Camps, este miércoles, en la Ciudad de la Justicia de València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Abogacía de la Generalitat acusa al que fuera jefe del Consell Francisco Camps de malversación continuada en concurso con un delito de prevaricación administrativa, además de otro delito de tráfico de influencias por su presunta implicación en la adjudicación fraudulenta de contratos para la construcción del circuito de F1.
Por ello, solicita una pena de siete años de cárcel, diecisiete años de inhabilitación absoluta y otros nueve de inhabilitación para cualquier cargo público. La Generalitat cifra el dinero malversado en 55,7 millones de euros, derivados de la construcción de la zona de La Marina, 25 millones; de la zona de paddock y boxes, 23 millones, y otros 7,7 millones de gastos financieros.
Son cantidades no incluidas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento de València, que se comprometía a hacer pagar parte del circuito a los promotores de la zona del Grao, concretamente 45 millones de euros, y reembolsarlo a la Generalitat.
La Abogacía explica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, que hubo varias reuniones previas a la adjudicación de los contratos, de las que existen actas y correos electrónicos. Tras ellas se iniciaron los trámites necesarios para "la licitación y adjudicación de los contratos que debían ser suscritos a fin de llevar a buen término el proyecto del Circuito urbano de la F1 en Valencia, trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano. Al mismo tiempo, por parte de las consultoras Typsa y Ayesa, futuras adjudicatarias de los contratos, se iniciaron los trabajos que posteriormente les serían adjudicados".
De hecho, la Abogacía mete en el ‘saco’ de la malversación, además de los tres contratos que la Fiscalía Anticorrupción tuvo en el disparadero pero de los que dijo que solo uno parecía ser malversación, el resto de contratos firmados. Esto evitaría la prescripción de la malversación agravada, pues el montante total supera los 55 millones. Como prueba de su argumento, cita varios correos electrónicos entre dos trabajadores de Typsa que dicen: "¿Desde cuándo se supone que estamos trabajando?" y "Hay que eliminar el rastro de fechas", a lo que el segundo de los trabajadores responde: "Buena observación".
Sobre Camps, dice que todos los contratos presuntamente fraudulentos se pudieron suscribir gracias a un decreto firmado por el entonces presidente del Consell. Un decreto que encomendaba actuaciones al Ente Gestor de la Red Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) que excedía de sus competencias. Según el abogado de la Generalitat, el decreto se firmó "sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia (Camps) que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado". Esta opinión también choca con el criterio del Ministerio Fiscal, que en su petición de archivo de la causa afirmó que Camps sí que era competente debido precisamente a su cargo como presidente.
Respecto de uno de los aspectos más mediáticos del caso: si el circuito tuvo un "coste cero" para los valencianos, como anunció Camps, o si por el contrario costó 98 millones al erario, agrega el letrado que "no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos, y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público, y a través de un organismo no competente".
Añade la Abogacía que Camps anunció el coste cero, "para lo cual es esencial el convenio suscrito entre GTP y el Ayuntamiento de València (división de coste y competencias). Sin embargo, ello no fue cierto, hasta el punto de que a día de hoy, no se ha recuperado importe alguno de lo gastado en el circuito, y no por desidia de la administración, sino simplemente por la aplicación de lo convenido".
Sobre la competencia, dice que a GTP "no le compete la construcción de infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas para acoger la celebración del Gran Premio de Fórmula 1", y que para "darle apariencia de legalidad" fue necesario firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de València para resolver las cuestiones de competencia a través de un subterfugio utilizado por Camps de un "pretendido estudio" de soluciones viales. Sobre esto asegura que "jamás" se pidió un informe a la Intervención de la Generalitat o a la Abogacía.
Asevera el abogado que Camps, en su ansia de tener la F1, "prevaliéndose de la autoridad inherente a su cargo" presionó a Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, director general de la Conselleria de Infraestructuras y mano derecha de otro de los imputados, el entonces conseller Mario Flores, "ordenándole y solicitándole, aprovechándose de la relación de amistad que les unía y capacitación como ingeniero del que era conocedor tras la etapa en la que coincidieron ambos en el Ayuntamiento de València" para conseguir sus fines.
En cuanto al conseller Mario Flores, explica que "no solo firmó una resolución en domingo", sino que firmó varias más relacionadas con las presuntas licitaciones fraudulentas, así como una resolución de cerca de 32 millones de euros a favor de la UTE FCC-Pavasal-Becsa, y un modificado de 6,2 millones a favor de esta misma UTE. También firmó los contratos a favor de Cyes y Hormigones Martínez, empresas todas con personas imputadas en la causa.
En su escrito de acusación contra 14 personas, la Abogacía no acusa al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, que queda así definitivamente libre de cargos al no haber sido acusado tampoco por la Fiscalía Anticorrupción, que considera prescritos los delitos de malversación y prevaricación que investigaba.
Al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a su mano derecha en este departamento Victoriano Sánchez-Barcaiztegui les pide la misma pena que a Camps, siete años de cárcel.
Para el que fuera máximo dirigente de la constructora FCC, José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, solicita tres años y medio de cárcel así como ocho de inhabilitación absoluta y cuatro para cargo público.
Esta es la relación de delitos y penas solicitadas por la Abogacía de la Generalitat:
Francisco Camps
- 7 años y un día de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de malversación de caudales públicos del art. 432.2 en concurso con un delito de prevaricación del art. 404.
- 9 meses y un día de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 años, por el delito de tráfico de influencias del art. 428 del código penal.
Victoriano Sánchez-Barcaiztegui
- 7 años y un día de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de malversación de caudales públicos del art. 432.2 en concurso con un delito de prevaricación del art. 404.
Mario Flores
- 7 años y un día de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de malversación de caudales públicos delart. 432.2 en concurso con un delito de prevaricación del art. 404.
Antonio Carbonell Pastor
- 7 años y un día de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de malversación de caudales públicos del art. 432.2 en concurso con un delito de prevaricación del art. 404.
César Cuesta García
- 7 años y un día de prisión, 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, 9 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito continuado de malversación de caudales públicos del art. 432.2 en concurso con un delito de prevaricación del art. 404
José Luis Manzanares Japón
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público
Práxedes Giménez Jiménez
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Rafael Martínez Berna
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Tomás Martínez Berna
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
José Mayor Oreja
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público
Felipe Almenar Lafuente
- 3 años 6 meses y un día de prisión, 8 años de inhabilitación absoluta, y 4 años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
