Les Corts aprueban la subida salarial del 2% a los funcionarios con el apoyo de PSPV y Compromís

Así se ha acordado en la Diputación Permanente de Les Corts, en la que se ha aprobado, con el apoyo del PP, PSPV y Compromís y los votos en contra de Vox, el decreto ley 8/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024. Los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) han pedido que la iniciativa se tramitara como proyecto de ley, pero ha sido rechazado por el PP y Vox.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha expuesto a los grupos que el real decreto contempla, en su artículo 6, el incremento retributivo del personal del sector público para 2024, así como los criterios exigidos por el Estado relativos a los gastos de personal.

Además, la consellera ha indicado que esta medida se desarrolla para el cumplimiento del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022, que en el apartado de las retribuciones compromete al Gobierno con las organizaciones sindicales firmantes a un incremento salarial a lo largo de los tres ejercicios de referencia --2022, 2023 y 2024--. Para el año 2024, concretamente, el incremento salarial fijado será del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en el ejercicio anterior.

Con el objetivo de trasladar esta medida al ámbito autonómico, el Consell, ha indicado Merino, "trae a esta Cámara este decreto ley con el que pretende asegurar la actualización de las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat en los términos previstos en la legislación básica estatal", ha dicho.

"Si bien esta medida --ha añadido-- viene del Gobierno de la nación, no es menos cierto que este Consell está firmemente comprometido con la mejora de la calidad de los servicios públicos y con la mejora de la calidad y las condiciones laborales de los empleados públicos".

En esta línea, Merino ha explicado que el Consell se ha propuesto cumplir con la normativa europea y fijarse el objetivo de rebajar la temporalidad en el empleo público al 8%. Para ello se está elaborando un plan estadístico que, tras una fase de análisis de la situación actual, afrontará reformas estructurales para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Generalitat.

Al respecto, la diputada del PP Laura Chulià ha pedido el apoyo de los grupos para convalidar el decreto que actualiza "por fin" las retribuciones de personas que "entregan su dedicación y carrera profesional al interés por lo público", ha destacado. También ha dicho que el decreto "cumple" con los requisitos legales exigidos, con los diferentes informes elaborados y la memoria económica.

Frente a estos argumentos, el diputado de Vox José María Llanos ha mostrado su oposición a la aprobación del decreto porque "una cosa es la carrera de funcionario público, cuyas retribuciones deben actualizarse, y otra son los políticos, los cargos públicos".

Al respecto, ha lamentado que "se mete en un mismo saco y se vinculen intencionadamente" las subidas de sueldos a funcionarios con el aumento de retribuciones "a los que tienen sencillamente un cargo político". "No hay que mezclarlos y, menos, en un régimen retributivo igual para todos", ha apostillado.

"Nosotros --ha añadido-- estamos de acuerdo con que los funcionarios perciban un aumento de salario pero no con que se utilicen como escudos humanos para camuflar lo que tenemos, que es un nuevo aumento del gasto político", ha aseverado.

"Sin trabajadores públicos no hay democracia"

El diputado del PSPV Toni Gaspar ha señalado que su grupo apoyaba el decreto porque "sin trabajadores públicos no hay democracia" y porque están de acuerdo con lo acordado en el marco del diálogo social.

Por su parte, desde Compromís, el diputado Joan Baldoví, ha afirmado que su grupo votaba a favor del decreto porque no querían "hacer pagar a los trabajadores públicos el precio de la hipocresía del PP". No obstante, ha anunciado que iban a exigir que se tramitara la iniciativa como proyecto de ley incluyendo como enmienda la homologación salarial de los 15.000 trabajadores de Servicios Sociales ya pactada con los sindicatos.