Montaje: GUILLERMO R. GILVALÈNCIA. El número de personas que solicitan voluntariamente que se les impida el acceso a cualquier modalidad de juego online, como las apuestas deportivas o los bingos en Internet, superó en la Comunitat Valenciana las 5.500 en 2022, una cifra que supone un incremento superior al 50% en solo dos años, cuando la parálisis derivada de la pandemia redujo por primera vez las cantidades anuales de dinero destinadas a eventos deportivos mientras crecían los montantes jugados al póquer o a los casinos en línea.
Así se desprende de los datos sobre el sector del juego online que elabora cada año el Ministerio de Consumo, que reflejan también cómo el dinero invertido por los jugadores en las apuestas por Internet saltó de los 7.035 millones en 2020 a los 11.065 millones del año siguiente. En este contexto, posterior a los meses más intensos de la covid-19, la valenciana se sitúa como la segunda región del país donde más han crecido las solicitudes de veto al juego en Internet en los últimos dos ejercicios disponibles solo por detrás de Baleares, según reflejan las cifras del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) recientemente actualizadas por Consumo.
Este listado, al que se inscriben quienes desean que se les prohíba el acceso a cualquier clase de juego online por tiempo indefinido, es de obligada consulta para las empresas operadoras antes de permitir a un jugador la entrada a su servicio, y su incumplimiento está sancionado por el Ministerio. De hecho, en el segundo semestre de 2022 cuatro compañías recibieron multas de entre 125.000 y 160.000 euros por “permitir jugar a personas que se han autoexcluido en el RGIAJ o incumplir requisitos técnicos”, según informó Consumo el pasado mes de abril.
En el caso valenciano, solo en el último año se contabilizaron más de 1.600 nuevas altas en este registro, una cifra que superó con creces a las bajas notificadas en el mismo periodo y que condujo al mayor incremento en el número de personas activas inscritas desde 2012, cuando se inicia la serie estadística. De este modo, la valenciana es en términos globales la quinta región donde más jugadores han pedido que se les excluya del juego online tras Andalucía, Madrid, Aragón y Cataluña. No obstante, y dado el elevado crecimiento de las autoprohibiciones en la Comunitat, la diferencia con Cataluña, la cuarta autonomía con más inscripciones, se ha reducido a alrededor de 600 peticiones, el mínimo desde hace más de una década.
Los datos del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, de carácter estatal, contrastan además con los números que arroja el Registro de Prohibidos de la Comunitat Valenciana, que gestiona los vetos en el acceso a locales presenciales de bingo, casinos, recintos y salas de apuestas o salones de juego. Sus últimas cifras contabilizan 918 nuevas inscripciones de personas durante 2021, el último ejercicio disponible, un número muy similar a las 919 de 2019, el año anterior a la pandemia. Sin embargo, en el registro nacional las solicitudes recibidas para el juego online fueron en torno a 1.190 en 2021 por las cerca de 815 de dos años atrás, lo que arroja un incremento notable.
Las cifras van en consonancia con el auge de las nuevas modalidades de juego en Internet, que tienen mucha más incidencia entre los jóvenes, en detrimento de las formas más tradicionales. Según el último informe del Ministerio de Consumo sobre el perfil del jugador online, cerca de un 65% del millón y medio de jugadores habituales tiene menos de 35 años, y la mayoría de ellos se decanta por las casas de apuestas para jugar. Este factor, de hecho, podría ser uno de los que explique por qué el jugador inscrito en el RGIAJ se ha rejuvenecido con el paso de los años.
De esta manera, y por primera vez desde hace más de una década, en 2022 una de cada cuatro personas que habían pedido que se les prohibiera acceder a modalidades de juegos online tenían menos de 25 años, una proporción que ha ido creciendo paulatinamente desde el 12% del total de inscritos que se registraba hace once años. Esta es una tendencia que ya se apreciaba antes de la pandemia, puesto que expertos y trabajadores de centros para la prevención de personas afectadas por el juego patológico ya apuntaban que era cada vez más frecuente que quienes acudían en busca de ayuda lo hicieran acompañados por sus padres en lugar de por su pareja.
También es relevante que un 33% de las personas inscritas en el RGIAJ tengan entre 26 y 35 años, mientras que es solo en las franjas de edad que se ubican más allá de los 46 años cuando las cifras de registros empiezan a mostrar un claro retroceso. Hoy en día, así pues, solo un 2% de quienes han pedido un veto del juego online están en edad de jubilación. Al mismo tiempo, otro 4% tiene entre 56 y 65 años y un 11% es mayor de 46 años y menor de 55.
Además, el perfil de las personas que solicitan que se les prohíba acceder al juego por Internet está cada vez más masculinizado. En el inicio de la serie estadística, en 2012, en torno a un 25% de los jugadores inscritos eran mujeres, mientras que desde 2020, en cambio, al menos nueve de cada diez son hombres.
Del mismo modo, la edad de quienes solicitan que se les reincorpore de nuevo en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego una vez se han dado de baja también se ha reducido con el paso de los años. En 2012, solo un 3% de las personas reincidentes tenían menos de 25 años, mientras que según los últimos datos del Ministerio de Consumo, ahora el porcentaje ha crecido hasta situarse en el 14%.
A su vez, un 36% del total de jugadores que pidieron por segunda vez la inscripción en el RGIAJ tenían entre 26 y 35 años, mientras que hace más de una década suponían solo el 11%. Como sucede con los datos de nuevas inscripciones, son las franjas de edad más altas las que muestran los mayores retrocesos. En 2012, tanto quienes tenían entre 46 y 55 años como las personas de entre 56 y 65 años representaban un 24% de las solicitudes reincidentes. Ahora, por el contrario, son respectivamente 13% y el 5% del total.
