Jaime Febrer, en el centro de la imagen al fondo, durante un juicio. Foto: VP VALÈNCIA (EFE). El abogado del empresario Jaime Febrer ha pedido que se archive la pieza separada 7 del caso Azud y se destruyan los archivos digitales a los que se ha accedido, al considerar que todo lo investigado en ella ya figura en la principal y que esta pieza es "el paradigma de la prospectividad".
El caso Azud investiga una trama de corrupción vinculada principalmente al ayuntamiento de València y la pieza 7 se centra en el PAI 'El Espartal' de la localidad de Jijona (Alicante), del que Febrer fue promotor en 2005, y en la justificación de la existencia de recursos hídricos a través de Acuamed.
Según el recurso de apelación presentado por el abogado Manolo Mata el pasado 11 de enero ante el Juzgado de instrucción 13 de València, al que ha tenido acceso EFE, este es un asunto "prolijamente tratado" en la pieza principal, y se refiere a cuestiones ocurridas en 2006, 2007 y 2008.
Para la defensa de Febrer, se abre esta pieza separada en base a "la probabilidad" de que se haya cometido delitos por personas que tenían relación en 2006, 2007 y 2008 por haber mantenido contacto en 2019, y se adoptan medidas "tremendamente invasivas sin mantener las exigencias de proporcionalidad", como el acceso a correos o mensajes de muchas personas "desde tiempo inmemorial a la actualidad".
El recurso considera que la decisión del Juzgado de acordar conocer "todos los datos de todo tipo de dispositivos sin que se investigue ningún delito cometido en esas fechas recientes" supone "revelar los secretos de la intimidad personal de los investigados, que absolutamente nada tienen que ver con las pretendidas actividades delictivas, pudiendo afectar grave e irrevocablemente sus derechos fundamentales".
Las investigaciones "prospectivas están expresamente vedadas y, lamentablemente, las estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana desde 2016", señala la defensa de Mata, que lamenta que "hoy la fuerza pública, en instrucciones desbocadas, ha accedido a toda la vida digital de centenares de personas y de decenas de empresas".
Añade que, "afortunadamente, los tribunales superiores ponen veto a la mayoría de esas investigaciones invasivas, pero su ejecución y dosificadas filtraciones hacen un daño sin remedio".
A su juicio, si para averiguar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación o falsedad documental acaecidos en 2007-2008 , "que no delito electoral o financiación ilegal de ningún partido", se investiga a personas que en aquella época "carecían de cualquier responsabilidad, estamos ante una vulneración de derechos fundamentales".
Mata lamenta asimismo que hasta el 23 de diciembre no se entregó a las partes esta pieza 7, pese a que desde el 20 de diciembre "todos los medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales, audiovisuales, digitales o en cualquier formato se hicieron eco" del informe de la UCO que figura en ella y que "fue filtrado, probablemente desde la propia UCO".
