CASTELLÓ. El municipio de Alcalà de Xivert será el escenario de un nuevo proyecto fotovoltaico que se suma a la nómina de las múltiples iniciativas energéticas renovables que se tramitan en la provincia de Castellón. La central de placas solares que se plantea en este caso está impulsada por las firmas Amber Solar Power Veintitrés y Amber Solar Power Veinticinco, propiedad del grupo Sefran, el holding murciano del empresario José Moreno Riquelme.
La nueva infraestructura energética contará con una inversión de más de 6 millones de euros y el promotor ubicará un total de 18.333 módulos fotovoltaicos, con una potencia de 540 W cada uno. La finalidad es alcanzar una potencia nominal en toda la planta de hasta 10 Mw -9,9 Mw, concretamente-, según reza el proyecto presentado a la Generalitat Valenciana.
Su emplazamiento se encontrará en el polígono número 19, en el término municipal de Alcalà de Xivert, y prevé ocupar dos de las parcelas. "El área total de la superficie ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 11,43 Ha (hectáreas)", precisan los promotores en la memoria de la iniciativa. Esta es la superficie ocupada por las instalaciones, pero las parcelas catastrales cuentan con una superficie total de 26,81 hectáreas.
En una de las parcelas, se construirá una nueva subestación de más de 2.000 metros cuadrados, a partir de la cual se conectará una línea de evacuación hasta la subestación transformadora que ostenta Red Eléctrica en el término municipal de Torreblanca. Por ello, el proyecto figura bajo el nombre 'FV Torreblanca I' y 'FV Torreblanca II'.
La energía servirá para fortalecer la conexión eléctrica de este ámbito, tal y como explica el propio proyecto: "La finalidad de la construcción de esta planta solar es la inyección de energía a las compañías distribuidoras de la zona", reza la memoria, que también incide, además del cumplimiento de la normativa, en que "no se realizará ninguna actuación sobre terreno forestal".
El servicio territorial de Industria y Energía, dependiente de la Conselleria ded Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sacó a exposición pública la iniciativa a mediados del pasado mes de octubre para recabar, si las hubiera, las alegaciones de terceros afectados. Tras este proceso, debe valorarse la concesión de la autorización para la implantación de las infraestructuras en suelo no urbanizable, el permiso para la construción, la declaración de utilidad pública del proyecto, así como la evaluación de impacto ambiental.