El PSPV se queda solo al rechazar la tramitación de la reforma de la Ley de Participación Institucional

VALÈNCIA. Diez días después de que se produjera la manifestación por una financiación justa para la Comunitat Valenciana el pasado mes de noviembre, la síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, sorprendió a todos con su anuncio de querer modificar la Ley de Participación Institucional que aprobó su partido en 2015 para hacerla accesible a los sindicatos y agentes empresariales minoritarios. El gesto fue interpretado por el resto de grupos parlamentarios como una "venganza" por parte de los populares por la participación de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la marcha reivindicativa.

La crispación entre los partidos por esta maniobra del PPCV alcanzó temperaturas máximas durante los días previos a la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2018, ya que el partido de la gaviota registró la Proposición de Ley (PL) de modificación de la norma días antes de la validación de las cuentas autonómicas. Y más cuando Podemos amagó con apoyarla.

Una vez superada la tensión de aquellas jornadas -incrementada por la incertidumbre de si Podemos apoyaría los presupuestos o no-, este miércoles llegó el debate a Les Corts. Los grupos debían votar dos cuestiones: si admitir a trámite o no la PL y, después, si hacerlo por lectura única. Es decir, a través de un método que no admite enmiendas ni reformas de ningún tipo al texto propuesto.

A lo segundo se opusieron todos los grupos parlamentarios -excepto el PP- por ser un método "antidemocrático" -como lo tildaron desde Podemos y Compromís- y al que solo se suele recurrir cuando hay un amplio consenso sobre el contenido del documento propuesto. Los votos favorables de los populares, Ciudadanos, Podemos y Compromís sí permitieron, no obstante, que la proposición de ley fuera admitida a trámite. Es decir, que en los próximos días se pueda llamar ya a comparecer a distintos agentes implicados y los grupos presenten enmiendas para modificar la ley. Tan solo el PSPV votó en contra de su tramitación. Su rechazo, tal y como argumentó el portavoz socialista, Manolo Mata, se basaba en que la motivación del partido de la gaviota para querer cambiar esta norma había sido puro "revanchismo" contra la patronal que preside Salvador Navarro.

"Esto es una venganza miserable y ordenada desde sus filas como un aviso a navegantes por si ganan las elecciones para advertirles de lo que les pueda pasar", remarcó para considerar que lo que se pretendía era "reventar el sistema sindical y empresarial de la Comunitat". 

Ahora bien, a pesar del posicionamiento en contra, que fue finalmente lo que trascendió del día, el portavoz socialista se comprometió días atrás a estudiar cómo se podrían repartir las ayudas entre más sindicatos de los que a día de hoy ya las reciben (CCOO y UGT). Por su parte, ni la coalición valencianista ni la formación morada estuvieron del lado de los del puño y la rosa en la votación de este miércoles.  

Crítica a la lectura única

Que el PP intentase que se aprobase su propuesta de modificación  -que se limitaba a eliminar de la ley la expresión "más representativas"- por lectura única despertó una lluvia de críticas de todos los grupos del arco parlamentario. Y no solo porque la propia bancada popular se opusiera hace apenas dos semanas a que esta fuera la metodología elegida para aprobar el pacto de horarios comerciales. 

El diputado de la formación morada Antonio Montiel cuestionó esta fórmula elegida por el PP por la incongruencia que suponía que quisieran abrir la ley para que otros sindicatos minoritarios pudieran acceder a las subvenciones, pero sin embargo pretendieran que se aprobase sin trámite de enmiendas y comparecencias. Ya que de haberse validado así, ningún representante de ningún sindicato minoritario a los que ahora quieren que puedan optar a obtener estas ayudas hubiera podido comparecer en Les Corts para dar su opinión sobre los cambios que merece esta norma. 

Para la portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà, sin embargo, el defecto no sólo era de forma, también de fondo porque las modificaciones que habían recogido en el texto propuesto cambiaban artículos en los que no se define cuáles son las organizaciones más representativas. En concreto, el artículo 3 de esta ley es el que establece los criterios de representatividad en el ámbito de la participación institucional que debe cumplir una organización sindical o empresarial para ser considerado más representativo. En él, queda definido que la "representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales a la que se refiere esta ley se regirá por lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical". Por lo que, sin hacer modificaciones de este artículo, aunque se hubiese aprobado este miércoles la propuesta de los populares, "no hubiera cambiado nada". En este sentido, también Montiel criticó que el PP no hubiese querido modificar la norma del año 1985 habiendo estado en el Gobierno valenciano 20 años.