Rótulos de apoyo y de rechazo al proyecto de Ikea en los terrenos de Rabasa. Foto: PEPE OLIVARES La multinacional diseña una propuesta alternativa para instalar su tienda y equipamientos públicos en Rabasa sin macrocentro comercial anexo. Consell y Ayuntamiento se alían para reiniciar la tramitación urbanística desde la ciudad
ALICANTE. Ikea mueve ficha para reactivar su llegada a Alicante en el menor plazo posible, después de que el Consell diese finalmente por enterrada la semana pasada la ATE promovida por la sociedad Alicante Avanza que pilota el controvertido constructor Enrique Ortiz. La multinacional del mueble ha presentado ya una propuesta técnica alternativa del que sería su nuevo proyecto, ahora desligado del polémico empresario (imputado en los casos Gürtel y Brugal). En ella, el gigante sueco insiste en situar su tienda en el área de Rabasa -la zona norte del término de Alicante que linda con la A-7, con un cuartel militar y con el campus de la Universidad de Alicante (UA)- al considerar que se trata del mejor emplazamiento posible por sus facilidades de comunicación.
Pese a mantener su apuesta por ese privilegiado emplazamiento, la compañía da un drástico tijeretazo a las pretensiones de la antigua ATE. Aunque se sigue pensando en actuar sobre un área global de 950.000 metros cuadrados, Ikea limita el acompañamiento de su tienda sólo a la instalación de entre dos y cuadro medianas superficies (tiendas del tipo de Leroy Merlín o Decathlon, por ejemplo) en una parcela de entre 40.000 y 60.000 metros. Esa primera zona de las seis grandes parcelas en las que se divide el conjunto de la actuación, lindaría con la rotonda de la Universidad de Alicante (UA) y se encuadraría junto a la tienda de muebles propiamente dicha.
Con esas cifras de suelo puramente comercial, la multinacional marcaría distancias respecto al macrocentro previsto hasta ahora, de 85.000 metros y en el que se daba cabida a todo tipo de tiendas. Justo la pieza angular que había motivado el rechazo en bloque del sector comercial ante el riesgo de que se generase un desequilibrio en los flujos de consumidores. En la pugna, el pequeño y mediano comercio de la ciudad contaba como aliados con las tres formaciones que componen el nuevo equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís).
Ahora, según pudo constatar Alicante Plaza, los planos que maneja Ikea incluyen otra zona de uso empresarial no industrial, que colindaría con el área de medianas superficies, y reservan otras tres grandes bolsas de suelo para otros tantos equipamientos públicos. Entre ellas, la más destacada es la que albergaría la construcción del tercer hospital del área de salud de Alicante: un centro -en la parte más próxima al barrio ya consolidado de Rabasa- que vendría a descargar la presión asistencial del General y del Universitario de San Juan y a ampliar, así, la actual cartera de servicios sanitarios del área metropolitana. Se trataría de un guiño a la administración con el que la multinacional intentaría allanar -y de algún modo limpiar- su aterrizaje en Alicante, tras una larga etapa de más de siete años en la que la marca se ha visto asociada al caso Brugal y a los supuestos tratos de favor concedidos a Ortiz por los dos últimos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, a cambio de presuntas dádivas.
A priori, Ikea cedería al Consell los terrenos ya urbanizados para ese tercer hospital, sobre cuya construcción se han anunciado -e incumplido- varios compromisos a lo largo de la última década (el PP, con Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento, llegó a prometer su ubicación en terrenos de Aguamarga). El coste del edificio, eso sí, debería correr a cargo de la Generalitat.
Además del hospital, los planos de Ikea contemplan una reserva de otros 100.000 metros (situada al norte de la parcela del hospital) para el desarrollo de varias instalaciones deportivas que podrían quedar abiertas al público. En concreto, esa parcela daría cobijo al menos a ocho campos de fútbol, en lo que podría ser el posible germen de una futura ciudad deportiva para el Hércules y otros clubes de la ciudad. Por último, el lote se completaría con otra parcela de 40.000 metros más para dotaciones municipales.
