El Gobierno apura los plazos para presentar los presupuestos de 2025 "en tiempo y forma"

VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha reiterado este martes que cumplirá con su obligación de presentar los presupuestos para 2025 y que se aprobarán "en tiempo y forma", pese a que todavía no cuenta con una senda de estabilidad ni apoyos políticos garantizados, lo que deja un calendario ajustado para las próximas semanas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas unas cuentas que, según apuntó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana, ya tienen muy avanzado el "esqueleto".

Las futuras cuentas de 2025 serían las primeras de esta legislatura, ya que el Ejecutivo renunció a presentar las de 2024 por el complicado calendario electoral y optó por mantener prorrogadas las de 2023.

El techo de gasto, el primer escollo

Antes de presentar los presupuestos, el Gobierno tendrá que aprobar, de nuevo, la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, después de que la primera cayera en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, que adoptó esta decisión en el último momento tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajaría a Barcelona para reunirse con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

La Ley de Estabilidad da un mes al Gobierno para presentar una nueva senda -un plazo ya vencido-, que podría ser la misma. Estos objetivos se votarán en el Congreso y, si resultan aprobados, en el Senado, aunque si la Cámara Alta los rechaza, el Congreso podría levantar ese veto.

Por el momento, el Gobierno no ha avanzado cuándo llevará la nueva senda al Consejo de Ministros, lo que unido a la búsqueda de apoyos políticos -sobre todo, el de Junts- y los plazos parlamentarios, podría alargar este proceso varias semanas.

Déficit del 2,5 % del PIB en 2025

La senda de estabilidad rechazada en julio preveía que el déficit público bajara al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1 % del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente-.

La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- quedaba fijada en el 3,2 % para 2025, el 3,3 % para 2026 y el 3,4 % para 2027, lo que ayudaría a bajar la deuda pública al 103,6 % del PIB, el 101,8 % del PIB y el 99,7 % del PIB, respectivamente.

Esta senda de déficit se asienta en unas previsiones de crecimiento económico del 2,4 % este año, el 2,2 % en 2025 y el 2 % tanto en 2026 y en 2027, un año en el que la tasa de paro caería por debajo del 9 %.

Por lo que respecta al límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año -que se debate pero no se vota- se situaba en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más, una cifra que se elevaba hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos.

Próximos pasos

Una vez aprobada la senda de estabilidad, el Gobierno estará en condiciones de presentar el proyecto presupuestario, algo que debería ocurrir antes de final de septiembre, pero que el Ejecutivo ha planteado en alguna ocasión que pudiera ser a primeros de octubre.

A partir de ahí se abre un largo proceso de tramitación parlamentaria que suele extenderse durante unos tres meses, en los que el texto necesita recabar suficientes apoyos políticos para su aprobación, algo que se presenta más complicado en esta legislatura que en la pasada.

El Gobierno pretende superar la tramitación parlamentaria antes de final de año para que los presupuestos estén en vigor el 1 de enero. De no ser así, sería necesario volver a prorrogar las cuentas de 2023, una doble prórroga que ya se vivió con los presupuestos de 2018, aunque en ese momento la situación estaba afectada por la pandemia. 

Nuevas reglas fiscales europeas

Los futuros presupuestos de 2025 serán los primeros ajustados a las nuevas reglas fiscales europeas, que ponen el foco en el incremento del gasto neto a medio plazo, en lugar de en objetivos anuales de déficit.

De hecho, alrededor de los meses de septiembre u octubre el Gobierno tiene que remitir a Bruselas un plan fiscal estructural en el que definirá cómo prevé reducir el déficit y la deuda en los próximos años.