Un total de 194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023

VALÈNCIA (EP). Un total de 194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023, un 10% más que en 2022 (176.483), según el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, añade que son 533 al día y que el 65,22% son españolas.

Respecto a las denuncias, agrega que en total fueron 199.282 y que aumentaron un 9,46% con respecto al 2022 (182.065), 546 al día. Siete de cada diez fueron presentadas directamente por las víctimas en comisaría o ante el juzgado, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89%; las originadas por partes de lesiones, el 7,94% y las presentadas por terceras personas, el 3,43%.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 79,4 en toda España, seis puntos y medio más alta que en 2022. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunitat Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9.

Por otro lado, el Observatorio del CGPJ añade que las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.

También expone que el porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó un 15,38% respecto a 2022. En total, fueron 19.500 víctimas las que renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. Pese al incremento en el número total, el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa (10,02%) fue muy similar al de 2022 (9,58%). De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.

Acordadas un 8,24% más de órdenes de protección que en 2022

Respecto a las órdenes de protección, en 2023 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 50.806. De ellas, fueron acordadas 35.551, un 8,24% más que en 2022 y se denegaron otras 15.067, un 5,6% más que en el año anterior. Un año más, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección, un 69,97%.

Del total de órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, 29.177 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer, que acordaron el 68,7% de las solicitudes que recibieron; las otras 6.374 (el 77% de las solicitadas) correspondieron a los juzgados de guardia.

En el 46,3% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje levemente inferior al de 2022 (48,4 %). Dos de cada tres mujeres (64,8%) que solicitaron protección eran españolas y un 2,1% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. En ambos casos, los porcentajes son similares a los registrados en 2022.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 64.914 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (25.137), que representaron el 67,37% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (24.270), un 65,25%.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron un total de 20.757 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (6.471), seguidas por las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.550), la suspensión del régimen de visitas (4.026) y la suspensión de la guardia y custodia (2.411).

El porcentaje de sentencias condenatorias en procesos relativos a la violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 80,64 % del total. El número total de sentencias dictadas en 2023 fue de 60.172 y, de ellas, 48.525 fueron condenatorias y 11.647 (el 19,36 %), absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56 %, y en las audiencias provinciales, con el 81,02 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,08 % de los casos enjuiciados.

Carmona pide de nuevo que se reedite el pacto de Estado

Tras estos resultados, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha incidido en la "eficacia" de la actuación de la Justicia y en la "confianza" que genera en las víctimas y ha reiterado su llamamiento al Congreso y al Senado para que reediten el pacto de Estado.

"El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia", ha subrayado.

Carmona también ha señalado que el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas contengan un fallo condenatorio "es un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas".

"Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo", ha recalcado.

Finalmente, ha hecho alusión al "escasísimo porcentaje" que representan las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, que en 2023 fue del 1,82%. Por este motivo, Carmona ha insistido en hacer un llamamiento a los familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. "Una llamada a tiempo de cualquiera de ellos puede ser crucial para salvar una vida", ha reiterado.