El presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los correos electrónicos mediante los cuales se perpetró la estafa de cuatro millones de euros contra la EMT de València dan buena cuenta de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Las comunicaciones cruzadas entre la que fuera jefa de Administración de la EMT, Celia Zafra, el falso abogado de Deloitte, y el banco que tramitó los pagos, Caixabank, dejan evidencia de cómo se sucedieron los movimientos de los defraudadores.
De sobra conocido es que hubo ocho transferencias de en torno a 500.000 euros cada una entre los días 3 y 20 de septiembre. Pero hubo un momento en el que el perjuicio pudo haber sido mayor para las cuentas de la empresa pública, con un salida de cash multimillonaria de un sólo plumazo, con una sola transferencia. Ese momento fue el 9 de septiembre, después de que ya se hubieran hecho dos pagos a las cuentas de los estafadores situadas en China.
Ese día, la empleada que presumiblemente fue engañada, la que fuera jefa de Administración, Celia Zafra, envió al falso abogado de Deloitte un mensaje titulado "Límite disposición de fondos" en el que le comunicaba que "de acuerdo con la conversación telefónica mantenida hoy", el gerente de la empresa, Josep Enric García, y la jefa de Gestión, María Rayón "podrían ordenar una transferencia de fondos del 60%".
Hay que recordar que la factura total de adelanto -el montante total del fraude- ascendía a los 11,4 millones. Es decir, que los defraudadores aspiraban a llevarse, al menos, esa cantidad de dinero en varias transferencias. En este tercer pago, la propuesta de la trama era que se hiciera una transferencia del 60% de la cuantía total, lo que sumaba unos 6,8 millones de euros. Unas intenciones que a punto estuvieron de hacerse realidad.
En el mencionado correo, lo que Zafra confirma al supuesto abogado es que las firmas necesarias para hacer el pago eran las mismas que para hacer el resto de transferencias -la de García y la de Rayón -, lo que hubiera permitido consumar la operación dando salida a casi siete millones de euros de la cuenta bancaria de la EMT. No se pudo hacer finalmente, porque era preciso un paso más para tal operación.
"Por otra parte, -prosigue el correo electrónico- la Sra. Rayón es quien puede decidir si hay saldo disponible para realizar la operación, por ser ella quien realiza la previsión de tesorería". En este caso, al tratarse de un montante tan elevado para una sola transferencia, se requería el visto bueno de la jefa de Gestión y no sólo su rúbrica, que los estafadores ya habían falsificado para las transferencias menores.
Si se hubiera solicitado el visto bueno de la superior, María Rayón, presuntamente desconocedora de todas estas operaciones, las transferencias se hubieran paralizado. Esta es la lógica a partir de la cual, presuntamente, se desistió de esta estrategia agresiva y se volvió a los pagos menos abultados. Así pues, el tercer pago fue de en torno al 4% del total -más de 450.000 euros-, montantes que se repitieron hasta el final de la historia, cuando Caixabank advirtió al gerente de la EMT y se destapó el fraude. A la postre, escaparon cuatro millones de euros.
El concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Giuseppe Grezzi, aseguró este lunes que Zafra "en ningún caso" podía "ordenar transferencias" por su cuenta como las llevadas a cabo en este caso. Lo que podía hacer es "preparar la documentación" necesaria para que posteriormente fuera firmada por las personas que "están por encima de ella" y se diera el visto bueno a las transferencias.
"La trabajadora no ha hecho eso. No ha puesto a la firma mancomunada y ha enviado un PDF al banco para que hiciera la transferencia. Los que están por encima nunca han tenido la posibilidad de decidir si se hacía la transferencia", expuso, para señalar más tarde que esto constituye una falta "grave" que lleva al despido, tal y como marca el actual convenio colectivo.
Este documento determina que "si un trabajador con alta responsabilidad dirigencial en la empresa da información sensible, como datos de DNI o documentos con firmas de dirigentes de la empresa" el tratamiento que se le debe dar es el de "haber hecho una cosa muy grave" que debe tratarse con "el despido". Unos apartados que los trabajadores y sindicatos "quisieron mantener" el pasado año cuando se negoció el convenio.
Precisamente, según un informe de la propia EMT que hizo público este lunes Valencia Plaza, tanto la trabajadora como el banco se habrían saltado los protocolos de control establecidos. El edil de Movilidad dijo no haber leído la información publicada en este diario e hizo alusión a la "confidencialidad" que deben guardar los consejeros de la EMT, que a la postre son los ediles de los distintos grupos políticos.
"Es una información confidencial que se ha dado en la comisión -de trabajo-", indicó Grezzi, quien apuntó que se debe dejar "que trabaje" esta comisión y que "se desarrolle el pleno extraordinario del jueves" para "poder dar más detalles a medida que se vayan desarrollando". "Ahí se debatirá sobre el tema", sentenció.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, por su parte, anunció que su partido ha pedido copia de la declaración de la trabajadora cesada al considerar que esta empleada está siendo utilizada por la dirección como "cabeza de turco". Una tesis que también han sostenido sindicatos como UGT y CCOO.
Asimismo, en el comunicado, la popular acusó a Grezzi de "oscurantismo y mala fe por incorporar en el acta del consejo de administración los poderes del director-gerente" de la empresa, Josep Enric Garcia Alemany, para realizar operaciones económicas cuando en la última reunión de este órgano "no se encontraba ese punto del día ni se debatió sobre el asunto". Los consejeros del PP no firmarán el acta del pasado 7 de octubre y advertirán de un nuevo motivo de impugnación.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, por otro lado, acusó a Grezzi, de "obstaculizar el trabajo de la oposición en la investigación" porque, insistió, su grupo ha solicitado "en reiteradas ocasiones" documentación "muy importante" para poder realizar un trabajo "pormenorizado".
Entre la documentación requerida por Cs está el el contrato laboral del gerente de la EMT y del gerente adjunto, a fecha de 2015; el currículum detallado de las personas que ocupan puestos de gestión y directivos en la EMT, desde categorías de jefe de negociado hasta dirección; el manual de funciones de la EMT; el manual de procedimientos de las diferentes áreas de la empresa, especialmente del área económico-financiera, así como el procedimiento de seguridad informática, entre otros documentos.
"Queremos saber si existe un contrato marco de la OPA de la estafa y, si es así, queremos tener acceso a esa información, además de a toda la información referente al asunto anterior al día 3 de septiembre", reclamó el portavoz de Cs.
