València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Vivir en un piso compartido sale más caro que hace un año en València. Y es que el coste de alquilar una habitación se ha encarecido un 6,4% en el cap i casal en el último año hasta situarse en los 294 euros al mes frente a los 276 que costaba hace 12 meses. No es la única ciudad con incremento en los precios: la media en España se sitúa en los 340 euros, un 2,9% que en 2018, según en un estudio publicado por Idealista que, en cambio, señala un aumento del 26,9% de la oferta del número de habitaciones en el mismo tiempo.
Sin embargo, la capital valenciana no es de las ciudades dónde más se han incrementado los valores. Es Pamplona la que registra un mayor incremento (15,8%), seguida de Almería (13,3%), Alicante (12%) y Logroño (10,3%), mientras que el precio se ha reducido en seis capitales, siendo Cádiz donde más han caído (-6,1%) aunque también destaca la bajada en Ciudad Real (-4,7%) y Burgos (-2,5%) .
En cuanto al precio, València se sitúa por debajo de la media española que está en una media de 340 euros. Barcelona es la ciudad con las habitaciones más caras del país con alquileres situados en los 442 euros mensuales. Por detrás están San Sebastián (425 euros mensuales), Palma (417 euros) y Madrid (415 euros). Por el contrario, Ciudad Real es la ciudad más económica (156 euros mensuales), seguida por Cáceres (164 euros), Badajoz (169) y Jaén (185 euros).
Las zonas calientes en España y que concentran el mayor volumen de inmuebles son con diferencia Madrid y Barcelona que aglutinan el 34,1% y el 19,2% de todas las habitaciones que se anuncian en España. A más distancia está València, con el 9,2% de los anuncios, Sevilla (5,6%) y Granada (3,5%).
Las personas que comparten piso en España tienen un perfil similar al que tenían el año pasado, aunque la edad media ha caído hasta los 30 años. Según el estudio se trata de personas que viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota. En la mayoría conviven hombres y mujeres (71%), mientras que el 24,9% sólo tiene habitantes femeninas y el 4,1% solo compañeros masculinos.
La edad media varía en función de la zona geográfica. En las ciudades donde los precios de los alquileres han crecido más en los últimos años suele superar los 30 años, como en el caso de Palma, Vitoria (34 años en ambos casos), Las Palmas de Gran Canaria (33 años), Santa Cruz de Tenerife (33 años), San Sebastián, Cádiz, Alicante, Santander o Lleida (32 años en los 5 casos). En Barcelona la edad media de quienes comparten piso es de 31 años, mientras que en Madrid baja hasta los 29.
Por el contrario, en mercados con precios de alquiler más relajados, la edad media de quienes alquilan habitaciones es más baja como en Jaén, Córdoba y Salamanca tienen la edad más baja (26), seguidas por Ciudad Real, Segovia, Granada y València (27 años en los cuatro casos). De hecho, según se desprende del informe 'Situación sociolaboral de la Juventud en España 2018-2019' elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO), solo entre el 17% y el 19% de los jóvenes de la Comunitat Valenciana puede permitirse emanciparse en España debido a la situación laboral y el alto precio de la vivienda. En España, la cifra media es del 19%.
"Tenemos un problema grave, hemos llegado a la tasa de emancipación más baja de los últimos años y esto ha repercutido en cosas como la edad de maternidad, que se ha retrasado en dos años desde el inicio de la crisis; así como también nos hemos visto obligados a aumentar la edad de lo que se considera joven a los 35 años", señaló al el responsable del Departamento Confederal de Juventud de USO, Pablo Trapero. "No nos salen las cuentas, no es posible que un alquiler te cueste 862 euros de media y tengas un salario de 850 euros de media, a eso le tienes que sumar servicios, transporte y todo lo que tienes que pagar, que es imposible", remarcó.
Precisamente, el mercado del alquiler sigue al alza con importantes incrementos en el número de hogares que se decantan por esta opción que para muchos es la única posible. El impacto de la crisis, los cambios fiscales a favor del régimen de arrendamiento y de variables sociodemográficas contribuyen a explicar el aumento de 4 puntos del peso de los hogares que residen en alquiler desde 2007, según un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie.
Factores como los cambios en las preferencias de los jóvenes, el elevado precio de la vivienda en relación a los salarios, el alto porcentaje de empleo temporal o los cambios en las desgravaciones fiscales contribuyen a explicar la caída que ha experimentado en los últimos años el peso de la vivienda en propiedad frente al aumento de los hogares que residen en viviendas alquiladas.
No obstante, y pese a que cada vez son más los que deciden alquilar, los españoles siguen prefiriendo tener una vivienda en propiedad: el 77,1%, mientras que el promedio de la UE y la eurozona es del 69,3% y 66,1%, respectivamente. También el porcentaje supera al de las principales economías: 51,4% en Alemania, 64,4% en Francia, 65% en Reino Unido y 72,4% en Italia.
Según este documento, en todas las comunidades ha crecido el número de hogares en alquiler, con destacados aumentos que superan los 5 puntos porcentuales en Madrid, Navarra, Baleares y Canarias. Sin embargo, las diferencias regionales alcanzan los 17 puntos entre la autonomía con mayor porcentaje de viviendas arrendadas, Canarias (27,8%), y la que registra la cifra más reducida, Extremadura (10,9%).
Este aumento generalizado del peso de la vivienda alquilada se ha producido a pesar de que el precio de la vivienda en venta es un 21% inferior al que alcanzó antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con una dinámica alcista en la evolución del precio del alquiler. Así, en 2018 el precio del alquiler (según ese componente del IPC) fue un 11% superior al de 2007 siendo el mayor aumento ha tenido lugar en Cataluña, Cantabria y Baleares, con crecimientos en torno al 15%, según el informe del BBVA y el Ivie, que apunta a la necesidad de incentivar la oferta en alquiler para frenar las subidas y permitir el acceso a una vivienda a colectivos con más dificultades.
