El Supremo inhabilita a Torra al confirmar su condena por desobediencia

MADRID (EP). La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa, según fuentes jurídicas.

La ejecución de esta condena corresponde formalizarla ahora al tribunal que le juzgó por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Durante la vista por el recurso interpuesto contra esta condena ante el Tribunal Supremo, celebrada el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria mientras que la defensa del president argumentó, para pedir su absolución, que Torra fue tratado por la Junta Electoral Central (JEC) como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta" que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.

Torra deja de ser presidente dos años y cuatro meses después de acceder al cargo en una investidura convulsa, ya que el plan inicial de su formación era investir de nuevo a Carles Puigdemont. Se convierte en el segundo presidente de la Generalitat inhabilitado en año y medio después de que el expresidente Artur Mas fuera inhabilitado el 5 de febrero de 2019 --ya no ocupaba el cargo-- por impulsar la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014 y el tercero consecutivo en acabar en los juzgados, tras el propio Mas y Puigdemont. 

Leal a Puigdemont

Pese a haber estado siempre vinculado al independentismo, el presidente hoy inhabilitado no se incorporó a la política institucional hasta las elecciones del 21 de diciembre de 2017, tras el 1-O y el 155, cuando se integró como independiente y como número 11 por Barcelona en la lista de JxCat liderada por el expresidente Carles Puigdemont.

Tras las investiduras fallidas de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, su nombre empezó a sonar como posible candidato a la Presidencia hasta que el mismo Puigdemont lo designó como su sucesor y fue investido el 14 de mayo de 2018.

Torra siempre ha mostrado su lealtad al expresidente con el que ha reconocido que contrasta opiniones antes de tomar sus decisiones, como la de no convocar elecciones antes de su inhabilitación, --Puigdemont reconoció haber comentado con Torra el asunto en una conversación en la que le trasladó que él no era partidario--.

De hecho, siempre ha considerado que su predecesor era el presidente legítimo, como dijo en sus primeras palabras del discurso de investidura donde aclaró que se consideraba un presidente provisional: "Yo no tendría que estar aquí, no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara. 

Contra el castellano

Torra había ocupado el cargo de presidente de Òmnium tras la muerte de su antecesora Muriel Casals. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), trabajó durante años en la empresa privada antes de trasladarse a Suiza, donde fue ejecutivo de una compañía aseguradora dos años, y regresó a Cataluña para dedicarse al articulismo y al ensayo político.

Algunos de sus artículos publicados antes de ser presidente han sido objeto de polémica, como el titulado 'La llengua i les bèsties' en el que Torra decía: "Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias (...) bestias con forma humana que igualmente supuran odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua", por el que grupos de la oposición como Cs y el PP siempre lo han tachado de supremacista.

Desde que llegó al cargo, expresó que su prioridad era hacer efectiva la independencia de Cataluña y llegó a plantear que habría otro 'momentum' para que el soberanismo lograra con éxito la república, pero su mandato ha estado marcado por las diferencias estratégicas, las divisiones constantes entre los dos socios del Govern --JxCat y ERC-- y la discusión dentro del independentismo sobre optar por la confrontación o el diálogo con el Estado.

Pese a haberse mostrado siempre muy reticente a dialogar con el Gobierno, Torra se reunió con Pedro Sánchez, por primera vez en diciembre de 2018 en el Palau de Pedralbes, lo que suponía el restablecimiento de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno después de los hechos de 2017, aunque ese intento de diálogo acabó fracasando.

Más tarde, en febrero de 2020 Sánchez se convirtió en el primer presidente del Gobierno en acudir a la Generalitat desde José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y ambos lideraron la primera y única reunión de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, que ERC y el PSOE pactaron por la investidura de Sánchez, y que Torra acabó asumiendo pese a su escepticismo inicial.

Estas muestras de diálogo se han ido alternando durante su mandato con llamadas a la confrontación con el Estado y, tras la sentencia del 1-O, llegó a proponer en el Parlament hacer un referéndum de autodeterminación en esta legislatura. 

Govern dividido

Sin embargo, el momento cumbre de la división entre JxCat y ERC se produjo el 29 de enero, cuando Torra perdió el acta de diputado después de que el Tribunal Supremo avalara la decisión de la JEC de retirarle el escaño por su inhabilitación, y acusó a ERC de falta de lealtad, por lo que anunció que convocaría elecciones después de que se aprobasen los Presupuestos de la Generalitat de 2020.

Desde aquel momento han pasado siete meses y, aunque las cuentas se aprobaron en abril, la firma de una convocatoria electoral no ha llegado a producirse porque la pandemia del coronavirus supuso un cambio en las prioridades.

Al igual que el resto de su Presidencia, el tramo final de su cargo también ha quedado marcado por la desunión entre el independentismo y, especialmente, entre JxCat y ERC, en este caso sobre cómo responder a su inhabilitación.

Como ya ocurrió con la sentencia del 1-O, el fallo que ratifica su inhabilitación también ha llegado sin acuerdo entre los socios del Govern --ERC pedía convocar elecciones antes de quedar suspendido y JxCat lo rechazaba-- y abre un escenario lleno de incertidumbres con el Ejecutivo catalán en funciones. 

Politización de una causa penal

La querella que le ha costado la Presidencia a Torra fue presentada por la Fiscalía, a la que se unió Vox, y se admitió a trámite en abril de 2019. Tras el procesamiento, el juicio contra el president comenzó el 18 de noviembre, y su llegada a la vista consistió en toda una escenificación de apoyo de todo el mundo independentista hacia el presidente.

Una vez en la vista, Torra reconoció los hechos, si bien apuntó en su defensa que la orden de la JEC era ilegal e imposible de cumplir, un argumento de carácter más político que jurídico que su defensa repitió ante el Tribunal Supremo durante la vista de casación.

"No cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo la desobedecí, era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos", afirmó ante la Sala que terminó condenándolo. 

Resistencia contumaz y obstinada

La sentencia llegó el pasado 19 de diciembre, cuando el Tribunal Superior le condenó a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros por "su contumaz y obstinada resistencia" a cumplir las órdenes de la JEC.

La repercusión política de esta decisión quedó en suspenso dado que la condena aún no era firme si había recurso ante el Supremo, algo que Boye se apresuró a anunciar. Por su parte, la Fiscalía pidió su inadmisión de plano, lo que de haberse aceptado por la Sala de lo Penal del alto tribunal habría acelerado la ejecución de la condena, y por lo tanto la inhabilitación del presidente.

El tribunal optó por el contrario por admitir la casación y por la celebración de una vista pública para revisar la condena, que se fijó para el pasado 17 de septiembre.

Al acto acudió el propio Torra, lo que no era preceptivo, y tras su celebración hizo una declaración institucional afirmando que no tenía ninguna intención de convocar elecciones en Cataluña a pesar de que la decisión del Supremo, a todas luces previsible, supusiera su inhabilitación.