VALÈNCIA (EP). El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la nueva Ley de Vivienda buscará "controlar las subidas abusivas en los precios del alquiler", y que a partir de la declaración de zonas tensionadas se limitarán los incrementos de precio "tratando de congelar esos alquileres".
Todo ello sin "disuadir" a la oferta y a partir de medidas que en estos momentos estudia el Ministerio de Transportes, entre las que también se encuentran el alargamiento de contratos e incentivos fiscales, ha explicado Ábalos.
En una pregunta dirigida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre qué opinión le merece la limitación de precios en el alquiler, Ábalos ha explicado que el Gobierno tratará de "controlar las subidas abusivas" pero eminentemente atender a la "oferta" --"este país, a diferencia de otros, es básicamente de pequeños propietarios"-- y aumentar el parque público, "lamentable", ha dicho, en comparación con otros países.
En todo caso, Ábalos ha reconocido que con todas estas medidas el Gobierno espera "contribuir, que no solucionar, el problema estructural que tiene este país en materia de vivienda".
En su réplica, Rufián ha afeado al ministro que el Gobierno, "incumpliendo un acuerdo previo", haya recurrido al Tribunal Constitucional la Ley catalana de vivienda, que permite regular los precios del alquiler, si bien ha celebrado que, al no pedir la suspensión, esta norma "de facto, queda igual".
Sin embargo, ha aseverado que, "supuestamente, es un Gobierno progresista, no de rentistas", por lo que considera que "no debería costar tanto cosas tan decentes". Máxime cuando, ha recordado, continúan casos como el suicidio de un vecino de Barcelona poco antes de ser desahuciado por no poder afrontar el alquiler de su piso, o se condena "a toda una generación" a pagar "entre 1.000 y 1.500 euros por pisos que apenas miden una plaza de garaje".
"O lo dejamos todo en la mano invisible del mercado o intentamos proteger a esta gente", ha apostillado Rufián, llamando al Gobierno a extender la regulación catalana y a prorrogar la moratoria antidesahucios una vez decaiga la última prórroga asociada al estado de alarma el próximo 9 de agosto.
"Seremos progresistas pero respetamos la ley, no es incompatible. Y una cosa no nos debe llevar a la otra", ha replicado Ábalos, sosteniendo que al Gobierno "no le quedaba otra" que recurrir la ley tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.
"Lo que ya no podemos ir es en contra de los propios órganos de la Generalitat, es absurdo", ha apostillado el ministro, declinando emitir opinión al respecto de la persona fallecida ante la inminencia de su desahucio: "No me parece bien utilizar un caso como este", se ha escudado, recordando, por otra parte, que se trata de un caso competencia de la comunidad autónoma, y diciendo que en la nueva ley tratará de "anticipar" este tipo de casos.
Sin embargo, ha pedido a la Generalitat "hacer un poco más de esfuerzo", atendiendo a que el Ejecutivo ha aportado 209 millones en el actual Plan de Vivienda y en cambio el Gobierno autonómico sólo 62 millones.