La superficie de todo el ámbito de actuación sería algo menor que la prevista en la ATE (próxima a un millón de metros cuadrados) y, esta vez, excluiría a la zona de las lagunas. De hecho, ese entorno ya queda recogido en el nuevo catálogo de bienes y espacios protegidos que se incorporará al Plan General Estructural en el que se está trabajando desde la Concejalía de Urbanismo.
La inclusión de ese ámbito (el de las lagunas) en la ATE ya desestimada fue la estrategia que permitió que Ortiz se asegurase una posición predominante en la reparcelación del sector al convertirse en el tenedor de la mayor parte de los terrenos. Todo apunta a que, ahora, la multinacional tendrá que llegar a acuerdos con el conjunto de los propietarios, entre los que seguiría encontrándose Ortiz, a través de Urbanika: la sociedad que controla el 100% de las acciones de Alicante Avanza. En esas negociaciones, Ikea queda abocada a desentrañar si las entidades en las que Ortiz se apoyó para cimentar su operación (los extintos Bancaja, CAM y Banco de Valencia o su -en muchos casos- sucesor, la Sareb) han ejecutado ya sus hipotecas y han reclamado la titularidad del suelo ahora que se ha confirmado definitivamente como rústico (sin ATE no hay posibilidad de recalificación).
El gigante sueco debe negociar con los propietarios del sector y desentrañar si los bancos o la Sareb han reclamado ya la propiedad del suelo
Esa es, precisamente, otra de las claves de la nueva fase de la operación. Ikea, Ayuntamiento y Generalitat deben concertar cuál es la fórmula urbanística que permita dar encaje al proyecto. La opción más probable es que se abogue por tramitarlo como Proyecto de Inversión Económicamente Sostenible (PIES): la nueva vuelta de tuerca que el Consell prevé dar a las ATE para agilizar y canalizar las grandes inversiones sin dejar de lado a los municipios implicados, según anunció el propio presidente, Ximo Puig, en el debate de política general. Es, en cierto modo, un regreso a los denominados Planes de Actuación Integrada (PAI) que debían iniciar su tramitación desde la base, los ayuntamientos, en lugar de llegar prácticamente impuestos desde la Generalitat, como venía sucediendo con las ATE. Justo ese argumento fue, por ejemplo, el que utilizó el Ayuntamiento de Alcoy para fundamentar su contencioso contra el parque empresarial promovido como ATE por el grupo alimentario La Española, bajo la denominación de Alcoinnova. Ese recurso continúa pendiente de resolución.
El nuevo modelo de tramitación para la implantación de Ikea recorreía, así, un camino paralelo al que ya se ha marcado para la ampliación de las instalaciones de Tempe en el parque industrial de Elche. La firma participada por el grupo Inditex y la constructora Grupo Azarbe presentó sus credenciales para llevar a cabo su expansión como ATE antes del verano, pero el proyecto ya ha sido reconducido como PIES a instancias de la Generalitat y del propio Ayuntamiento.
En el caso de Ikea, lo que ya es indiscutible es que Generalitat y Ayuntamiento están decididos a ir de la mano. El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), mantuvo un encuentro con el jefe del Consell el pasado lunes para abordar el nuevo escenario tras el desestimiento de la ATE de Alicante Avanza. La conclusión de esa cita fue que se aunarían esfuerzos y se garantizaría la máxima colaboración entre las dos administraciones para evitar que se perdiese una inversión de más de 250 millones de euros.
El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, señaló ayer, por su parte, que su partido defiende "cualquier iniciativa que permita a Ikea implantarse en Alicante lo más rápido posible por su importancia para el empleo" y conminó al alcalde a convocar una reunión inmediata de la comisión de Ikea para definir "la mejor estrategia para el ayuntamiento".
