VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aceptado el recurso de reposición interpuesto por Sanidad contra la decisión del alto tribunal de suspender cauterlarmente la decisión de la conselleria que limitaba la realización de prácticas universitarias a los estudiantes de la rama sanitaria de la Universidad Católica de Valencia en los centros sanitarios de la red pública.
Este tipo de recurso, que se interpone contra providencias y autos no definitivos, no significa terminar con la suspensión cautelar ya que el recurso ha sido aceptado sobre la pieza principal, que contenían los motivos de fondo por los que la Universidad Católica demandaba a la Generalitat: los derechos fundamentales de los alumnos.
La aceptación de este recurso da pie a que a Sanidad pueda explicar en una vista al TSJCV por qué cree que la postura de la universidad privada no es la adecuada. Mientras, continúa la suspensión cautelar que decretó el TSJCV y que no permite a la Conselleria llevar a cabo su propósito de prohibir a los alumnos de la Universidad Católica el realizar prácticas en hospitales públicos no aplicando los convenios vigentes, aunque Sanidad asegura que están caducados.
También suspendió el sistema propuesta desde Generalitat de permitir estas prácticas con un convenio realizado a través de la Universitat de València, que permitiría hacer estas prácticas a los alumnos que ya estuvieran cursando los grados de Enfermería y Medicina de la universidad privada, aunque conllevaba pagar un canon por ello.
La Generalitat aludía en su recurso a la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Según explicaron, esta norma impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer un trabajo en su horario laboral, -tutelar a estudiantes- para centros privados. Con esta base, alertaban de que si dicho profesorado prestara sus servicios en horario de trabajo para alumnos de un centro privado habría originado una situación anómala y manifiestamente irregular.
Otro marco normativo al que se apuntó es el Real Decreto 420/2015, de obligado cumplimiento, que obliga a reformular los conciertos entre las universidades y la Administración para regular las prácticas. El citado real decreto, en su disposición final tercera establece que "un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación".
La Generalitat también aludía a otra serie de irregularidades. Los convenios de colaboración vencidos y sin vigencia, circunstancia que se puso en conocimiento de la Universidad Católica de Valencia el 31 de mayo de 2016, según Sanidad.
Mientras, los estudiantes de sexto curso del grado de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (CEU-UCH), otra de las universidades afectadas, denunciaban este viernes la "falta de sensibilidad" de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por, según ellos, no tener asignadas las plazas para realizar las prácticas curriculares en los centros hospitalarios de gestión pública de la Comunitat Valenciana.
Ante esta situación, alumnos del CEU avanzaron en un escrito que se concentrarán el próximo martes 27 de septiembre a las 11 horas a las puertas de la sede de la Conselleria de Sanidad y Salud Pública en Valencia, en un acto con el que pretenden defender que no son "ni clientes ni millonarios ni invisibles, sino estudiantes de Medicina" y para reclamar "un sistema formativo que no excluya a nadie".
En el comunicado, los estudiantes de sexto de Medicina criticaron el "criterio sectario" de la Generalitat al, en su opinión, "imponer trabas para la formación de los futuros médicos en los hospitales de la red pública", y a pesar de que "(Vicent) Marzà --conseller de Educación-- se comprometió públicamente a no perjudicar a quienes ya habían iniciado sus estudios".
La Universidad CEU también recurrió la limitación de realizar las prácticas en hospitales públicos, sin embargo no pidió medidas cautelares para parar las intenciones de la Conselleria, por lo que en principio deja margen de maniobra para llegar a un acuerdo. Desde Sanidad y la propia universidad apuntan a reuniones bilaterales, a las que se suman las universidades públicas, pero reconocen que todavía no hay un plan concreto.
"Confiamos en que en los próximos días, la Consellería hará efectivo su compromiso de garantizar las plazas a los alumnos ya matriculados antes de que se produjera la denuncia de los convenios", explican desde el CEU, mientras que desde Conselleria también confían en llegar a un acuerdo la próxima semana.
