VALENCIA. El sintagma 'Gobierno en funciones', como si de un cartel de 'fuera de servicio' se tratase, lleva meses sirviendo de argumento al Ejecutivo central para no abordar una serie de tareas pendientes en la Comunitat. Cuestiones nucleares para la autonomía como la reforma de la financiación autonómica o el nivel de su objetivo de déficit se han encontrado con este muro de contención, una excusa que por fin ha sido derribada. El siguiente artículo trata de ser un compendio de aspectos que ya pueden resolverse en la región con la formación del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy:
Reformar el sistema de financiación
La reforma del sistema de financiación es, sin duda, la madre del cordero. El principal caballo de batalla del Consell, el de lograr una financiación justa para la autonomía, se ha topado desde el principio con el problema de la interinidad del Gobierno central, que ha tirado de este argumento para no afrontar esta cuestión. Ya ocurrió durante el segundo semestre de 2015, cuando el Ejecutivo central se encontraba en la recta final de su mandato con la mirada fija en las elecciones de diciembre. Pero tras los comicios nada cambió. Llegó el prolongado periodo transcurrido 'en funciones' mientras PP y PSOE trataban de sumar los apoyos necesarios para llegar a la Moncloa. Tal escenario fue la excusa perfecta para posponer tamaña reforma, todo a pesar de que incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoce el agravio hacia la Comunitat.
La reacción de la Generalitat a esta 'no reforma' de la financiación autonómica ha sido presentar dos presupuestos consecutivos -los de 2016 y los de 2017- en los que, reacia a contar con una financiación inferior a la que le corresponde, incluye una "partida reivindicativa" de ingresos ficticios. En el presente ejercicio tal estrategia ha resultado estéril y ha obligado al Consell a reformular el presupuesto incluyendo recortes, un precedente que amenaza con repetirse el año que viene. Está por ver si el Gobierno Central está dispuesto o no a resolver este complejo problema en la legislatura que ahora comienza.
Elevar el techo de déficit
El Gobierno también alegó que se encontraba en funciones para congelar el objetivo de déficit de las autonomías en el 0,3% del PIB, todo pese a haber aprobado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de abril, su elevación al 0,7%. Esta diferencia, en el caso de la Comunitat, se traduce en contar con 400 millones de euros más de financiación vía FLA que no han llegado. La Generalitat sostiene que el Ejecutivo puede aprobarlo pese a su interinidad y considera su argumento una excusa.
La situación, sin embargo, estaba en vías de solución. Finalmente el Gobierno de España pasó la pelota al Congreso de los Diputados para que fuera la Cámara Baja la que autorizara el incremento del déficit. Pero en mitad de este proceso Rajoy ha conseguido formar gobierno y ahora basta con un acuerdo en el próximo Consejo de Ministros para desbloquear esta cuestión.
Liberalizar el AVE a la Comunitat
Otro asunto bloqueado por la llegada de las elecciones de diciembre fue la liberalización del transporte de pasajeros, en concreto la explotación del AVE entre Madrid y la Comunitat -línea escogida por el Gobierno para iniciar la introducción de una empresa privada en el mercado para competir con Renfe-. Desde el entonces Ministerio de Fomento de Ana Pastor -hoy presidenta del Congreso- se aseguró en repetidas ocasiones a lo largo de 2015 que el pliego de condiciones del contrato estaba apunto de publicarse. La intención era adjudicarlo en aquella legislatura.
Nada más lejos de la realidad. El proceso, que ya suscitaba polémica por sus condiciones -los potenciales adjudicatarios no lo veían rentable y pedían una rebaja de los cánones así como la fijación del precio para alquilar a Renfe el material rodante-, ha permanecido en un cajón durante todo 2016. Está por ver si ahora el Gobierno recupera o no esta iniciativa y si, en caso de hacerlo, logra sacarla adelante en el Congreso, donde ya no disfruta de mayoría absoluta.
Nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. Foto: EFE
Poner fin al monipolio de la estiba
La parálisis ejecutiva ha servido de argumento hasta para incumplir la ley. Es el caso del régimen de monopolio del que disfrutan los estibadores en los puertos españoles, un colectivo, el encargado de la carga y descarga de buques, que goza de exclusividad en su trabajo -es decir, que sólo ellos pueden ejercer esta labor-. Tal escenario -que se ha traducido con el paso de los años en sueldos desorbitados entre los empleados y elevados costes de manipulación que menguan la competitividad de recintos como el de Valencia- fue tumbado en diciembre de 2014 por una dura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un texto de obligado cumplimiento para el Estado.
Sin embargo, el dictamen va camino de cumplir dos años sin aplicarse en el país. Puertos del Estado inició el complejo proceso para adaptar la legislación a la exigencia de Europa, pero la siempre difícil negociación con el colectivo -capaz de detener la economía del país si se lo propone- alargó esta cuestión hasta la campaña electoral, cuando el Gobierno perdió definitivamente las ganas de abordarla. Con el Gobierno en funciones ha sido más de lo mismo. La Comisión Europea ha comunicado a las empresas que ya no tienen por qué respetar la exclusividad del colectivo y ha alertado al Estado de que va a empezar a aplicarle la multa prevista si no aplica la sentencia. El Gobierno trató de frenar esta sanción con el argumento que estaba en funciones, una excusa que ahora acaba de perder.
Asumir la deuda de la Marina Real
Otro de los problemas a resolver por el ‘nuevo’ Gobierno son los 460 millones de euros de deuda del Consorcio 2007, gestor de la Marina Real, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ésta es fruto de la Copa América, y desde las instituciones valencianas se ha apelado de forma constante a su condonación por parte del Estado ya que el Gobierno si que financió las Olimpiadas de Barcelona o la Expo de Sevilla.
En la última reunión de los portavoces Manolo Mata (PSPV) y Fran Ferri (Compromís) con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, éste admitió que su ministerio se encuentra buscando una fórmula para asumir la deuda. No obstante, el responsable del Gobierno recalcó que el problema de aumento de deuda que implicaría para el Estado, constituiría un escollo difícil de 'vender' en Europa. No obstante, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha aludido en alguna ocasión al Gobierno en funciones para no determinar una solución.
Acometer la reforma educativa
La renovación de Iñigo Méndez de Vigo como Ministro de Educación, y ahora también portavoz del Gobierno, amenaza con tensar las relaciones entre el Ejecutivo estatal y autonómico. Ambos mantienen visiones totalmente antagónicas sobre la reforma educativa, hasta la fecha congelada por la permanencia en funciones. Ahora ha llegado la hora de acometer la implantación total de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), herencia recibida del anterior ministro José Ignacio Wert, y rechazada frontalmente por la izquierda. Méndez de Vigo tratará de consolidarla, pero con suavidad. Ha empezado mencionado las palabras mágicas: "Gran pacto de Estado por la educación".
Cabe recordar que las comunidades socialistas -entre ellas la valenciana- se organizaron durante el curso pasado para ‘boicotear’ la celebración de las reválidas de Primaria. Este año la principal batalla se librará en Bachiller. Si bien el Gobierno ya indicó que las pruebas no tendrán “efectos académicos” y solo será necesario superarlas si se quiere acceder a la Universidad, el Consell también ha anunciado la interposición de un recurso contra el Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las características generales de estos exámenes.
Financiar el transporte metropolitano
La formación del nuevo Gobierno de Rajoy también desatasca la solución a la financiación estatal del transporte metropolitano de Valencia. El Consell reclama 38 millones de euros para 2017 al considerar que la capital del Turia ya reúne las mismas condiciones que Madrid y Barcelona para acceder estos fondos. Sin embargo, según traslada la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda replicó al respecto que no podía incluir esta aportación al encontrarse en funciones. Formado ahora el Gobierno, el Ejecutivo se ha quedado sin su principal argumento para negar estos fondos a la autonomía. Cabe recordar que Les Corts aprobaron una PNL -con los votos a favor del PP- reclamando esta aportación por parte del Estado.
Mariano Rajoy. Foto: EVA MÁÑEZ
