Foto PEPE OLIVARESVALÈNCIA. Finalmente hubo pacto y seguramente ninguna de las partes salió satisfecha del todo. Tras una larguísima negociación entre las consellerias afectadas (y por tanto por los partidos que las dirigen), el Botànic pactó los cambios que introducirá en las plantas de energía renovable. Lo hizo bajo el atento seguimiento de Ximo Puig, que estuvo pendiente de una reunión que comenzó por la mañana en el marco del 'consellet' que prepara los temas que se aprobarán en el Consell de hoy y que acabó cerca de las nueve de la noche.
El president, que se había comprometido públicamente a que se aprobara hoy este decreto, siguió el 'minuto a minuto' de la reunión, apretó a un lado y a otro y evitó cualquier aplazamiento pese a la complejidad del asunto y a que apenas ha habido tiempo para estudiar el Real Decreto del Gobierno central para aquellas plantas de más de 50 MW.
La norma valenciana, que se concreta en numerosos cambios en la LOTUP y en el decreto 14/2020, sigue la estela de la norma estatal, que declara la tramitación de urgencia de todas las instalaciones hasta 2024 y reduce los plazos y exigencias. Lo mismo pasará en la Comunitat, siempre con informe ambiental favorable. Esa tramitación de urgencia queda sin fecha límite para las plantas de menos de 10 MW, por ejemplo. Igualmente la Generalitat podrá declarar proyectos concretos como prioritarios, lo que le dará esas mismas ventajas.
Las plantas que necesitan autorización autonómica verán en general aligerados los tiempos que tiene la administración para aprobar sus proyectos con la idea de 'desatacar' el sector. La idea es que el tiempo de decisión sea de algo menos de un año, transcurrido el cual sin informe contrario se dará por aprobada la instalación.
Entre las cuestiones que más costó de desatascar estuvo el papel de los ayuntamientos, que hasta ahora en el decreto 14/2020 tenían la posibilidad de retrasar los proyectos por el tiempo que tenían para adaptar su Plan General de Ordenación. Era uno de los puntos clave para Compromís y Unides Podem EU pero también hay alcaldes socialistas afectados. El tiempo para iniciar esos cambios será de tres meses.
Los municipios que hayan suspendido licencias tienen ahora seis meses para justificar el valor agrícola del suelo para poder mantener ese veto. Se establece también que las exigencias serán menores para instalaciones de menos de diez hectáreas.
En el decreto, según pudo saber este periódico, será una de la patas del Plan de Emergencia Energética que impulsará la Generalitat para, en el contexto de crisis actual, acelerar los planes para cumplir con el objetivo de que la Comunitat Valenciana genere en 2030 toda la energía que necesita y que sea 'limpias'.
El macrodecreto incluiría también otras medidas que nada tiene que ver con las plantas de energías renovables pero que fueron los que inicialmente abrieron el texto, básicamente de normas de la Ley de Función Pública. También incluye algunas modificaciones del presupuesto, entre otras medidas.
Se espera que en las próximas semanas se avance en el detalle de las otras áreas, como los programas de ahorro energético en los edificios públicos y privados o las ayudas, sobre las que también se cerró un principio de acuerdo político general.
