VALÈNCIA (EP). El Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna ha abierto juicio oral contra 30 personas por el presunto fraude en subvenciones comunitarias en el conocido como caso Aido (Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen), que se destapó en el año 2015.
Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado ha dictado un auto de apertura de juicio oral en este procedimiento, en el que hay 30 investigados, además de varias empresas, por delitos de estafa y fraude en subvenciones. Las fianzas civiles requeridas por el juzgado se sitúan entre uno y dos millones de euros.
La causa, de la que ha informado este miércoles Las Provincias, se originó a raíz de una denuncia del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) por supuestas irregularidades en la justificación del gasto de las subvenciones comunitarias otorgadas a Aido, instituto ubicado en Paterna.
El Ivace remitió en marzo de 2015 a Fiscalía diferente documentación al respecto y el organismo público decidió abrir una investigación, que en junio llegó al punto de que la Policía realizara diferentes registros y arrestara al entonces director de la empresa, Emilio Pérez, que quedó en libertad con una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la empresa.
Según se desprende de algunos de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), Aido quiso ocultar al Servicio Valenciano de Empleo (Servef) un contrato de cursos de formación que le subvencionó, al tiempo que ordenó a mercantiles, a través de diferentes correos electrónicos, modificar facturas y conceptos para justificar ayudas.
En concreto, entre la documentación examinada por la Udef se encontraban unos correos referentes a los cursos de formación que, subvencionados por el Servef, también se impartían en la sede de Aido. En uno de estos correos figuraba un contrato entre Aido y otra mercantil en el que se podía leer, anotado a mano, "no enseñar al auditor del Servef".
Se trataba de un contrato por el que Aido se comprometía a impartir los cursos de formación subvencionados a otra entidad en el marco del Plan de Formación Profesional dirigido a trabajadores ocupados del sector de Producción Audiovisual.
Así mismo, la Udef constató del contenido de otros correos, mucho menores en cantidad respecto a los relacionados con proyectos de investigación, prácticas similares a otras justificaciones de subvenciones llevadas a cabo en Aido.
Junto a ello, también se "reconstruyeron" diversas facturas de varias empresas relacionadas con un proyecto de una mercantil y de Aido, así como albaranes de varias entidades de los que no constaba relación alguna con algún proyecto de investigación en concreto.
