Toni Pérez y Agustín Navarro en una imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESBENIDORM. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delitos en los hechos que denunció a finales de 2019 la Agencia Valenciana Antifraude, que señaló a los responsables del Ayuntamiento de Benidorm y de la Dirección General de Costas en los últimos diez años por su actuación -más bien, su falta de actuación- en relación con el restaurante de la Isla de Benidorm, que viene funcionando sin licencia desde hace cinco décadas. La responsabilidad penal, si la hubiera, se limitaría a diez años, que es el plazo de prescripción del delito de prevaricación.
Es por esto que la denuncia apuntaba directamente al actual alcalde del PP, Toni Pérez, en el cargo desde 2015, y al socialista Agustín Navarro, cuyo mandato fue desde el 2009 al 2015.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción dio traslado de la causa a los juzgados de Benidorm para iniciar la instrucción penal del caso.
La denuncia que presentó la institución que dirige Joan Llinares se basaba en la presunta inacción en primer lugar del Ayuntamiento de Benidorm en una competencia municipal , como es el control de las actividades mediante licencias. Los responsables serían los alcaldes y los concejales encargados de las áreas competentes. Entre las pruebas aportadas, como evidencia de que conocía la actividad ilegal, figura el cobro de una tasa municipal al restaurante y el intento, ante el Gobierno central y la Generalitat, de legalizar una actividad que el Consistorio no podía legalizar por estar en zona de dominio público marítimo-terrestre.
La responsable de esta zona marítimo-terrestre es la Dirección General de Costas -en la actualidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- y la denuncia también se dirige contra sus responsables en estos últimos años por su tolerancia ante una actividad que, según la denuncia, no podían desconocer dado su tamaño y relevancia. Precisamente, esta inacción acabó cuando la Agencia Antifraude inició su investigación y pidió a este departamento ministerial información sobre sus actuaciones en relación con el restaurante.
El bar lleva funcionando desde los años 60. Sus propietarios han defendido en más de una ocasión que tienen un permiso concedido hace años y dicen haber pagado al Consistorio algunas tasas por tener abierto el local. Estos pagos están incluso registrados en el propio Ayuntamiento.
Sobre el bar pesa una orden de derribo, que el propio Ayuntamiento ha conseguido paralizar presentando un proyecto para echar abajo parte de la estructura y que pase a ser un centro de interpretación del medio ambiente.
