FOTOS: EVA MÁÑEZVALENCIA, (EFE/VALENCIA PLAZA). La alcaldesa de Gandia, Diana Morant (PSPV), ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad como investigada como supuesta autora de los delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones, por los que está procesada a raíz de una querella del PP.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el PP de Gandia, en esta misma causa hay otros cuatro investigados, entre ellos el coordinador municipal de Hacienda, Salvador Gregori, y el actual director del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens.
La querella que dio pie a esta causa fue presentada en marzo de 2016 por el grupo popular por el "asalto a los despachos de concejales y empleados públicos antes, durante y después de la sesión de investidura donde se produjo el cambio de gobierno".
Según ha explicado en un comunicado el secretario general de los populares de Gandia, Vicent Gregori, durante la celebración del pleno de investidura y en los días sucesivos se impidió el acceso a sus dependencias de trabajo a varios empleados públicos, así como a los ediles salientes del PP.
Estos hechos, según Gregori, fueron cometidos por "personas no autorizadas a llevar a cabo dichos fines y por personal político que ni siquiera había sido nombrado, en algunos casos custodiados por agentes de la autoridad".
Todo ello, según el secretario del PP, "sin procedimiento administrativo alguno", y tras esta operación "se ha podido cotejar la falta de documentación, borrados o modificaciones de los equipos informáticos".
Por todo ello, Gregori ha exigido la dimisión de Morant y "la misma contundencia que ella desea aplicar a los populares".
Diana Morant se muestra "tranquila"
Tras prestar declaración, Diana Morant manifestó ante los medios de comunicación que se siente "tranquila y satisfecha por esclarecer lo que sucedió en el día de la investidura y días posteriores". Una decisión que tomó para "salvaguardar la información que durante cuatro años se ocultó a la oposición y a los técnicos del ayuntamiento".
En este sentido, comentó que en Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), "no teníamos conocimiento de quién trabajaba o cómo quedaron las cuentas al final de la pasada legislatura y el gerente de IPG tampoco daba señales de vida aquella mañana. Por tanto, como medida cautelar, se impidió la entrada a la empresa pública y se requisó la documentación y los ordenadores de trabajo".
