Alcaraz desvinculará al Consejo de Transparencia de su conselleria

VALÈNCIA. Con la vista puesta en el próximo informe que el órgano presentará, a priori, en mayo de 2018, el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha adquirido el compromiso de desvincular orgánicamente el Consejo de Transparencia de su conselleria. Una reivindicación que el organismo que debe fiscalizar al Gobierno valenciano lleva reiterando cada año en sus informes desde su nacimiento hace ya casi tres años.

Así, en el último seminari de Govern celebrado en Vinarós y Benicarló, el conseller de Transparencia plasmó entre sus objetivos "cambiar la naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia para dotarlo de autonomía orgánica (además de funcional) y garantizar su total independencia". Un deber asumido para los próximos seis meses. 

Sin embargo, esta acción se encuentra enmarcada dentro de otro objetivo mayor -y más costoso de acometer-: la elaboración de la ley de Gobierno Abierto. Una norma que sustituiría la actual ley de Transparencia aprobada en 2015 y que fue impulsada por el Gobierno popular de Alberto Fabra. En este sentido, cabe recordar que los trámites burocráticos conllevan que desde que se esboza una ley hasta que se aprueba y entra en vigor transcurren una media de 405 días. 

El órgano que en la actualidad preside Ricardo García Macho y cuya composición fue elegida por Les Corts -cada grupo parlamentario designó a un candidato- ha puesto en entredicho en numerosas ocasiones el "sentido" de que un órgano que debe fiscalizar a las consellerias, dependa de una de ellas -Transparencia-. Pero no solo eso, incluso el propio Consejo está ubicado en el edificio de La Cigüeña, actual sede del departamento de Alcaraz. 

En el informe de 15 páginas que el Consejo entregó en mayo de 2017 al president de Les Corts, Enric Morera, no solo incluyeron los niveles de transparencia de los portales municipales de las tres capitales de provincia de la Comunitat o la cantidad de resoluciones y expedientes resueltos, también demandaron expresamente una reforma "en profundidad" de la ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno para convertirse en un órgano estatutario o, en su defecto, en una administración independiente. Una petición que ahora será atendida.