CASTELLÓ. A veces un gesto significa mucho. Una simple ‘x’ puede generar una oportunidad para aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión o son más vulnerables. Basta con marcar una casilla en la declaración de la renta o un par en el impuesto de sociedades. De este modo, en el último ejercicio se ha generado un fondo de 24,7 millones de euros al que las organizaciones del Tercer Sector pueden presentar proyectos y programas para su financiación. Y no cuesta nada. El resultado del último ejercicio: 278 ONG están llevando a cabo casi 1.400 proyectos de acción social, cooperación y medioambiente.
Las alumnas que asisten a las aulas TIC de Patim se esfuerzan por superar la brecha digital que limita sus oportunidades laborales. La mayoría tienen más de 50 años, su formación académica se detuvo con el graduado escolar, están en paro y arrastran problemas socioeconómicos. "Este taller es una oportunidad para que podamos construirnos un futuro", asegura Rosa. El programa está financiado a cargo del IPRF autonómico. Es solo un ejemplo pero el abanico es mucho más amplio. Patim, Frater, Secretariado Gitano, Spam, CASDA, Cáritas Segorbe o Fundación Síndrome de Down gestionan programas en la provincia a cargo del IPRF, además de aquellas que tienen ámbito estatal como Cruz Roja.
Las empresas se han unido hace apenas dos años. Y hasta este domingo 25 de julio está abierto el periodo para que puedan mostrar su compromiso con su entorno más cercano a través del Impuesto de Sociedades, una acción compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la responsabilidad social. Desde las grandes plataformas sociales se insta a que sumen esfuerzos para reducir los niveles de pobreza estructural y el impacto social provocado por la pandemia, especialmente entre las personas y familias que ya partían con mayores desventajas. El Tercer Sector, los principales representantes del sector empresarial - CEOE, CEPYME, ATA, CEAJE y CEPES- y Gobierno han creado una triple alianza en torno a la casilla "Empresa Solidaria" del Impuesto de Sociedades para avanzar en el cambio social. “Si todas las empresas marcasen esta casilla se podrían conseguir más de 111 millones de euros”, sentencia Paquita Sauquillo, vocal de Comunicación de la Plataforma del Tercer Sector. Por medio de la "X Solidaria" del Impuesto de Sociedades, que por primera vez marcaron las empresas el año pasado, se lograron 36,6 millones de euros en toda España.
El reparto de lo recaudado para fines sociales ha generado tensiones en diferentes ámbitos –incluso dentro del Tercer Sector- a medida que las campañas de sensibilización lograban que el compromiso de ciudadanía creciera cada año. Pero acaba de firmarse un acuerdo para los próximos cinco años que concede un mayor protagonismo a los gobiernos autonómicos y favorece una mayor cercanía que incrementa el impacto en el territorio. El 80% de estos fondos se van a repartir a través de la Generalitat y el 20% restante desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales entre entidades estatales, por medio de una convocatoria anual de subvenciones. Un modelo que se repite en todo el Estado. La Comunitat Valenciana -la cuarta con mayor porcentaje en el reparto total (9,48%) de estos recursos- es la única que se posicionó en contra puesto que solicitaba el 100% de la gestión. En 2020 se recaudaron más de 34,4 millones de euros por medio de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta de personas físicas en la Comunitat.
"Son resultados muy relevantes y cada año aumenta la contribución de la ciudadanía para fines de interés social, pero debido a las grandes necesidades sociales y los altos índices de pobreza en España, especialmente tras el impacto del covid, las cifras recaudadas son insuficientes". Lola Fernández, presidenta de EAPN-CV, la red referente en términos de lucha contra la pobreza, y una de las dinamizadoras de esta campaña en el ámbito autonómico sabe bien el impacto que tiene el 0,7%. Por ello, insiste en la necesidad de sensibilizar a ese 47% de la población contribuyente en la Comunitat Valenciana que todavía no ha marcado la casilla de fines sociales.
Uno de los primeros colectivos de la provincia de Castellón que ha promovido la campaña para marca la casilla Empresa Solidaria es la Mesa de Responsabilidad Social de Castellón. Patrici Calvo, coordinador de este grupo, que integra a unas 50 empresas y entidades sociales, aclara que "la solidaridad no es incompatible con la maximización del beneficio económico de las empresas, más bien todo lo contrario, constituye una condición de posibilidad de la generación de valor compartido y, por consiguiente, del correcto desarrollo de la actividad empresarial".
Este año se han extendido las actividades de concienciación iniciadas antes de la pandemia a todo el tejido empresarial castellonense. "La acción social, entendida como aquella parte de la responsabilidad social cuyo fin es ayudar a que las expectativas legítimas de nuestros grupos de interés acontezcan, nunca como una mera acción filantrópica para mejorar la imagen corporativa, constituye uno de nuestros principales objetivos desde hace más de una década", sentencia Calvo, profesor del área de filosofía moral de la UJI, consciente de los avances y dificultades para cambiar la impermeabilización tradicional que caracteriza a buena parte del sector industrial en la provincia. "Necesitamos su apoyo para generar sociedades más equitativas porque han de ser parte de la economía sostenible e inclusiva", concluye la presidenta de la EAPN-CV.
