Así están los estibadores doblando el brazo del Gobierno

VALENCIA. Gobierno, estibadores y empresas vuelven a verse las caras este martes en el Ministerio de Fomento en busca de un punto de encuentro que evite las tres jornadas de huelga convocadas a partir del lunes. El ministro Íñigo de la Serna abrió este lunes un resquicio a un posible acuerdo al insistir en la "voluntad de diálogo" del Ejecutivo, cuya postura ha ido perdiendo contundencia en las últimas jornadas en contraste con la demostración de poderío de los estibadores.

El líder de Coordinadora, el sindicato mayoritario de la estiba, admitía en una asamblea reciente con trabajadores de Cartagena -filtrada a su pesar- que una de las claves para frenar el plan del Gobierno para acabar con la exclusividad de los estibadores vía decreto ley iba a ser torpedear la convalidación de ese decreto en el Congreso.

El apoyo clave a conseguir era el del PSOE. Antolín Goya explicó a sus "soldados", según su terminología, que ya existía un primer acuerdo con los socialistas que debería ratificarse en una reunión posterior con la mismísima Susana Díaz, que apenas unas horas después les recibía en la sede de la Junta.

La foto de uno de los baluartes del socialismo español con la cúpula del sindicato y sus responsables en el Puerto de Algeciras ha sido uno de los momentos clave del pulso que sindicatos y Gobierno mantienen en los últimos días. La presidenta andaluza afeó al Gobierno si actuación "unilateral y por decreto" y abortó con ello cualquier opción de que el PSOE en el Congreso respaldase el decreto.

Poco después, el ministro de Fomento replicaba que desde que el Tribunal de Justicia de la UE falló en contra del régimen de exclusividad de este colectivo se ha buscado una solución "negociada". Sin embargo, De la Serna dio un volantazo en su estrategia para cambiar imposición por diálogo al convocar a empresas y estibadores para negociar una solución que encajase dentro de las exigencias de la Comisión Europea.

¿Por qué el Ministerio de Fomento decidió dar una semana más de plazo, hasta el viernes 17, en lugar de aprobar en el Consejo de Ministros del pasado día 10 un decreto ley que ya tenía redactado? ¿Ha subestimado el recién llegado Íñigo de la Serna -tal vez mal aconsejado por Puertos del Estado- la capacidad de movilización del colectivo? ¿No amarró el Gobierno suficientes apoyos en el Congreso al texto validado por Bruselas?

Pese a que son muchas las incógnitas que surgen de la errática estrategia del Gobierno, varias fuentes del sector coinciden en señalar que ese margen extra ha dado alas a los portuarios y ha debilitado la posición negociadora de Fomento, además de dejar a las empresas a los pies de los caballos. Tan arriba se han venido los estibadores que incluso han exigido que la Comisión Europea se siente a negociar con ellos "sin intermediarios".

Sirve como muestra de su fortaleza el acuerdo firmado el pasado sábado, tras el infructuoso primer encuentro Gobierno-estibadores-empresas, mediante el que los grandes operadores del Puerto de Valencia respaldaron la petición de diálogo a cambio de que la normalidad regresase a los muelles.

Dicho y hecho. En pocas horas, Valencia pasó de rozar el colapso por las "marchas lentas" a funcionar de nuevo a pleno rendimiento. Los estibadores, que el día anterior alegaron sentirse desmotivados y "faltos de alegría" para justificar caídas de productividad del 60%, hicieron valer su capacidad de presión para conseguir la firma de gigantes como Noatum, MSC, APM o Transmediterránea. ¿Por qué habían de sufrir las empresas esa presión -y pérdidas millonarias- si el Gobierno está doblando el brazo?

El colectivo ha funcionado en bloque casi desde el mismo momento en que se conoció la intención del Gobierno de aprobar el decreto ley. Coordinadora ha exhibido en todos los ámbitos una unidad de acción que ya querría para sí la patronal Anesco y no ha dudado en utilizar su capacidad para bloquear el país con el objetivo de ir sumando apoyos a su causa, con acusaciones de "boicot" por parte de las empresas. Una reacción tan previsible como pasmosa ha sido la miopía de Puertos del Estado al no verla venir. 

La presión ejercida en los muelles y en los despachos ha acabado por resquebrajar la unidad empresarial ante la pasividad del Gobierno, que insiste en que su margen de maniobra termina donde comienzan las exigencias de Bruselas, que ya no dará mucho más margen antes de dictar sentencia de nuevo y reclamar una "multa coercitiva" de 134.107,2 euros por cada día de incumplimiento.

En paralelo, los estibadores han desplegado una campaña de propaganda que ha dejado en evidencia al Gobierno y que les ha permitido atraer a todos los grupos interesados en desgastar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al reducir la cuestión a una sencilla disyuntiva -o se está por la imposición del Gobierno y de los grandes fondos que controlan las empresas, o por el diálogo para evitar un "ERE encubierto" para 6.000 familias- no extraña que los primeros apoyos vinieran de Podemos o Izquierda Unida.

Enfrente, el mensaje de las empresas no parece haber calado tanto. Ni siquiera la promesa de crear 18.000 puestos de trabajo con la liberalización de la actividad ha erosionado los argumentos de los estibadores. Tampoco la realidad de sus salarios, que en Valencia superan los 90.000 euros, o su régimen laboral, privilegiado comparado con el de la media de los españoles, les han hecho perder apoyos.  

El Ministerio de Fomento tiene este martes una nueva ocasión de explicar cómo piensa conseguir la cuadratura del círculo para evitar la huelga y, al mismo tiempo, cumplir con la sentencia del TJUE, dictada en diciembre de 2014. El registro de trabajadores, la exigencia clave de los estibadores es, según el Gobierno, una de las líneas rojas que ha marcado Bruselas. Si ninguna de las partes cede, el temido conflicto estallará en seis días.