costes e ingresos regulados del sistema, como por ejemplo las subastas de CO2, la que marque el coste de los cargos en cada ejercicio.
El importe de los cargos se fijará mediante orden con suficiente antelación, mientras que la CNMC también remitirá una resolución determinando los peajes correspondientes.
La metodología de cargos se actualizará cada seis años, aunque podrán revisarse con carácter excepcional si se producen circunstancias especiales debidamente justificadas, como cambios en los componentes que forman parte de los cargos del sistema eléctrico o modificaciones en la normativa europea, entre otros.
Además, el proyecto de real decreto que ha salido a información pública modifica la normativa que regula actualmente el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada (necesario para acceder a los descuentos del bono social) para adaptarla a la nueva estructura de peajes y cargos.
También aprueba una metodología para calcular el coste derivado de la emisión de refacturaciones por las compañías comercializadoras de electricidad, en ejecución de varias sentencias que ha habido sobre este asunto.
Una vez que pase el periodo de consulta pública, que concluye el 28 de julio, y se estudien las alegaciones recibidas, el proyecto de real decreto tendrá que ir al Consejo de Ministros para su debate y aprobación.
Tras ello, se elaborará la orden ministerial que fije los cargos del ejercicio correspondiente y, en coherencia con la propuesta de la CNMC, la aplicación de los nuevos cargos no se producirá antes del 1 de abril de 2021.
En junio, la CNMC retrasó la entrada en vigor de los peajes al 1 de abril de 2021 por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus, y al 1 de octubre de ese año las de los de gas para que distribuidoras y comercializadoras adaptaran equipos, sistemas informáticos y contratos a la nueva estructura de peajes, al retrasarse los trabajos por la situación.
Los cargos están destinados a cubrir costes del sistema eléctrico (financiación de las energías renovables y cogeneración, financiación del déficit del sistema de ejercicios pasados y el 50 % de los sobrecostes de la generación de electricidad en los territorios no peninsulares), mientras que los peajes cubren los costes del uso de las redes de transporte y distribución.
