Hoy es 14 de agosto
MADRID (EP).La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, se muestra decepcionada con lo destinado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 a Justicia, que contará con 2.291 millones de euros, 7 millones más (un 0,3%) que este año. Y baraja como posibilidad convocar paros si el Gobierno no se sienta a negociar una revisión de los sueldos de la carrera.
En una entrevista con Europa Press, la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales critica que las próximas cuentas públicas dan idea de la "nula importancia" que el Gobierno le da a tener una Administración de Justicia "moderna, eficaz y rápida".
No se entiende, a su juicio, que la subida presupuestaria para Justicia sea esa "cuando hay ministerios como el de Igualdad, por ejemplo, que incrementa con mucho el presupuesto del año anterior". En concreto, hay una subida del 9,3% en los PGE para el departamento de Irene Montero, que pasará a disponer de 564 millones, 48 más.
Dexeus considera que con estos Presupuestos el Ejecutivo no refleja una visión de futuro y no presta la atención suficiente al déficit de personal, un problema "endémico" en la carrera fiscal: "Lejos de corregirse o hacer un verdadero estudio de necesidades se contenta con ofrecer como mucho 200 plazas para jueces y fiscales".
La AF también se pregunta cuándo se abordará una revisión salarial al alza, después de que la semana pasada las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales firmaran un comunicado conjunto de queja ante la desconvocatoria por el Gobierno, y sin una nueva fecha, de la 'mesa de retribuciones' prevista para este mes.
Dexeus explica que hay una ley de retribuciones del año 2003 que obliga a los ministerios de Justicia y Hacienda a convocar la mesa salarial cada cinco años, un plazo que se ha ido "sistemáticamente incumpliendo" --lleva sin reunirse desde 2008-- sin tener en cuenta los recortes salariales "muy relevantes" producidos en 2011.
Y en caso de que la negociación siga sin producirse, cree "prematuro" hablar acciones legales, aunque las siete asociaciones de jueces y fiscales lo plantearon como una posibilidad, pero señala que "también" se podrían llevar a cabo huelgas o paros como los que hicieron a los exministros Rafael Catalá o Dolores Delgado.
E incide en mejorar los servicios de guardia o establecer complementos para que los fiscales quieran quedarse en lugares como Ibiza o Mallorca, donde el sueldo "no les permite tener una vivienda adecuada en alquiler, que son tremendamente elevados". O en Cataluña, que suele ser un "destino de primera opción cuando sales de la carrera, pero no de asentamiento". "La gente está un par de años y luego marcha a otras partes, con lo cual la plantilla es inestable, joven y no existe un arraigo", describe Dexeus.
Pasando a lo que concierne específicamente a la Fiscalía General, la presidenta de la AF tacha de continuista el mandato del nuevo jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, que en septiembre asumió el cargo tras la dimisión de su predecesora, Dolores Delgado.
A Dexeus no le sorprende la senda tomada por Álvaro García, que fue la 'mano derecha' de Delgado como jefe de la Secretaría Técnica y, "en principio, seleccionado por ella para que tomara su relevo".
Del mes que lleva García Ortiz como fiscal general del Estado, desde la AF echan en falta consenso en los nombramientos que ha efectuado en el Consejo Fiscal, como el ascenso de Delgado a fiscal jefe de la Sala Militar del Tribunal Supremo, o el de Manuel Moix, elegido como promotor de la acción disciplinaria de la Fiscalía.
Las votaciones del Consejo Fiscal no son aquí vinculantes, por lo que la Asociación de Fiscales apuesta por reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para que haya "menos imposición" del fiscal general y "mayor valoración" de las mayorías, que tras las últimas elecciones posee la AF, al tener la mitad de los 12 vocales.
Dexeus asegura que el Estatuto de la Fiscalía está "desfasado" en muchos aspectos, al tiempo que aboga por incluir que el fiscal general del Estado no esté sujeto a directrices políticas, por ejemplo fijando que su mandato será de "cinco años" y que entre las causas del cese no esté la salida del Gobierno que lo designó, una de las recomendaciones que la Unión Europea ha hecho a España.
Llama a acabar con las "puertas giratorias", para que no pueda ser fiscal general quien ha ocupado cargos políticos de relevancia en el Gobierno central o en el de una comunidad autónoma, o que cuando cese no pueda volver a la política en un tiempo determinado.
"Sería un paso que algún partido llevara esto el año que viene en su programa electoral, pero dudo mucho que luego cumplan", expresa, no sin antes reclamar un presupuesto propio para la Fiscalía que le dé "autonomía" respecto a las "injerencias del poder político".
Preguntada por la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Dexeus afirma que es "lamentable" que no se adopten medidas como las anteriores y el Gobierno se interese por la Justicia para "nombrar" el órgano de los jueces o cargos del Tribunal Constitucional.
Espera, "ojalá", que los partidos políticos sean "sensatos" para que haya un acuerdo del que salgan los "mejores" nombres, "los más profesionales y adecuados para asumir las funciones de vocales", para trabajar "ya" en la reforma del sistema de elección y que sean los propios jueces quienes elijan a los de extracción judicial.
Dexeus lamenta que se hable "siempre o constantemente" de la Justicia a los "solos efectos" de la renovación del CGPJ, que lleva casi cuatro años con el mandato caducado. "Mientras se habla de eso se deja de hablar de otras cosas mucho más relevantes, como es la falta de medios y voluntad para hacer un estudio riguroso con visión de futuro de lo que pretendemos que sea la Administración", agrega.
La AF considera que los fiscales no pueden funcionar a golpe de noticia, al ser preguntada por casos como el vídeo que se hizo viral por los gritos sexistas en el colegio mayor Elías Ahuja, que ha motivado que la Fiscalía Provincial de Madrid haya abierto una investigación.
Desde la asociación transmiten su respeto por el trabajo de todos los fiscales, si bien precisan que "a la par que se produjo ese supuesto en un Colegio Mayor, también, en las universidades catalanas, se produjeron determinados actos en contra de estudiantes que estaban manifestándose a favor del bilingüismo en Cataluña".
"Siempre surgen polémicas frente a las que como fiscales debemos actuar con rigor y seriedad, más allá o al margen de la polémica y del ruido mediático que el hecho haya suscitado", hace hincapié.
Más dinero, independencia y "rigor" son los ingredientes que anhela Dexeus, en resumidas cuentas, para sobreponerse a la sobrecarga de trabajo y a los intereses políticos en la Justicia